En la primera quincena de abril de 1975, el grupo parapolicial de la ultraderecha peronista conocido como Concentración Nacional Universitaria cometió en La Plata una cadena de secuestros y asesinatos que aún siguen impunes.
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Se animaron a romper con el mandato familiar de silencio y pudieron ir asumiendo, aun con...
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En una reunión secreta con la presencia de Juan Domingo Perón, el entonces presidente provisional Raúl Lastiri, José López Rega y altos funcionarios del gobierno peronista, el 1° de octubre de 1973 se dio la orden que marcaría el inicio del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976.
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Familiares y abogados querellantes anunciaron la presentación de un recurso ante la Cámara de Casación apelando la absolución “por el beneficio de la duda” del asesino de la CNU Juan José Pomares (a) Pipi.
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Terrorismo de Estado antes del golpe. El 12 de febrero de 1976, la Concentración Nacional Universitaria mató a un gremialista que molestaba al gobernador bonaerense Victorio Calabró. Más de cuatro décadas después, hay un solo condenado. Del resto de los asesinos, algunos han muerto y otros jamás fueron requeridos por la Justicia.
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A pesar de su participación orgánica en el aparato del Estado terrorista durante la última dictadura, los sucesivos gobiernos democráticos trataron de preservar la imagen de la Gendarmería para utilizarla como la fuerza represiva por excelencia.
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En esta segunda parte de la charla con Socompa, el educador recuerda la experiencia del trabajo conjunto con Guillermo Saccomano para el libro Un maestro –escrito a dos voces-, que relata su vida y el compromiso presente de dar testimonio como estrategia del sobreviviente.
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Dos grupos parapoliciales, separados por más de cuarenta años y un mismo modus operandi, la quema de viviendas. En ese entonces en La Plata, hoy en el territorio mapuche. Aquello fue el preámbulo del Terrorismo de Estado, ahora el gobierno busca incorporar al ejército a la represión con el aval más que explícito de Pichetto.
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Supuestos guerrilleros mapuches y células anarquistas, hechos de violencia de “falsa bandera”, criminalización de la protesta, instalación del fantasma del terrorismo internacional y del narcotráfico en el discurso de todos sus voceros. Todo sirve para justificar ante la opinión pública una planificada escalada de violencia gubernamental que recuerda algunas prácticas del terrorismo de Estado previo al golpe de 1976.
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