Desde apenas el 13% de las superficies cultivadas –no precisamente las sojeras- se produce la mayoría de los alimentos frescos que llegan a nuestras mesas. Se trata de modelos de agricultura alternativos a los que tienen enorme representación mediática y que no reciben respuestas ni políticas gubernamentales. En épocas de inflación y cuando solo 20 empresas concentran el 74% de las ventas de alimentos, pierden los que menos tienen.
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Mientras la inflación vuela, la retracción de precios no termina de llegar y el gobierno convoca al Consejo Económico y Social, el programa económico procura transitar entre las acuciantes necesidades de la mesa de los argentinos y la exigencias del tándem que integran la Mesa de Enlace y el sector agroindustrial. Un repaso a la inflación local e importada, los últimos datos sobre pobreza y una evidencia que alarma: los nuevos pobres trabajan.
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Las ganancias brutas de Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata se incrementaron un 112 por ciento en el bienio 2020-2021. Según los autores, el oligopolio alimenticio argentino traduce en precios la ganancia que proyecta. Dicho de otra forma: sintetizan en el valor de mercado las aspiraciones de rentabilidad que luego concretan. Para combatir la inflación proponen un triple movimiento: congelar primero, redistribuir vía salarios y salir luego de manera administrada.
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Si las tierras, los trabajadores, los ríos y el suelo son argentinos, ¿por qué estamos obligados a pagar precios internacionales cuando los costos son locales? Según el autor, el motivo se esconde en el objetivo central del acuerdo con el FMI: aumentar los saldos exportables a como dé lugar y sumar reservas para pagar la deuda. En otras palabras, primero exportar y después vender al mercado interno, pero al mismo precio que el internacional.
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No habrá empresa nacional de alimentos. Tampoco una decidida suba de los derechos de exportación para desenganchar los precios internos de los internacionales. La mesa de los argentinos seguirá importando inflación. Tal vez algo menos. Una situación acuciante por motivos más locales que internacionales, y que todavía no refleja el impacto total de la guerra entre Rusia y Ucrania.
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El gobierno más o menos esbozó la idea de una iniciativa estatal para facilitar la relación entre consumidores y productores y abaratar los costos de los alimentos. Los buenos colegas de la web AgendAR cazaron la idea al vuelo y la sometieron a un primer examen, con temor a que “maten al bebé en la cuna”.
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Debatiéndose entre los nervios que les genera la inflación y el miedo a la deflación, los responsables de las políticas están adoptando el criterio, posiblemente costoso, de esperar antes de actuar.
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Desde el inicio de la pandemia hasta junio pasado, la economía se expandió casi un 18 por ciento. En ese mismo lapso, el margen empresario creció 39 puntos porcentuales. La consecuencia: empeoró la distribución del ingreso. La recuperación secuestrada por un puñado de grandes empresas y un vistazo a los últimos datos del Indec sobre el excedente bruto de explotación.
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La negociación con el FMI y el Club de París divide aguas en el oficialismo. Tanto como la forma de encarar el shock externo que dispara el precio de los alimentos y erosiona el objetivo central del gobierno: recomponer el salario para dinamizar el consumo interno. Un vistazo a las condiciones de posibilidad para escapar a la encerrona actual.
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La constante devaluación de la moneda nacional no solo dispara los precios, multiplica la pobreza, engorda los bolsillos de especuladores varios y permite a las grandes empresas apropiarse de la mayor productividad. También profundiza la reprimarización y debilita el mercado interno. Lo que está en juego: la capacidad del Estado para disciplinar a la cúpula empresarial.
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No tenía razón Heráclito con eso de que nunca nos encanutamos en la misma fase.