Mientras la inflación vuela, la retracción de precios no termina de llegar y el gobierno convoca al Consejo Económico y Social, el programa económico procura transitar entre las acuciantes necesidades de la mesa de los argentinos y la exigencias del tándem que integran la Mesa de Enlace y el sector agroindustrial. Un repaso a la inflación local e importada, los últimos datos sobre pobreza y una evidencia que alarma: los nuevos pobres trabajan.
Sobre llovido, mojado. Es claro, la Argentina importa inflación. La coyuntura mundial suma desafíos a los problemas locales. Los datos son contundentes. Los precios globales de los alimentos y la energía vuelan. En marzo, la inflación marcó nuevos récords. En Alemania trepó al 7,3 por ciento anual y se constituyó en el mayor registro desde la reunificación del país. En España se disparó al 9,8 por ciento, el nivel más alto desde 1985. Estados Unidos no se queda atrás. Alcanzó casi el 8 por ciento, el peor nivel desde 1982.
En la Argentina, la dinámica global cabalga sobre una inercia inflacionaria que se ubica ya en torno al 50 por ciento anual y un escenario distributivo que, aunque mejoró entre los segundos trimestres de 2020 y 2021, sigue siendo tremendamente injusto. Que la pobreza haya descendido en el período del 42 al 37,3 por ciento es importante. Tanto como que la indigencia haya retrocedido del 10,5 al 8,2 por ciento. La foto, sin embargo, es engañosa. A fines de 2017 -con el Indec ya regularizado-, la pobreza era del 25,7 por ciento y la indigencia del 4,8 por ciento.
Si se pone la pandemia entre paréntesis, la comparación es pertinente. Habla de una proceso estructural. ¿La razón? Los cierres de 2017 y 2021 arrojaron niveles de desocupación muy similares: 7,2 contra el 7 por ciento. Lo mismo la subocupación: 10,2 versus 12 por ciento. La dinámica pone de relieve el fuerte deterioro del ingreso. En pocas palabras: a igual o casi igual desocupación, más pobreza. Conclusión: Los nuevos pobres trabajan. Antes eran desocupados.
¿Qué se puede esperar a futuro? Los analistas señalan que en el frente externo no habrá cambios importantes. Todas las consultoras dan por descontado que los beneficios derivados de la suba de las commodities se cancelarán por el mayor costo de las importaciones de energía, en especial durante el invierno que se avecina. La exportaciones sumarían unos 6 mil millones de dólares adicionales por los precios de la soja, el maíz, el trigo y sus derivados, que se ubican entre un 20 y un 30 por ciento por encima de los promedios del año pasado.
Solo para tener una idea. Las compras de los 9 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) licitadas en el primer trimestre de este año sumaron unos 825 millones de dólares. Equivale al 75 por ciento de lo desembolsado durante todo 2021. En síntesis, lo que suman las exportaciones se lo llevarán las mayores compras de GNL por los bajos niveles hídricos de las cuentas del Río de la Plata y la neuquina, situación que afecta a las centrales hidroeléctricas. Esto en un escenario en el que el GNL pasó de 9 a 30 dólares por millón de BTU. También se encarecieron el gasoil y fueloil.
Para el gobierno se traduce no solo en un problema económico. También es un problema político por la fuerte dependencia de los dólares que genera el sector agroindustrial, divisas imprescindibles para asegurar las importaciones que exigen las centrales térmicas. Sin los dólares necesarios habrá interrupciones del suministro a la industria. Las paradas, va de suyo, impactarán en el nivel de actividad. Solo un par más de datos contextuales. Surgen del Índice de Precios Mayorista del Indec. En febrero, los precios de los bienes importados sumaron un avance interanual del 35,5 por ciento y la energía una suba del 60,8 por ciento en el mismo período.
Administrar semejante escenario es un desafío inquietante. Por lo pronto abundan los perdedores. También hay ganadores. Son un puñado. La fuerte reactivación que se tradujo en una recuperación del PBI del 10,3 por ciento en 2021 mejoró las ganancias brutas del oligopolio productor de alimentos. Lo confirman sus balances. Las de Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata, por caso, se incrementaron un 112 por ciento en el bienio 2020-2021, según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano (Ver: Precios, la salvaguarda de la ganancia empresarial).
La reactivación, además, es heterogénea y la evolución de los precios -vía recomposición de ganancias- le puso un límite muy concreto al salario real. Para no ir más lejos. Los salarios promediaron una suba del 3,8 por ciento en enero y perdieron contra la inflación por segundo mes consecutivo. Con este resultado, y siempre según la información oficial, acumularon una suba interanual del 54,1 por ciento. Apenas por encima del Índice de Precios al Consumidor del Indec, que en el mismo lapso ascendió al 50,7 por ciento. La dinámica del primer trimestre amenaza con devorarse la escasa mejora de la distribución del ingreso que trajo la recuperación en la pospandemia.
Ya lo anticipó Ricardo Feletti. El resultado de marzo será alto. Ninguna novedad. El índice de precios sumaría un avance del orden del 14 por ciento solo en el primer trimestre. Consolidará así un escenario más regresivo. No solo eso. Como señala el último Resumen de Coyuntura del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), “el alza relativa de los precios frente a los ingresos puede pasar de un problema distributivo a uno productivo si reduce los niveles de consumo y, de esa manera, pone en riesgo el propio proceso de recuperación de la actividad económica”.
El IPS-Ceso, que monitorea los precios en las góndolas de los supermercados, registró una variación semanal del 2,2 por ciento entre el 7 y 14 de marzo. “El valor más alto desde la corrida de precios con la que los empresarios recibieron a la nueva gestión en la Secretaría de Comercio”, señala con justeza el informe. Los mayores incrementos, los alimentos secos (7,7%) y frescos (6,3%). En el mientras tanto, la retracción de precios no termina de llegar, y si lo hace apenas amortiguará el impacto. Como advierte el informe: “Una parte significativa de los aumentos se terminará convalidando”.
En síntesis: si la escalada de precios sigue limando los ingresos, el aumento del consumo de los últimos meses se frenará y los indicadores sociales tenderán a empeorar. De allí que el gobierno se haya apresurado a confirmar la entrega de un bono para los jubilados con el objeto de compensar el desfasaje de los primeros meses del año y deslice que tiene en estudio medidas compensatorias por los empleados de los sectores público y privado; además de nuevas actualizaciones de la tarjeta alimentar y el Salario Mínimo Vital y Móvil, al que están enganchados los programas sociales.
Serán, en todo caso, apenas paliativos Nada presagia que haya cambios de fondo. El acuerdo con el FMI funciona como corset, más allá que desde el gobierno afirmen que no descartan utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para disciplinar a los formadores de precios, o se apresura a generar nuevas canastas a precios regulados. Suena a menos que una advertencia. En los hechos, la reacción de la Mesa de Enlace y de la agroindustria frente a la más que tibia modificación de las retenciones a los derivados de la soja -que pasaron del 31 al 33 por ciento para formar el fondo que intenta contener el precio interno del trigo- habla de las limitaciones políticas del oficialismo.
No son pocos los que dentro de la deshilachada coalición gobernante reclaman más dureza. Más contundencia en la administración del comercio exterior. In extremis, un programa intervencionista que emule los esquemas del IAPI y de las Juntas Nacionales. El objetivo: concentrar las ventas al exterior. Menos contundente, por ejemplo, suena la idea de modificar el esquema de liquidación de las exportaciones agropecuarias. Señalan que no requeriría aprobación legislativa [1]. Depende del Banco Central. Se trataría de establecer un tipo de cambio menor. ¿El problema? El Estado recaudaría menos. ¿El lado bueno? Reduciría los precios internos de los productos primarios.
Allí, una vez más, aparece no solo el corset político interno, sino también los límites que impone el acuerdo con el FMI. Nada de tipos de cambio diferenciales. Tampoco aumento de retenciones. Ni qué hablar de la creación de entes públicos para negociar las ventas exterior. No en vano, la Unión Industrial Argentina (UIA) colocó al frente de la entidad a Funes de Rioja, el álter ego de las productoras de alimentos.
“La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, que lo entronizó en la UIA, fue la encargada de insistir en el cuestionamiento de los programas de precios máximos incluso en el escenario más duro de la pandemia, mientras engordaba sus balances”, en palabras del Ceso. El dilema político del gobierno es evidente. El encarecimiento de los alimentos reduce su base de sustentación, espanta votos, especialmente en las periferias de los grandes centros urbanos. Tan patente como su temor a disparar un conflicto similar al de la Resolución 125. Puesto de otra forma. El dilema pasa por optar entre la Mesa de Enlace y sus socios agroindustriales, o bien por la mesa de los argentinos.
Algo es seguro. Si intentara esquivar el conflicto con las entidades ruralistas y el complejo exportador y decidiera un shock de ingresos sin subir las retenciones correría el riesgo de acelerar los precios. Una alternativa de patas cortas. Sería apostar a una mejora distributiva relegando la mentada “batalla contra la inflación”. Solo producirá mejoras nominales del ingreso en un contexto de aceleración inflacionaria que se alimenta también de los precios internacionales.
Las fronteras políticas e institucionales son más que evidentes. Se dijo en este mismo espacio, todo precio es político. Parece claro que si el gobierno no se arriesga a ampliar su margen de acción no habrá una agenda más distributiva. Sin embargo, podría haber una ventana. Pequeña por cierto. La señala el informe del Ceso. Por paradójico que parezca, la oportunidad podría llegar de la mano del acuerdo con el FMI. No hay duda que las metas trimestrales fijadas deberán renegociarse. En lo inmediato, el organismo ya habló de “esfuerzos adicionales”. Lo de siempre. Todo se reduce a saber quién pagará la factura.
La primera revisión será crucial. Quienes desde la propias filas del oficialismo pugnan por una modificación del rumbo económico hablan de aprovechar la revisión para avanzar con una “recalibración impositiva” que recaiga sobre la riqueza más concentrada y de una “readecuación de las retenciones” de cara a los nuevos precios internacionales. En el mientras tanto, el gobierno apuesta a transitar por el estrecho camino del medio sin desbordes sociales. Un equilibrio improbable entre la Mesa de Enlace y la Mesa de los argentinos.
[1] El incremento adicional de las retenciones tiene una limitación legal por no haberse aprobado el presupuesto que incluía la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para definir esta política.
