La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para el etiquetado frontal de alimentos, que establece el uso de octógonos negros y regula el marketing y la publicidad de productos comestibles. ¿En qué consiste la nueva norma que garantiza un avance en el derecho a una alimentación saludable? ¿Qué otras medidas son necesarias para una soberanía alimentaria?

Bajo un sol que llevaba la temperatura de una tarde de octubre a una máxima histórica de más de 35 grados, una diversidad de organizaciones de la sociedad civil se congregaban el pasado martes frente al Congreso para manifestarse a favor de iniciativas legislativas como la creación de un programa nacional de oncopediatría, garantizar los derechos de las personas en situación de calle, la despenalización del cannabis, el tratamiento de la ley de acceso a la tierra campesina y la aprobación de la ley de etiquetado frontal, que se estaba debatiendo puertas adentro junto con otros proyectos y que finalmente fue aprobada, casi a medianoche.

Tras 12 horas de debate, el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable recibió 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Es el resultado de varios años de trabajo por parte de organizaciones de la sociedad civil que también estuvieron presentes dentro del recinto para seguir el debate parlamentario.

“Celebramos la sanción de la ley por la que venimos empujando desde el año 2016. Es un paso en la dirección correcta porque viene a garantizar nuestros derechos humanos a la alimentación adecuada, a la salud y al acceso a la información pública”, celebró Marcos Filardi, abogado de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, un espacio que integra una red de 67 cátedras libres y colectivos afines en todo el país y que promueve la discusión pública sobre el modelo industrial dominante, la defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria.

La nueva ley establece la obligatoriedad de rotular los envases con un octágono negro que advierta cuando los productos contienen excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales, según el perfil nutricional establecido por la Organización Panamericana de la Salud, que establece a partir de cuándo se considera el exceso, según el porcentaje en el que ese nutriente crítico colabora en el valor calórico del alimento.

“En una bebida azucarada, el ciento por ciento de lo que aporta es azúcar, por eso siempre va a llevar el octógono de exceso de azúcares, aunque se disminuya la cantidad que le agregan. En un yogurt, en cambio, como es una matriz láctea que tiene grasas, proteínas y lactosa, el sistema descuenta eso y solo tiene en cuenta el azúcar añadido por la industria alimentaria, si es menor al diez por ciento de su valor calórico, no debería llevar sello”, explicó el nutricionista Ignacio Porras. La medida modificará el Código Alimentario Nacional, que actualmente es “incompleto”, según el especialista, ya que tiene una perspectiva comercial y bromatológica de prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos de carácter agudo, como intoxicaciones o diarreas, pero no de las crónicas, como podría ser la diabetes.

Además de los cuatro octógonos, la legislación establece la inclusión de dos leyendas precautorias, que se grafican con rectángulos: una deberá indicar si el producto contiene edulcorantes, y la otra si contiene cafeína, junto a la indicación de que no es recomendable, o bien que debe evitarse en niños y niñas, respectivamente.

“Habíamos sugerido una tercera leyenda precautoria sobre aditivos sensoriales”, dijo Porras, que es director de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, una entidad que surgió para asegurar un espacio científico de discusión libre de intereses que promueva un ejercicio honesto de la profesión. “El problema es cuando el aditivo que se agrega es un saborizante, colorante o texturizante que lo único que hace es vender ilusiones de alimentos que en verdad no son, mientras las frutas se terminan pudriendo debajo de los árboles porque no es rentable cosecharlas”, advirtió.

La ley también regula la publicidad y las estrategias de marketing. Por ejemplo, prohíbe el patrocinio o aval de sociedades científicas o asociaciones civiles de alimentos y bebidas que contengan al menos un sello negro, así como la inclusión de sorpresas, personajes famosos, animaciones o celebridades en productos destinados a niños, niñas y adolescentes. Tampoco se podrán ofrecer ni comercializar estos productos en entornos escolares y el Estado deberá priorizar las compras públicas de aquellos que no incluyan sellos negros. Asimismo, incluye medidas para promover la alimentación saludable en los colegios, como la enseñanza de contenidos mínimos de educación alimentaria y nutricional.

“El etiquetado frontal es la puerta de entrada hacia un paquete de medidas como la promoción de entornos escolares saludables, la prohibición de la publicidad de comida chatarra y otras políticas fiscales, que aplicadas de manera integral ayuden a prevenir el sobrepeso y la obesidad”, consideró Victoria Tiscornia, magíster en Nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón, una organización que trabajó durante casi seis años para que el proyecto se haga ley. “Celebramos este hecho histórico y agradecemos a los legisladores que hayan puesto estos intereses por sobre otros y por sobre las diferencias políticas”, destacó.

El modelo que establece la nueva norma es similar a los que ya han sido adoptados en otros países de la región como Chile, México y Uruguay. Otras opciones que se consideraron durante los debates, y que propusieron quienes se oponían al texto aprobado, fueron modelos adoptados en distintos países de Europa, como el NutriScore -que evalúa el valor nutricional general de un producto mediante una puntuación expresada con una letra y un color- y las guías de nutrientes. “El problema de estos sistemas es que no cumplen con el objetivo que busca esta ley, que es desalentar el consumo excesivo de los nutrientes críticos. La misma Organización Mundial de la Salud plantea que esto confunde al consumidor”, advirtió Tiscornia, quien destacó que el paquete de medidas aprobado “es el mejor estándar regional e internacional, y está recomendado por la OMS”.

En paralelo, algunos legisladores defendieron el modelo implementado en Brasil y dijeron que la medida podría impactar en las exportaciones de alimentos. En este caso, el país vecino “aprobó una forma de etiquetado frontal que no está sustentada por la evidencia científica, que fue atravesada por conflictos de interés y fueron más permeables a la industria de alimentos, por eso hay productos que no quedan etiquetados cuando siguen teniendo exceso de nutrientes críticos”, afirmó Porras, quien detalló que ese modelo tiene un sistema gráfico que incluye una lupa en un triángulo, que no está probado que cumpla la función de advertencia buscada.

Otro de los argumentos en contra que se escucharon durante el debate estuvo vinculado con la pobreza, la inflación y la crisis económica actual. Quienes se opusieron sostienen que la nueva normativa podría perjudicar a la industria y limitar el acceso a los alimentos por parte de las poblaciones más vulnerables. Por el contrario, “lo que busca esta medida es proteger a los grupos más desfavorecidos, que según las encuestas nacionales son los que tienen más prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestro país y el peor patrón de consumo”, aclaró Tiscornia, y agregó que el modelo sancionado busca que las poblaciones postergadas sigan recibiendo alimentos, pero de buena calidad nutricional. “Que no se siga perpetuando la cadena de malnutrición con productos que lo único que hacen es generar enfermedades no transmisibles”, dijo Tiscornia.

En cuanto a la dicotomía entre alimentación e industria, la especialista consideró que esos argumentos son “falsos” y recordó que en Chile, adonde la ley se implemento en 2016, se hicieron estudios para evaluar el impacto en la economía y se vio que el sistema no solo no se ha trasladado a los precios sino que tampoco ha afectado a los salarios, empleos, ni a la industria manufacturera en general.

“Esta ley es una puerta de entrada para que se pueda promover la alimentación sana y, de ese modo también, la producción de alimentos sanos en todo el país, rescatando la diversidad de las culturas alimentarias. Es una posibilidad económica para las economías regionales y locales, que además favorecerá el acceso de las poblaciones más desfavorecidas, que son las que más sufren el consumo de ultraprocesados”, dijo Gloria Sammartino, directora del Centro de Investigaciones sobre Problemáticas Alimentarias y Nutricionales e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ambas de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. “Hay gente que hace mucho sacrificio para ofrecerles a sus hijos productos como yogures, que cree que son sanos, y les están dando una bomba de azúcar y crema, gastando más de lo que pueden”, ejemplificó.

“Esta ley garantiza tres derechos fundamentales que están siendo vulnerados desde hace cinco décadas por la industria de alimentos: el derecho a la información por lo que comemos y la advertencia sobre el riesgo que eso nos genera en la salud; el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud propiamente dicho”, destacó Porras, y recordó que hace tres años la industria frenó el impuesto a las bebidas azucaradas y que, en este caso, también lo intentaron. “En breve volveremos a insistir con el impuesto a las bebidas azucaradas porque entendemos que es una forma de reparación de los sistemas alimentarios, y que el dinero que se recaude sirva para promover la producción y el consumo de alimentos frescos y saludables, que es lo que necesita la gente”, agregó Porras. En la Argentina, anualmente, se consumen 185 kilos de alimentos ultraprocesados por persona, y el 70 por ciento del azúcar y la sal que se consume provienen de esos productos.

Las organizaciones que impulsaron la ley de etiquetado frontal advierten que resta avanzar con otras medidas que promuevan la producción de alimentos saludables, como la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar –sancionada en el año 2014 y todavía no reglamentada–, la promoción de la agroecología y la producción libre de agrotóxicos, entre otras. “Ahora empieza una nueva etapa”, dijo Filardi. Se trata, en definitiva, de fiscalizar que no haya ningún veto parcial o total en la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo. “No es lo que pretendía la industria alimentaria. El objetivo es que se reglamente en el menor tiempo posible. Si bien las leyes son plenamente operativas en este ámbito, hay algunos aspectos que tienen que ser objeto de reglamentación, como los plazos de adecuación que tiene la industria, que son de 180 días para la gran industria y de 12 meses para las pymes”, detalló.

La nueva norma es el resultado de varios años de trabajo por parte de organizaciones de la sociedad civil, las que también estuvieron presentes en el recinto para seguir el debate. La aprobación se produjo en la semana en que las y los pequeños productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra eligieron para realizar un acampe de cuatro días, que culminó el jueves pasado y que incluyó charlas informativas, talleres de cocina y elaboración de alimentos, junto a otras actividades, como verdurazos, un yerbatazo, un azadazo y un panazo. El objetivo: visibilizar y volver a reclamar que se avance en el tratamiento de la ley de acceso a la tierra, que promueve la creación de un fideicomiso rural para que las familias de la agricultura campesina e indígena puedan acceder a créditos blandos y comprar la tierra que trabajan.

“Este proyecto representa la posibilidad de que miles de productores chicos y medianos puedan comprar las dos o tres hectáreas que generalmente trabajan, mejorar su calidad de vida y producir más y mejores alimentos para millones de personas”, destacó Agustín Suárez, vocero de la UTT. Suárez recordó que hace alrededor de un mes ya habían realizado un acampe por el mismo motivo. “La mayoría de los productores del país no tienen tierra propia sino que arriendan la tierra, lo que genera condiciones de vida muy precarias”, subrayó.

“El alquiler impide que los productores puedan tener viviendas dignas y sus casillas son muy precarias, lo que complica la producción de los alimentos”, coincidió Sammartino, antropóloga especializada en alimentación. Su lectura advierte que entre el 60 y 80 por ciento de los productos frescos llegan a los hogares argentinos de la mano de la agricultura campesina. “Acceder a la tierra, mejoraría los precios de los alimentos y generaría condiciones dignas de trabajo para quienes producen alimentos sanos, que son los que recomiendan las guías alimentarias”, subrayó la especialista.

“Junto con la Dirección Nacional de Agroecología y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, desde el 20 de octubre y hasta el 20 de noviembre, colectivos de todo el país buscamos hacernos escuchar a través de distintas maneras para transmitir que hay otro camino necesario, urgente y posible, que es el de la agroecología, que nos permite obtener alimentos sanos, seguros, soberanos y de calidad, para todas y para todos”, dijo Filardi.

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