La irrupción violenta, en horas de la noche, de la policía en la vivienda de un pastor evangélico y dirigente wichí de la comunidad La Pantalla, en Formosa, muestra como el control de la pandemia en el territorio provincial sirve como excusa para reforzar la discriminación y la persecución de las comunidades indígenas.

Abel Saravia, pastor evangélico y dirigente de la Comunidad wichí de La Pantalla – en las afueras de Las Lomitas, Formosa –, se había dormido preocupado la noche del 25 de diciembre. A las ocho, cuando llegó a su casa con su mujer, después de celebrar la navidad en otra comunidad, lo estaba esperando la policía con una ambulancia. Le dijeron que había transitado por zonas de riesgo de Covid-19 y que tenían que hacerle un hisopado, al que se sometió. Al terminar le dijeron que el resultado demoraría entre 48 y 72 horas. Quedó preocupado, pero al final logró dormirse.

A medianoche lo despertaron a los gritos. Cuando salió a la puerta, vestido solo con ropa interior, se encontró con dos móviles policiales y una ambulancia, a la que lo subieron a la fuerza. Minutos después también hicieron lo mismo con su mujer. Casi sin ninguna explicación y sin dejarles sacar siquiera ropa de la casa, desde allí los llevaron a Formosa capital, a trescientos kilómetros, y los internaron en el hospital improvisado del Estadio Bicentenario.

Comunidad wichí de Santa Teresa.

Su relato, que se reproducirá textualmente, es estremecedor:

“El día 25 pasé navidad en un lugar muy chiquito, Divisadero, en la zona de Ramón Lista, Formosa y después fui a visitar a un amigo a la comunidad La Esperanza. Desde ahí fui con la moto derecho a la ruta y cuando llegué a mi casa, me enteré la información que me estaban esperando por circular en una zona peligrosa, una zona de alerta y entonces me hicieron un hisopado al llegar. A las veinte horas me hicieron el hisopado. No me dio el día del resultado. Le pregunté al comisario mayor Juan Carlos Cancio de la Unidad Regional 5, que estaba ahí, y me dice que dentro de 48 a 72 horas puede estar el resultado.

“Y resulta ser que a las 12 de la noche llegaron la policía, dos patrullas y una ambulancia. Vino en forma violenta, como intrusos. No me dio tiempo, me quería llevar así desnudo, pero le dije no, pero sí subí a la ambulancia, en forma forzada por actuación de la policía, para que me tome la temperatura. Cuando subí a la ambulancia dice el enfermero que tengo temperatura y no me deja de bajar. Entonces cerró la puerta de la ambulancia y buscó a mi señora en la casa. Y mi señora tampoco tuvo tiempo de llevar cosas. En forma violenta, discriminatoria, agresiva, me trató esta organización de Covid-19. De esa forma trabaja con los pueblos originarios. Con los policías, que ya están acostumbrados así”.

En el hospital del Estadio Bicentenario – a 300 kilómetros de su casa – Abel Saravia y su mujer deberán pasar como mínimo 14 días, lejos de su pueblo, sin dinero ni ropa.

“Ahora estoy en la mano de ellos, espero que la enfermedad no sea inventada, porque no tengo fiebre, no tengo dolor, no tengo vómitos. Espero que no me den cosas tóxicas que me maten”, dice Saravia en un audio desde su lugar de internación.

¿Prevención sanitaria o represión encubierta?

El caso de Abel Saravia no es excepcional, sino que reproduce, en tiempos de pandemia, una política del Estado formoseño con los pueblos indígenas que es de larguísima data y que se manifiesta en acciones de marginación, discriminación y represión.

El episodio pone al descubierto también un hecho puntual: Abel Saravia estaba siendo controlado ilegalmente por la policía. De otro modo, ¿cómo es que incluso antes de que llegara a su casa lo esperaba la policía sabiendo por dónde había transitado durante el día?

La respuesta cae de madura: a Saravia lo estaban siguiendo y eso no tenía nada que ver con la prevención de la pandemia de Covid-19 en la provincia sino con su condición de dirigente indígena.

“La policía de la provincia que nos vive persiguiendo y a mí me persigue desde mucho tiempo; hace nueve años que me persigue porque ellos consideran que estoy usurpando un terreno ancestral, que es tierra nuestra y ahí estamos viviendo y ellos nos persiguen de esa forma”, dice Saravia.

El horario, medianoche, en que van a sacarlo de su casa para llevarlo a Formosa y la presencia de dos móviles policiales en el operativo junto con la ambulancia no deja lugar a dudas. ¿No se podía esperar hasta la mañana siguiente? ¿Era necesaria la presencia policial para trasladar a un matrimonio presuntamente infectado por el coronavirus?

Se trató de un allanamiento nocturno sin orden judicial, en el que se sacó violentamente de su casa a dos personas, violatorio del artículo 13 de la Constitución de la provincia, cuyo texto es claro: “El domicilio es el asilo inviolable de las personas; nadie podrá penetrar en él sin permiso de su dueño, salvo por orden escrita y fundada de juez competente, y nunca después de las diecinueve, ni antes de las siete horas, salvo para socorrer las víctimas de un crimen o accidente”, establece.

La doble vara de Insfrán

La política de discriminación, marginación y represión del gobierno formoseño hacia las comunidades indígenas se refleja también en otros hechos donde la pandemia es una excusa para llevarla adelante.

Hay una evidente doble vara. En los últimos meses, el gobierno de Gildo Insfrán convocó a dos movilizaciones que, teniendo en cuenta el número de habitantes de Formosa, podrían calificarse de muy numerosas. Una de ellas fue en apoyo al gobernador frente al posible fallo de la Corte Suprema de Justicia (como finalmente sucedió) para que permitiera el ingreso de formoseños varados fuera del territorio provincial; la segunda fue convocada por la visita del presidente Alberto Fernández a Formosa.

Gildo Insfrán.

En los dos casos, las personas – muchas de ellas sin siquiera utilizar barbijo – se reunieron y se manifestaron sin que la policía moviera un dedo. Al contrario, el gobierno celebró la presencia de la gente en las calles.

Muy diferente fue el comportamiento de la policía frente a las dos últimas manifestaciones realizadas por comunidades indígenas en reclamo de sus derechos. El 27 de octubre reprimió violentamente a un grupo wichí en El Chorro, una localidad ubicada en el límite con Salta; y el 7 de noviembre desató una brutal represión contra la comunidad de Pozo de Maza, que reclamaba por la falta de agua potable.

“Parece que cuando los indígenas hacen manifestaciones ponen en riesgo la salud, pero cuando el gobierno hace actos con la presencia de la gente no hay riesgo”, dice Leonardo Dell Unti, de la Asociación por la Cultura y el Desarrollo (APCD) de Las Lomitas. Y agrega: “Estamos de acuerdo con los controles, con que todos nos cuidemos, pero no se puede tolerar que se pase por encima de la Constitución, porque no hay Estado de Sitio en Formosa, no hay nada que le permita al gobierno pasar por encima de la ley”.

Reclamo al gobernador

El atropello contra Abel Saravia provocó la inmediata reacción de otros dirigentes de las comunidades indígenas formoseñas. Al momento de escribirse estas líneas están planteando la organización de un encuentro intercomunitario para luego solicitar una reunión con el gobernador Insfrán.

“Tenemos que reunir y llamar a una grande reunión de las tres etnias, wichí, pilagá y toba. Así podemos hacer un gran debate y reunir con el señor gobernador para que termine esta discriminación. A mí también me persiguieron la policía, tres veces me persiguieron. ¿Por qué esto? Porque claro, somos discriminados. Y bueno, nosotros somos personas, nosotros somos raíces de estas tierras, nosotros no venimos de otros lados sino que somos de esta bendita tierra. Así que pido que respeten a los pueblos originarios, porque yo vi la discriminación a mí y a todo el mundo. Tenemos que pedir una reunión grande al gobernador con las tres etnias, así podemos hacer un reclamo fuerte. A lo mejor nuestro gobernador no está sabiendo esto”, dice el cacique Delfín García, de la Comunidad pilagá Campo del Cielo.

Mientras tanto, desde el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen Oeste (Edipa) y desde APCD se viene emprendiendo una campaña conjunta de recomendaciones. “Queremos que la gente se cuide, que se proteja, que sea prudente con el Covid-19, pero que a su vez denuncie situaciones de violencia que pueda sufrir”, explica Dell Unti, de APCD.

Para las comunidades indígenas se trata de respeto e igualdad ante la ley. “Se conmovió todo el mundo con lo que hicieron al hermano Abel Saravia. Nosotros no somos criminales, hay que respetar a los pueblos originarios”, dice el cacique García.

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