Los problemas intestinos de la central sindical parece que tendrán una pronta evacuación que derivará en ruptura. Mientras Moyano se le planta a Macri, en el triunvirato quedaron Schmid y Acuña de un lado, enfrentados a Héctor Daer. La movilización del 21 permitirá medir las fuerzas.
La fractura de la CGT es un hecho. De un lado quedaron los dirigentes que responden al camionero Hugo Moyano y al gastronómico Luis Barrionuevo, dos históricos que se decidieron a confrontar con el Gobierno nacional y, del otro, los llamados “gordos” y los “independientes” que no quieren romper con la Casa Rosada. En espejo, de un lado del triunvirato a cargo de la conducción de la CGT quedaron Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y del otro, Héctor Daer. Las consecuencias inmediatas y a futuro de la ruptura son diversas e inciertas tanto para el conjunto del movimiento obrero como para el Gobierno nacional y las fuerzas opositoras. Un documento crítico redactado en Mar del Plata, la convocatoria del gremio Camioneros a una movilización y el peso del apellido Moyano resultan vitales para comprender el alcance de la disputa en curso.
Tensiones gordas en el triunvirato.
Mientras el escenario político gremial está en plena transformación y el Gobierno confronta a diario con Moyano, todo indica que habrá un antes y un después de la marcha convocada por Camioneros para el próximo 21 de febrero, ya que adhieren numerosos gremios que integran la CGT y las dos CTA. Incluso, en las últimas horas, trascendió que la idea es convocar a un paro general para marzo, aun cuando para muchos es una decisión tardía teniendo en cuenta la ola de despidos y la consecuente precarización laboral que es moneda corriente en el país desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia.
Una conflictividad creciente
Después de un diciembre explosivo debido al resistido tratamiento parlamentario de la reforma previsional en un marco de violencia y represión, muy lejos de pretender aminorar la confrontación, el Gobierno comenzó 2018 con una agenda que mantiene alto el nivel de conflictividad.
En la mayoría de los casos, la tensión surge de la poda de puestos en la plantilla estatal. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sólo en enero hubo 6639 despidos y suspensiones. Del total, 2800 fueron en el sector privado y unos 450 en medios de comunicación. Hernán Letcher, director de ese centro de estudios, precisó que “prácticamente 10 mil personas perdieron su trabajo entre diciembre y enero, la mayoría de ellas en el sector público”. Las áreas más afectadas, según la misma fuente, “son aquellas que el Gobierno ha querido que dejaran de existir, como la Secretaría de Comercio, clave en la administración kirchnerista, y el INTI y el Senasa, ambas vinculadas a controles que reclama para sí el sector privado”.
Durante el menemismo y luego con la Alianza, la eliminación de los controles fitosanitarios trajo consecuencias lamentables para el comercio, como el regreso de la aftosa al país. En ese marco, antes de la marcha del 21 de febrero, están previstas varias protestas importantes, entre ellas el paro de los bancarios (9/2) y la movilización de trabajadores estatales (15/2), que incluirá cortes de ruta y caravanas en el área metropolitana.
Meteorismo en intestinos gordos
Hace rato que la CGT navega mares crispados. Pero, la división de aguas quedó más expuesta el pasado 30 de enero, cuando Schmid, uno de los cosecretarios generales del triunvirato cegetista, anunció que la central obrera se sumaría a la movilización convocada por Camioneros. Entonces, al dirigente no le quedó otra alternativa que reconocer públicamente la existencia de “divisiones” entre los miembros de cúpula ante el faltazo de los “gordos” y del sector autodenominado “independiente” que encabeza Daer.
La fractura del triunvirato ya había quedado algo expuesta unos días antes en Mar del Plata, después del tradicional y tórrido asadito de todos los veranos que organiza la conducción. Ese día, la CGT lanzó un duro documento contra la política económica del Gobierno, a contrapelo de dos años de amenazas de paro aún en un contexto de despidos y de reforma de las leyes laborales vigentes. Schmid junto a Carlos Acuña, el tercer hombre que integra el triunviro, más Sergio Palazzo (Bancarios), Julio Piumato (Judiciales) y decenas de dirigentes sindicales suscribieron el documento con advertencias sobre el rumbo de la economía.
Hasta entonces, ese había sido el peor momento de la relación entre el oficialismo y la CGT. Sin embargo, por estas horas, con la reaparición plena de Hugo Moyano y con las múltiples adhesiones que viene cosechando la convocatoria a la marcha del próximo 21 se puede arriesgar que no sólo se fracturó la CGT, sino que se rompió la solapada alianza entre el moyanismo y el macrismo, un entendimiento que se nutrió durante años de los negocios vinculados a la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires y de la “pasión” en común por el fútbol, entre otras coincidencias. Hugo Moyano y Macri solían conversar una vez por semana hasta hace poco. Una costumbre que se mantuvo durante muchos años, aun cuando el camionero era aliado estratégico del kirchnerismo. Ambos supieron convivir y acordar sin demasiados altibajos, incluso cuando el número de despidos comenzó a escalar a niveles preocupantes desde el desembarco de Cambiemos.
Moyano, que paraba el país cuando gobernaba Cristina Fernández para reclamar una quita del impuesto a las ganancias y que aspiraba incluso a sentarse o a sentar un obrero en el Sillón de Rivadavia, sorprendió y mucho cuando no accionó ni abrió la boca durante los primeros dos años de gestión macrista. Esa situación, podría haberse prolongado más si el camionero no se sintiera perseguido por la Justicia.
El cortocircuito y los tribunales
No es ningún misterio que parte del poder judicial es afín al Gobierno o, al menos, actúa en sintonía con él, así como una gran parte de los medios masivos encabezados por el Grupo Clarín y un amplio elenco de periodistas que durante los doce años de kirchnerismo se presentaban ante las audiencias como “independientes”. La persecución judicial de la que son objeto varios ex funcionarios k, que incluye prisión preventiva cuando los investigados están a derecho, hace un tiempo también está acechando a los Moyano. Una estrategia que el oficialismo parece estar dispuesto a desplegar para enfrentar adversarios de peso.
Final de un romance con testigo muerto.
El último capítulo del enfrentamiento Macri-Moyano, al margen de la pirotecnia verbal que cruzan por los medios, estuvo a cargo de la diputada oficialista Graciela Ocaña, quien pidió que se intervenga la obra social de Camioneros al ampliar ante el juez federal Claudio Bonadío una denuncia que había presentado en 2011. Antes y ahora, Ocaña acusa a Hugo Moyano de desviar fondos del gremio y de la obra social hacia empresas que le pertenecen a familiares directos. Por ejemplo, hacia Dixey S.A. y Ancora S.A., ambas integradas por la esposa de Moyano, Liliana Zulet. En una entrevista televisiva, a modo de respuesta, el camionero se preocupó en detallar las obras que realizó en los últimos años -centros de salud y de recreación, entre otras- para los afiliados y en negar las acusaciones en su contra. Mientras Ocaña reiteró que en 2009 renunció al Ministerio de Salud porque no estaba de acuerdo con la influencia que ejercía el entonces secretario de la CGT en el gobierno, Hugo Moyano le respondió con agresiones: “No tiene cerebro”, afirmó. Sobre su otra insistente denunciante, Elisa Carrió, tampoco ahorró comentarios, pero a quien le dirigió el mensaje más contundente fue al propio Macri. “Escuché un discurso del Presidente que decía que iba a terminar con las mafias. En los años 80, en el contrabando de autos en Uruguay ¿estaba la familia Moyano o la familia Macri? Con el desfalco en el Correo, ¿estaba la familia Moyano o la familia Macri? Con los Panamá Papers, ¿estaba la familia Macri o la familia Moyano? Él no puede hablar de mafia”, sentenció.
Midiendo fuerzas
Esta semana, a modo de previa, el moyanismo y sus antagonistas, convocaron a reuniones separadas en la sede de Camioneros y de Sanidad, respectivamente, para medir fuerzas antes de la marcha del 21 y de cara a la renovación de autoridades de la CGT, donde se enfrentarán ambos bandos. Es importante destacar que es la primera vez desde que se conformó, el 22 de agosto de 2016, que el triunvirato al mando de la CGT convocó a su consejo directivo sin la unanimidad de los tres jefes para asumir una postura en el tablero. Mientras el segundo de Camioneros, Pablo Moyano, auguró que será la movilización “más grande” de la historia del gremio, del otro lado sólo se escuchan reproches y un único argumento, el que asegura que la central no puede ponerse al servicio de un solo sector. Entre los que no adhieren a Moyano se repite ese y otro argumento: el que le atribuye al enfrentamiento Macri-Moyano la convocatoria a una jornada de protesta. En esa lógica, están midiendo fuerzas con las armas que mejor maneja cada uno.
Sin embargo, mientras el Gobierno lee en la convocatoria una “reacción” del sindicalista al sentirse acorralado judicialmente, varios gremios y dirigentes ven en esta coyuntura -más allá del motivo original- una gran oportunidad para mostrar el descontento reinante por las paritarias a la baja, los despidos, el tarifazo energético, la suba de los combustibles y el recorte a los jubilados, entre otras medidas del Gobierno que afectan directamente los bolsillos de los trabajadores. Poco antes del traumático tratamiento legislativo de la reforma previsional, la oposición de Pablo Moyano a la reforma laboral abrió una grieta que permitió frenar ese proyecto. En esa ocasión, muchos dirigentes sindicales también supieron aprovechar el marco para rechazar la flexibilización escondida en la reforma. El resultado de esa puja fue una derrota para el Gobierno. El Ejecutivo tenía previsto que salga en extraordinarias y ahora -si sobrevive- lo hará fragmentada, convertida en varios proyectos de ley. Fuentes del oficialismo reconocieron -en diálogo con Socompa, periodismo de frontera- que esa es la factura que le quieren cobrar al clan Moyano. La idea de Cambiemos, allá por agosto de 2017, era impulsar la aprobación de una reforma laboral “consensuada” con la ayuda de la CGT, pero desde el mismo día del anuncio sólo cosechó rechazos. La división de la CGT es también fiel reflejo de esa disputa.
