La aparición pública de una organización que articulaba a entidades de militares y miembros de las fuerzas de seguridad retirados fue efímera, pero sería una irresponsabilidad que el gobierno diera por cerrado el hecho. La articulación de militares y policías remite a un modus operandi de la dictadura, pero también apunta a condicionar a las instituciones democráticas de hoy.
El 5 de septiembre de 1975, en el segundo de los dos recitales de despedida que Sui Generis dio en el Luna Park, en medio de una zapada Charly García cortó la música y gritó: “¡Esto es un aviso!” y se largó a cantar el estribillo de Botas locas, uno de los temas censurados del disco Instituciones: “Yo formé parte de un Ejército loco / tenía veinte años y el pelo muy corto / pero, amigos, hubo una confusión /porque para ellos el loco era yo”.
Aquel fue un fugaz acto de resistencia a lo que estaba pasando y a lo que se veía venir cada vez con más claridad: El terrorismo de Estado – con bandas parapoliciales y paramilitares – del gobierno peronista y cuenta regresiva ya en marcha para el golpe cívico-militar que el 24 de marzo de 1976 instalaría un Estado Terrorista en la Argentina.
El recuerdo de aquel aviso fugaz de Charly García viene a cuento para ponerlo en contraposición con otro aviso fugaz que en estos días se dio desde las antípodas de aquel estribillo provocador: la creación de una “Mesa de Enlace” de militares, policías y miembros de fuerzas de seguridad retirados para, según su propio comunicado:
Exaltación oficial del Operativo Independencia.
-“Dar visibilidad y generar conciencia a través de la presencia en el debate público y político de la problemática de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública, entendidas como elementos estratégicos para el desarrollo nacional”.
-“Amalgamar a la ‘familia de los uniformados’ (Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales federales y provinciales), afines (reservistas, liceístas, veteranos de guerra) y a otros identificados con los valores de servicio a la comunidad y a la Patria”.
-“Determinar intereses comunes y particulares de los uniformados, con prioridad en la gestión del talento y políticas de recursos humanos, en cada una de las instituciones que la integran (leyes, haberes, obra social, protección legal para actuar, etc.)”.
Si bien el nombre oficial de la flamante organización era “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”, sus mismos integrantes y los medios hegemónicos se refirieron a ella como “Mesa de Enlace”, en una intencionada evocación de aquella Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias que buscó jaquear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008.
Una vida efímera, pero…
En los últimos dos días se ha escrito profusamente sobre quienes se mostraron como caras visibles de la llamada Mesa y de las organizaciones que la componen. Dos de los máximos referentes, los generales Ernesto Bossi y Daniel Reimundes, cuentan en su haber una inequívoca vocación por las maniobras de inteligencia interna, que está expresamente prohibidas por la ley.
La vida pública de la Mesa fue efímera: menos de 48 horas después de su aparición pública se disolvió, ante el repudio generalizado de los organismos de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad, a lo cual hay que sumar la tibia respuesta del gobierno a través de declaraciones del presidente Alberto Fernández y un hilo de tuits del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
El ministro festejó anoche esa disolución: “Debut y despedida de la Mesa de Enlace Militar. En la Argentina del siglo XXI no hay lugar para estas ideas”, tuiteó, utilizando lo que parece ser el mejor armamento comunicacional con que cuenta el Ministerio de Defensa.
Una preocupante tibieza
Como suele suceder en el gobierno de Alberto Fernández, se celebra que las cosas no pasen a mayores a la vez que se intenta no darles importancia. En ese sentido, les vendría bien al presidente y al ministro recordar el cuidado y la energía con que Néstor Kirchner abordó los “deslices” militares durante su gobierno.
Por ejemplo, la firmeza con que encaró las pretensiones de impunidad de los delitos de lesa humanidad de los mandos de las Fuerzas Armadas y la reestructuración de ellas que encaró a los pocos días de asumir la presidencia.
O bien, el discurso del 29 de mayo de 2006 (“No les tengo miedo”), luego de un acto en la Plaza San Martín donde militares retirados y en actividad exaltaron la llamada “lucha antisubversiva”, y las sanciones que, en su carácter de comandante en jefe, obligó a tomar dentro de las fuerzas con quienes había participado.
En última instancia, el gobierno podría recuperar la fuerza simbólica de aquella foto donde Néstor Kirchner ordenó descolgar los retratos de los genocidas.
Militarización de la seguridad
La conformación de la autodenominada Mesa no es un hecho aislado y, pese a lo efímero de su existencia pública, no puede dejar de tomarse con preocupación y seriedad.
La articulación entre retirados de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura, y fuerzas policiales se cocina como un caldo apestoso, cuyo olor es el de las nuevas formas que toma la nunca muerta Doctrina de Seguridad Nacional
Se trata de una fórmula que funcionó a la perfección durante la última dictadura, con la militarización de las fuerzas de seguridad para su utilización en el plan sistemático de represión ilegal.
A eso, gran parte de la sociedad argentina le dijo “Nunca Más”, fundamentalmente gracias a la incansable labor de los organismos de Derechos Humanos, pero también cuenta con un ejército de nostálgicos – civiles y militares – que no vacilarían en reimplantarla.
Una cadena de hechos
A principios de septiembre de este año, en sus cuentas oficiales de las redes sociales, el Ejército Argentino se despachó con un texto que no sólo tergiversaba la Historia sino que inquietó el presente. El tuit decía: “#UnDíaComoHoy, pero de 1975 el subteniente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar en el #CombateDePotreroNegro, provincia de Tucumán”, y a continuación agregaba: “HonrarElValor #AliviarElDolor CumplirConLaPatria #SomosElEjército”.
Foto: Horacio Paone.
El gobierno no reaccionó hasta que recibió la presión de los organismos de Derechos Humanos mediante una carta que dirigieron al ministro Rossi, donde señalaban: “Los homenajeados, Señor Ministro, no fueron héroes que pelearon en una guerra, como pretende insinuar dicho recordatorio. Integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial (en Tucumán, durante el llamado Operativo Independencia), secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas y en otras dejarlas en libertad. Esas fuerzas de tarea de las cuales Berdina y Maldonado formaban parte secuestraron alrededor de 400 personas en Tucumán, ello implica alrededor de entre el 30 y 45% total de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia”.
Recién entonces, el Ejército borró el tuit de sus redes.
Tampoco puede soslayarse la protesta de los policías bonaerenses por esos mismos días de principios de septiembre, cuando llegaron a rodear la residencia presidencial de Olivos. El reclamo más evidente era el salarial, pero detrás se levantaba otro: la impunidad por acciones de gatillo fácil.
En esa ocasión, la respuesta del gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof y de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue conceder aumentos salariales – que se niegan a otros empleados públicos – y no sancionar a los responsables.
Basta con repasar el papel de las policías en los intentos de golpes de Estado – exitosos o fracasados – de los últimos tiempos en América Latina para entender que las movidas policiales no deben tomarse a la ligera.
La punta de un iceberg
El primer punto que proponía la “Mesa de Enlace” militar y policial no deja dudas de su intencionalidad última: la búsqueda de un cogobierno castrense con las instituciones republicanas. O lo que es lo mismo, condicionar al gobierno.
Que la organización visible se haya “disuelto” apenas 48 horas después de su aparición pública no debería tomarse como un hecho aislado que se consumió a sí mismo sino como un síntoma emergente de una corriente subterránea que sigue fluyendo y volverá a aflorar.
Se trata de un aviso y es muy peligroso que el gobierno lo minimice y no actúe con la firmeza necesaria.
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