Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados, pidió que se investigara judicialmente a periodistas que publicaron una noticia. Es el reino del revés, pero con una agravante: está peligrosamente naturalizado.
Escribí: “en nombre de la Democracia bombardearon la Plaza de Mayo, en nombre de la Libertad secuestraron el cadáver de una mujer y proscribieron durante 18 años la expresión política de las mayorías”, pero no.
Escribí: “en nombre de la pluralidad de voces echaron 357 trabajadores de Télam y dijeron que ganó el periodismo, en nombre de la tolerancia y el respeto hubo más de 50 comunicadores baleados por la policía en manifestaciones (2016 a 2019), en nombre de la transparencia espiaron a más de 400 periodistas, muchos de ellos dirigentes sindicales”, pero no.
Escribí: “en nombre del diálogo desaparecieron el Ministerio de Trabajo y tuvieron una indiferencia cómplice ante la peor sangría laboral por actividad, los 4.500 compañeros y compañeras que en todo el país perdieron su empleo, puestos que no fueron reemplazados”, pero no.
Escribí: “en nombre de los valores de la República denunciaron ataques a la prensa por -entre otros episodios- algunas críticas que recibió Baby Etchecopar, a quien incluso convocaron a una exposición parlamentaria”, pero no.
Escribí: “en nombre del rigor periodístico y la excelencia informativa, FOPEA premió al principal difusor de mentiras sobre el caso Maldonado (entre ellas, la teoría del sacrificio: Santiago habría asumido pasar a la clandestinidad, en pacto con Jones Huala, para que sea más fácil lograr la libertad del referente mapuche) con la distinción ‘Periodismo en profundidad’ (¿se puede ser más cínico)”, pero no.
Me agarro la cabeza y no se por dónde empezar. En principio, perdí la receta de la pirámide invertida. Retomemos.
Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados, pide que investiguen judicialmente a periodistas que publicaron una noticia. El reino del revés. Se trata de Ari Lijalad y Franco Mizrahi, trabajadores de prensa que revelaron en el portal “El Destape” (dirigido por Roberto Navarro, también señalado) documentos de la AFI con nombres de espías argentinos con desempeño local y en el exterior. El material forma parte de la causa que busca dilucidar casos de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. La paradoja, capítulo uno: Wolff, de asistencia perfecta en la pantalla de Canal 13 y TN y en las páginas del diario del multimedio, no se enteró que un periodista de Clarín, Alejandro Alfie, publicó la misma información que Lijalad y Mizrahi. Nadie pide sumar a Alfie a Tribunales: se trata de que ninguno tenga que ir a declarar por hacer su trabajo.
“¿Y Daniel Santoro, y Daniel Santoro?”, preguntarán los que querían preguntar, pero no siempre, pero no a todos. Santoro está en la mira de la Justicia no por lo que un periodista debe hacer sino por lo que no debe hacer: extorsionar.
La sobreactuación de Wolff no es casual ni solitaria. Estuvo acompañada por la denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. El organismo anunció la creación de un observatorio de noticias (NODIO) contra la desinformación y la violencia simbólica. Stornelli advierte peligros extraídos de Wikipedia: “¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzana? ¿Se castigará la prensa especialmente libre otorgándosele la esclava patente del Corso? ¿No ha muerto la Mazorca?”. La paradoja, capítulo dos: el observatorio que busca dilucidar fake news es víctima de una fake news. No hay ningún tipo de injerencia en los contenidos ni castigo alguno contra los responsables de comunicar falsedades evidentes o de diseminar discursos de odio. La Defensoría no tiene esa facultad.
Escribí: “en nombre de la transparencia quieren que todos sean transparentes menos ellos, que todos den explicaciones menos ellos, que todos estén bajo la lupa menos ellos, que todos sean observados menos ellos”, pero no.
No en nuestro nombre. Ese iba a ser el título de la solicitada que unos 2.000 periodistas firmaron en julio. Finalmente el texto, por su contundencia y respaldo, no necesitó carta de presentación. Decíamos entonces: “creemos que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo”.
No vale todo para nosotros, no vale todo para los que, disfrazados de periodistas o protegidos por la corporación mediática, interponen sus privilegios al bien común.
“Escribí: en nombre de la libertad de expresión, nos quieren rendidos o cómplices”, pero no.
Porque la libertad de expresión no es de FOPEA, de ADEPA, de Waldo Wolff ni mía: es un valor colectivo de la sociedad. Y porque no tenemos vocación de chacal ni de avestruz.
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