La lentitud en los avances de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura es a esta altura una estrategia encubierta de impunidad para sus responsables. En 2021 se dictaron apenas 19 sentencias, mientras la muerte sigue liberando a los genocidas de las condenas que les corresponden.

El ritmo de las sentencias es desesperantemente lento”, dice Pablo Llonto, abogado de las víctimas en varios juicios de Lesa Humanidad que se tramitan actualmente. Durante el 2021 se dictaron 19 sentencias que condenaron a 82 represores en tribunales de todo el país, una cifra que casi duplica a las dictadas durante 2020, en plena pandemia. Pero aún así, el número está por debajo de las 22 sentencias que hubo en 2019. Los veinte años de impunidad que otorgaron las leyes alfonsinistas de Punto Final y Obediencia Debida primero y el indulto menemista después obligan ahora a un apresuramiento, a una batalla mortificante contra la muerte que libera a los genocidas de la justicia. Contradiciendo a Silvio, el tiempo está a favor de los viejos de mierda.

“Los juicios empiezan con una cantidad de imputados y terminan con muchos menos porque se mueren antes de recibir la condena”, se queja Llonto. Por su parte, Sol Hourcade, Coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS precisa que en 2021 “tuvimos especial demora en la etapa de revisión ante a la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”

Un informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, pone los números es perspectiva desde que comenzó el actual proceso de enjuiciamiento a represores en 2006: A la fecha, los Tribunales dictaron 269 sentencias en todo el país. Un 62% de ellas (167) posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas sentenciadas.

Causas y efectos

Hubo dos causas que tuvieron 14 condenados, dos que tuvieron ocho y dos que tuvieron seis. Las 13 restantes tuvieron tres, dos o una condena. Las dos con mayor número de condenados en 2021 fueron Escuelita VII – Taffarel, en Neuquén y Diedrichs/Herrera, en Córdoba.

En el primero, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a prisión perpetua a los exmilitares Osvaldo Páez, Walter Tejada, Oscar Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Jorge Ezcurra, Norberto Condal, Carlos Alberto Taffarel y Jorge Granada, al igual que el exagente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti. Uno de los puntos recordables de este juicio radica en que por primera vez un piloto del Ejército resultó condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad. Juan José Capella recibió 12 años de prisión como partícipe secundario de los secuestros, tormentos y violación. Por su parte, los expolicías Desiderio Penchulef, Miguel Ángel Cancrini y Gerónimo Huircain recibieron entre 6 y 5 años como partícipes necesarios en algunos de los hechos. Otro dato del proceso fue la condena a 9 de los acusados por abuso deshonesto y por violación, crímenes que por primera vez fueron juzgados de manera autónoma en la provincia.

La otra causa que tuvo 14 condenas, conocida como Diedrichs/Herrera, juzgo delitos cometidos contra 43 víctimas en el Centro Clandestino de Detención de La Perla. Recibieron penas de prisión perpetua 5 exmilitares del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, los oficiales Luis Gustavo Diedrichs, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro y Héctor Pedro Vergéz, y el suboficial Carlos Alberto Díaz. También recibieron la misma pena Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Emilio Morard, personal civil de Inteligencia del Ejército. Los expolicías provinciales del Departamento de Informaciones Policiales (D2) Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Alfredo Yanicelli recibieron penas de 18 años de prisión mientras que el expolicía Fernando Martín Rocha fue condenado a 4 años. Las causas habían sido elevadas a juicio en 2016 pero su inició demoró más de cuatro años debido a los numerosos recursos presentados por las defensas y su lenta resolución en instancias superiores.

En febrero, en la causa ESMA IV fueron juzgados y condenados ocho integrantes del Grupo de Tareas que actuaba en esa sede del horror. Sólo tres de los acusados recibieron la pena de prisión perpetua, como habían solicitado la fiscalía y las querellas. Se trata del oficial de la Armada Carlos Mario Castellví, alias “Lucas”; el ex agente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral, alias “Tiburón”, y Miguel Conde, alias “Carames” o “Cortez”, ex personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército. Otros cuatro acusados recibieron pena de 15 años de prisión, los ex suboficiales de la Armada Ramón Roque Zanabria, José Luis Iturri, Jorge Luis María Ocaranza y Carlos Néstor Carrillo. El ex integrante del Batallón de Infantería N° 3 Claudio Vallejos, recibió una pena de 6 años de prisión condicionada por el acuerdo de extradición desde Brasil: sólo pudo ser juzgado por su responsabilidad en el secuestro de una de las víctimas. Por la megacausa ESMA, que tiene ya cuatro tramos, se condenó a 59 represores por delitos que involucraron a más de 800 víctimas, entre los cuales se encuentran parte de los más de 30 bebes nacidos en la maternidad clandestina. Los tramos de cada proceso son elevaciones a juicio tras la acumulación de evidencia que permite acusar a algunos represores sin perjuicio de que se siga investigando otros responsables y ampliando los casos.

La otra causa que tuvo 8 condenas tuvo lugar en la ciudad chaqueña de Resistencia, en la causa conocida como Caballero III – Manader. Las dos causas que tuvieron 6 condenas fueron Campo de Mayo – Contraofensiva y Páez – Laguna Paiva, en Santa Fe.

Acelerar es la tarea

Según el citado informe de Proculesa, de las 3551 personas investigadas desde 2006, 785 están detenidas y 1584 libres. Estos datos, que no siempre son bienvenidos entre la militancia de DDHH, desmienten la acusación de parcialidad o venganza, uno de los argumentos favoritos de negacionistas y procesistas.

La experiencia adquirida por los magistrados y sus equipos en materia de juicios a través de la web brinda la oportunidad de acelerar los procesos. Actualmente, se realiza aproximadamente una audiencia por juicio por semana, lo que se evidencia como muy insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que, según los datos de Proculesa, de las 3551 personas investigadas, murieron ya 1160. Y de ellos, 873 (es decir, el 75%)

falleció antes de obtener sentencia y 287 (25% restante) luego del dictado de su condena o absolución.

“Si bien continúa la tendencia en baja de la cantidad de personas detenidas desde el 2015 -dice el informe-, la tendencia en alza del total de personas en libertad se ha estabilizado, experimentando un descenso. Sin embargo, sigue manteniéndose alto el porcentaje de las personas actualmente investigadas por estos delitos que se encuentran en libertad (44%)”.

Silvia Saladino, sobreviviente del Centro de Detención y Tortura El Vesubio e integrante de la Comisión Vesubio / Puente 12, resume así el año: “estamos activos pero hay gusto a poco”. La Comisión se encarga de mantener viva la llama de la justicia y parte de su accionar permitió que el juicio por Vesubio esté en su cuarto tramo en la etapa de instrucción, a cargo del juez Daniel Rafecas. En el marco de esta lucha, también llevaron a juicio el tercer tramo de Puente 12, un centro clandestino ubicado frente de El Vesubio y que en varios puntos tiene una lógica y unas autoridades compartidas. “Sentimos que nada más estamos enjuiciando a las FFAA y de seguridad -dice Saladino-, y faltan los civiles ideólogos de todas las dictaduras, que al día de hoy siguen dando esos golpes que los llaman blandos porque no hay secuestros ni asesinatos, pero siguen matando de hambre a la mayoría del pueblo. A esos queremos llegar a enjuiciar también”.

En ese sentido, Hourcade, del CELS, dice que uno de los datos importantes en materia de Lesa del 2021 fue que “hubo avances en materia de responsabilidad empresarial, por ejemplo, la Corte Suprema destrabó el juzgamiento de Blaquier y Lemos después de tomarse seis años para resolver esta cuestión”. Otros indicadores del avance sobre la pata civil de la represión fueron, para Hourcade, “la elevación a Juicio de la causa por el ingenio La Fronterita, donde había empresarios implicados y el requerimiento de la elevación a juicio de la causa Acindar, donde un directivo de la empresa está acusado de delitos de Lesa Humanidad”.

Cárcel común o condena VIP

El informe de Proculesa indica que sólo un 16% de los detenidos se encuentra cumpliendo su condena en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o Provincial., “La modalidad de arresto domiciliario sigue siendo la que predomina -dice el informe-, representando el 75% del total” de las personas detenidas.  El 9% restante incluye la detención en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad, así como también en el Hospital Militar. En esta categoría, el 81% (es decir 55 detenidos) están alojadas en la Unidad Penal que funciona en el predio de Campo de Mayo.

“La mayoria de los tribunales se va acostumbrando a dictar domiciliarias porque si -dice Llonto -. Toman en cuenta cualquier tema de salud que se podría tratar en los hospitales penitenciarios, como si en la casa se curaran mejor. Es muy absurdo el argumento de otorgar domiciliarias solamente por cuestiones de salud”.

Las tareas para 2022 son tantas que es improbable que avancen lo necesario sin la movilización de la opinión pública. Por ejemplo, más allá de las estrategias judiciales que pueda trazarse desde el Ministerio Público Fiscal o los avances del ministerio de Defensa para reconstituír los grupos de relevamiento de documentación en poder de las FFAA, Hourcade dice que “por parte del Legislativo, falta implementar la Comisión Bicameral de responsabilidades económicas en el terrorismo de estado”.

Es decir, la sociedad que impidió con su repudio generalizado que la Corte aplicara el criterio del 2×1 a los genocidas, no se está movilizando para impedir que las triquiñuelas de las defensas de esos represores y de cierto sector del aparato judicial consigan de facto medidas tan poco felices como esa que se pergeñó durante el gobierno macrista.

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