“Estás en La Cacha, de Cachavacha, la bruja que desaparece gente”

Historia y funcionamiento de uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Hoy, luego del fallo de la Corte Suprema otorgándole el beneficio del 2 x 1 al represor Luis Muiña, muchos de los genocidas condenados por su accionar en La Cacha pretenden salir en libertad.

 

Para fines de abril de 1977, Ricardo Victorino Molina -Pancho para sus compañeros y también para sus secuestradores – tenía pocas esperanzas sobre su futuro. Llevaba más de diez días tirado sobre una colchoneta, encadenado a la pared, encapuchado, con el cuerpo marcado por la tortura. Fue entonces cuando uno de los guardias, de los Carlitos, pronunció una frase que le reveló dónde estaba. Todavía hoy la sigue escuchando en su memoria: “¿Saben dónde están, terroristas, zurdos de mierda? Están en La Cacha (ver fotogalería), de la Bruja Cachavacha, que hace desaparecer personas”, gritó, y el grito rebotó en las paredes y se metió entre los tabiques que separaban, uno por uno, a los diez o doce detenidos que había en la planta baja de la construcción. Con el tiempo, Molina llegaría a descubrir que también había un sótano y un primer piso, pero a él nunca lo llevaron allí.

Cuando lo secuestraron la noche del 14 de abril de 1977 en las afueras de La Plata, Pancho tenía 28 años, integraba la Comisión Interna de Kaiser Aluminio y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Su testimonio, junto con el de otros sobrevivientes, permitió juzgar y condenar a los responsables mediatos e inmediatos de La Cacha, un centro clandestino de detención que funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata y que constituye un caso emblemático de la represión ilegal por su carácter interfuerzas y su estructura operativa y de inteligencia.

A fines de octubre de 2014, el TOF 1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, condenó a prisión perpetua a los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón; el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda; el ex agente penitenciario Héctor “el Oso” Acuña; el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex jefe de la Unidad Regional La Plata, Horacio Elizardo Luján; y el jefe del Servicio de Calle de esa repartición, Julio César Garachico. En tanto, el ex civil de inteligencia del Ejército, Rufino Batalla, fue condenado a 13 años de prisión, al igual que sus colegas Claudio Grande y Raúl Espinoza; y el ex jefe de la Armada en la región, Juan Carlos Herzberg, recibió doce años de prisión.

Hoy, tras el fallo de la Corte Suprema en el caso del represor Luis Muiña, muchos de estos partícipes del plan sistemático de desaparición de personas implementado por el Terrorismo de Estado se aprestan a solicitar el beneficio del 2 x 1, que en algunos casos podría dejarlos en libertad.

La Cacha fue creada en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura cívico-militar. En 2013, durante la instrucción del juicio, Alberto Elizalde Leal y quien esto escribe tuvieron acceso a documentación hasta ahora desconocida sobre su funcionamiento, entrevistaron a sobrevivientes y pudieron establecer el modus operandi de sus grupos de tareas y de sus equipos de interrogadores, así como reconstruir su estructura edilicia, destruida hasta los cimientos por los represores para borrar todo vestigio de su existencia. Esa investigación fue publicada en el desaparecido semanario Miradas al Sur.

Un CCD muy sofisticado

A principios de 1977 la vasta geografía de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y La Pampa se hallaba bajo la jurisdicción militar de la Zona I dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, en ese entonces al mando del general Guillermo Suárez Mason. La línea de comando se continuaba en la Subzona 11 y finalizaba en el Área 113 para los partidos de La Plata, Brandsen, General Paz y Monte.

Los mandos del Ejército, que tenía “la responsabilidad primaria en el esfuerzo de inteligencia en la lucha contra la subversión”, instrumentaron en esta área varios centros clandestinos de detención, el COT1 en Martínez, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, Arana en las afueras de La Plata, la Comisaría Octava y  la Brigada de Investigaciones en La Plata y la Cacha (también conocida como “el Casco” por algunos represores de otras jurisdicciones). Esta última estaba ubicada en Lisandro Olmos, en terrenos de la Unidad Carcelaria Número 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En todos ellos, los represores de las Fuerzas Armadas, policiales, penitenciarios y civiles adscriptos ejercieron un poder de vida o muerte a fines de “neutralizar y aniquilar al oponente” que eran “todas las organizaciones o elementos integrados en ella existentes en el país o que pudiera surgir del proceso que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.

La función de las unidades de inteligencia militar –que en el área 113 estaban a cargo del Destacamento de Inteligencia 101 en calle 55 entre 7  y 8 de La Plata, al mando del coronel Alejandro Arias Duval- fue diseñar y controlar el accionar represivo, seleccionando blancos, determinando el orden de los detenidos, asignándole un destino de acuerdo a un patrón operacional y planificar la continuidad en el tiempo y el terreno de la actividad contrainsurgente. Este accionar no era improvisado ni espontáneo, se enmarcaba estrictamente en Reglamentos, Normas, Manuales y Órdenes de combate de las Fuerzas Armadas.

La Captura

Todo comenzaba con una operación que era casi siempre igual a sí misma,  un procedimiento mecánico: un grupo operativo (llamados Grupo de Acción Especial, GAE en la terminología de la inteligencia militar) formado por seis u ocho personas armadas se desplazaba en dos o tres automóviles hacia una “zona verde” o “zona libre” donde irrumpían violentamente en un domicilio –generalmente de noche- y secuestraba un hombre, una mujer, una familia entera, un adolescente, un anciano, un “objetivo” previamente confirmado a través de una precisa cadena de mandos precisa. En sus declaraciones a la CONADEP, el suboficial del Ejército Orestes Vaello (Legajo Conadep 3675) describió minuciosamente (y aportó copias cuyos originales no han podido ser aun fehacientemente contrastados con los originales en sede judicial)  las fichas que los destacamentos de Inteligencia militar usaban para determinar y controlar la acción represiva sobre sus objetivos.

Luego del secuestro, el paso siguiente era el traslado del “paquete” -como llamaban a las víctimas los miembros de las patotas- al QTH prefijado, un LRD (Lugar de reunión de detenidos), un centro clandestino de detención, donde otra rutina, siniestra e inhumana se ponía en marcha: el interrogatorio bajo diversas formas de tortura y el cautiverio por días, semanas y meses en condiciones de privación sensorial (encapuchados), atados o encadenados, mal alimentados y en precarias condiciones de salud por la tortura y la falta de higiene. En La Cacha esta metodología alcanzó un grado extremo de sofisticación.

La cueva de la bruja

Según los relatos de los sobrevivientes, el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje de Hijitus, la bruja Cachavacha, que tenía una escoba que “hacía desaparecer gente”. La dinámica interna de este centro clandestino se caracterizó básicamente por dos aspectos novedosos: era un centro “interfuerzas” donde actuaban el Ejército, la Marina y personal penitenciario en forma relativamente independiente; en él se aplicaron técnicas de reunión de información más sofisticadas que en otros centros y algunos de sus interrogadores eran estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata devenidos en agentes civiles de inteligencia.

La creación de La Cacha es indicativa de un momento –desde diciembre de 1976, nueve meses después del golpe del 24 de marzo- en el que las fuerzas represivas buscaban precisar, hacer más eficiente, más “científico”  el trabajo de inteligencia apuntando no sólo a la obtención de información de uso “táctico” sino a una perspectiva de más alcance: obtener la colaboración activa y el “quiebre” ideológico de algunos detenidos.

Las patotas secuestraban a los objetivos y los entregaban al personal de guardia o al grupo de interrogadores de la fuerza que correspondía. Una vez concretadas las sesiones de  tortura, el secuestrado era custodiado por guardias que hacían turnos de 24 x 48 horas y eran alternativamente pertenecientes a alguna de las fuerzas mencionadas. Estos guardias tenían vedado interrogar o interactuar con los detenidos, que “pertenecían” a quienes los habían “levantado”.  En la práctica esta compartimentación no siempre se respetaba y debido a ello existía cierto intercambio, cierto diálogo con algunas guardias que fue la base de información valiosa para la instrucción de la causa judicial.  Pero también es cierto que muchas de estos intercambios eran promovidos por los agentes civiles de inteligencia que hacían guardia en la Cacha con el objeto de ganarse la confianza de los secuestrados y extraer información.

La construcción constaba de un sótano, una planta baja y un primer piso. Se sabe -por testimonios de sobrevivientes- que en el entrepiso entre la planta alta y la planta baja donde los prisioneros permanecían encadenados, se habían instalado grabadores. Esto fortalece la presunción de que la relativa flexibilidad que mostraban algunos guardias era parte de una maniobra destinada a obtener información no en base a la presión del maltrato y la tortura sino al clásico juego del “policía bueno” o a los diálogos entre los detenidos cuando éstos suponían que no estaban siendo vigilados.

Otro aspecto indicativo de la combinación de diversas técnicas de inteligencia fue la participación activa de secuestrados “quebrados” que colaboraban con los represores en la obtención de información incluso durante las sesiones de tortura, cotejando los dichos de las víctimas con su propia información y orientando a los interrogadores en las preguntas. También entrevistaban detenidos en interrogatorios sin tortura planteando discusiones en torno a cuestiones políticas e ideológicas, mostrando las ventajas de transformarse en colaborador, de cambiar de bando.

Uno de los rumores que circulaban por la Cacha –seguramente promovido por los represores- aludía a la existencia de una “Cacha o Cachavacha Super Star”, un lugar retirado, supuestamente una quinta donde una vez superada la instancia de la tortura, algunos de los secuestrados –quizás los menos comprometidos- serían ubicados para disfrutar de un régimen más benigno, con visitas de familiares, sin maltratos ni privaciones, un módico Paraíso después del infierno al que supuestamente eran trasladados algunos de los detenidos que habían colaborado.

No hay noticias de que ninguno de ellos haya sobrevivido. Sus asesinos, en cambio, hoy pueden salir en libertad.