La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados dictaminó a favor del proyecto de ley de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis. La iniciativa -que corre el riesgo de perder estado parlamentario por tercera vez- actualiza la legislación de 1990 y aborda las determinantes sociales de la salud. Sin embargo, adopta la fórmula genérica “grupos de población clave”, eludiendo así un debate no saldado: el trabajo sexual.
El miércoles pasado, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dictaminó a favor del proyecto de ley de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis. La iniciativa busca actualizar la Ley Nacional de SIDA vigente desde 1990. Se trata de una iniciativa elaborada por organizaciones civiles, redes de personas con VIH y hepatitis virales, el Ministerio de Salud y las sociedades académicas y científicas. Un trabajo colectivo que lleva ya varios años para darle a la legislación un abordaje que no solo se enfoque en los aspectos biomédicos, sino también en las determinantes sociales de la salud.
“En los últimos cuarenta años, desde que se descubrió el VIH, hubo muchísimos avances científicos que han permitido que podamos vivir con VIH y tener una mejor calidad de vida. Lo que la ley vigente todavía no tiene es el abordaje social del VIH. Un enfoque que proteja a las personas en el ámbito laboral y educativo, y que proporcione una protección con relación a los derechos humanos en general”, dice Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo.
El proyecto lo presentó en la Comisión de Salud la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos de Entre Ríos. En la iniciativa se trabajó de acuerdo con las metas fijadas por la Organización de las Naciones Unidas para controlar la expansión del VIH conocidas como 90-90-90: que el 90 por ciento de las personas conozcan su diagnóstico a tiempo, que el 90 por ciento sea no detectable y que otro 90 por ciento reciba atención adecuada.
La iniciativa, además de incorporar las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual (ETS) y las tuberculosis, establece que las personas que padezcan alguna de estas enfermedades podrían jubilarse a los cincuenta años y acceder a pensiones no contributivas en caso de percibir remuneraciones por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, incluso cuando tengan trabajos en relación de dependencia.
“Esto es importante porque está comprobado científicamente que hay un envejecimiento prematuro en aquellas personas que tienen el virus por mucho tiempo, o que están en tratamiento con antirretrovirales por muchos años -explica Muñoz-. Además, los datos epidemiológicos nos han mostrado que quienes mueren por una enfermedad relacionada con el SIDA son personas arrojadas a la pobreza. Por eso, este proyecto de ley también prevé trabajar sobre los determinantes sociales de la salud, para terminar con las inaceptables muertes por SIDA”.
José María Di Bello, titular de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), agrega una dimensión adicional: las personas afectadas por algunas de estas enfermedades también padecen una situación de vulnerabilidad laboral. Suelen ser expulsadas del mercado. “Es habitual que se sigan haciendo testeos de detección forzosa del VIH en los análisis preocupacionales, lo que genera una situación de discriminación y una barrera para el acceso al trabajo. Casi el setenta por ciento de las personas con VIH se atienden en el sistema público de salud debido a que no tienen trabajo registrado”, señala Di Bello.
Según el último Reporte Epidemiológico de la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis C y TBC, actualmente viven en el país 136 mil personas con VIH positivo. Se estima que un 17 por ciento lo desconoce y desde hace varios años se detectan de manera sostenida alrededor de 5 mil nuevos casos al año. Además, se estima 332 mil personas están infectadas con el virus de la hepatitis C, pero solo el 35 por ciento fueron diagnosticadas, según el informe Las hepatitis B y C bajo la lupa elaborado por la Organización Panamericana de la Salud. En cuanto a la tuberculosis, según los datos oficiales, durante 2019 se notificaron 12 mil 499 casos, de los cuales el 78 por ciento en la población en edad productiva (20 a 44 años).
El proyecto declara de interés nacional a los medicamentos, vacunas y productos médicos para el tratamiento de estas enfermedades y prevé la utilización de las salvaguardas de salud incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), ya que muchas veces las patentes se convierten en barreras de acceso a la salud. También contempla la participación activa de las personas afectadas en la elaboración de los lineamientos para el diseño y la implementación de las políticas públicas -en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos- y propone la creación de una comisión nacional interministerial e intersectorial de asesoramiento en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, además de un observatorio sobre el estigma y la discriminación.
El primer texto para modificar la Ley de VIH actual se presentó en 2016. Lo hizo el diputado entrerriano Jorge Barreto. En 2018, tras perder estado parlamentario, la por entonces diputada Fernanda Raverta volvió a presentar el proyecto, en esa oportunidad con el agregado de los artículos referidos a pensiones y jubilaciones. La iniciativa actual se presentó en 2020, luego de que la anterior perdiera estado parlamentario por segunda vez. Ahora, el texto debe ser aprobado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto para quedar habilitada su media sanción en Diputados. Si eso no ocurre antes de fin de año, el proyecto volverá a perder estado parlamentario.
“Todas los grupos de riesgo deben ser nombrados porque merecen políticas específicas”, señala Matías Muñoz, de la Asociación Ciclo Positivo.
Las poblaciones en riesgo
Uno de los puntos más conflictivos del dictamen fue la inclusión de las poblaciones vulnerables comprendidas en el texto. “En el espíritu inicial, nuestra población estaba contemplada para poder recibir acceso a la salud, para trabajar en la erradicación del estigma y la discriminación, y también para realizar una campaña de sensibilización hacia nuestro colectivo”, dice Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. La entidad reclama que se reincorporen en el texto el detalle de las poblaciones vulnerables, entre las cuales figuraban en un principio las trabajadoras sexuales, el colectivo travesti trans y las mujeres viviendo con VIH, entre otras.
Orellano puntualiza que en el proyecto que consiguió dictamen no se discutió ninguna legislación en torno al reconocimiento al trabajo sexual -uno de los cuestionamientos que recibió la iniciativa- y que el texto aborda la problemática desde la óptica de la salud pública. “A nosotras nos cuesta un montón acceder al sistema sanitario, más allá de que sea público, porque hay muchos prejuicios, estigmatizaciones y discriminación hacia nuestro colectivo y nuestro trabajo. Esto conlleva a que las compañeras cuando tienen algún problema no acudan ni a un centro de salud ni a un hospital”, explica Orellano.
Sobre este punto, Gaillard afirma que durante el debate en la Comisión de Acción Social y Salud Pública “hubo consenso en que era muy positivo individualizar a las poblaciones en riesgo y que la fórmula adoptada, que habla de población en extrema vulnerabilidad, de alguna manera recoge a todas”. Admite, sin embargo, esto puede ser mejorado en la reglamentación, donde sí podrían estipularse de manera concreta cada una de las poblaciones alcanzadas. “No lo hicimos para evitar un debate que aún no ha sido saldado por el feminismo, y que tiene que ver con el trabajo sexual y la prostitución, el abolicionismo y el no abolicionismo”, señala Gaillard.
Las poblaciones vulnerables han sido enumeradas por la ONU y ratificadas en la Argentina. Las denomina “grupos de población clave” e incluye a trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas transgénero, personas en situación de encierro y hombres homosexuales. Según ONUSIDA, el grupo representó en 2015 el 45 por ciento de todas las nuevas infecciones por el VIH a nivel global.
“Todas estas poblaciones deben ser nombradas porque merecen políticas específicas, tanto de prevención y tratamiento, como de atención integral, pero en lugar de enumerarlas como corresponde, los diputados y las diputadas de la Comisión decidieron sacarlas, porque había conflictos entre distintas opiniones sobre el trabajo sexual y las personas en situación de prostitución”, se lamenta Muñoz. Al igual que Orellano precisa que “en este pequeño inciso no pretendía legislar sobre trabajo sexual ni reconocerlo legalmente”.
Más allá de la críticas, todas las organizaciones involucradas en la elaboración del proyecto coinciden en la necesidad de actualizar la legislación de 1990. La hoja de ruta se sencilla: que la iniciativa obtenga el dictamen de la Comisión de Presupuesto y que Diputados otorgue media sanción. Luego, la intención de los impulsores, es continuar profundizando el debate para incluir con mayor detalle en la reglamentación de la norma los grupos de riesgo alcanzados. “Queremos que salga, es un muy buen proyecto. Fue trabajado con muchas organizaciones que integran el Frente Nacional de Personas Viviendo con VIH. Es una ley urgente. Hay personas que no pueden seguir esperando”, dice Orellano.
“Celebramos el dictamen, pero nos quedamos con el sabor amargo de que se hayan sacado a todas las poblaciones clave y se las haya invisibilizado. Sin embargo, tenemos la esperanza de volver a mencionarlas a todas por vía reglamentaria”, agrega Di Bello. Muñoz coincide con esta idea y concluye que “borrar a las poblaciones es un retroceso, pero también entendemos que este es un proyecto que se viene discutiendo desde hace muchos años y que esto no debería frenarlo. Nos tocará trabajar en la reglamentación para volver a llamar a las cosas por su nombre”.
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