En un período de pocos días, un tribunal de Jujuy absolvió al campesino Rodolfo Páez en un juicio por “usurpación” de la tierra que su familia ocupa hace casi un siglo, mientras en Santiago del Estero, una patota policial quemó a otro campesino, Héctor Reyes Corvalán para desalojarlo, le destruyó el rancho y le robó el ganado. Dos casos de una lucha interminable.
El pasado 20 de septiembre, los tres jueces que integran el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Jujuy absolvieron por unanimidad al campesino Rodolfo Páez, que había llegado a juicio acusado de usurpación de tierras por la empresa Finca La Jujeña S.A, una firma vinculada a Carlos Pedro Blaquier. Páez vive en el Paraje Las Vertientes, en Palma Sola, Jujuy, desde hace 50 años. La familia de su esposa, Jacoba Lidia López, habita ese territorio desde hace casi cien años.
Hace pocos días, la foto del cuerpo quemado de Héctor Reyes Corvalán recorrió las redes y los medios. Fue en Santiago del Estero, durante un violento desalojo en el paraje Sucho Pampa, departamento Pellegrini, que llevaron adelante una decena de policías en el lote de Corvalán para hacer cumplir una orden de desalojo. Hubo balas de goma, prendieron fuego su rancho, mataron a sus perros e hicieron “desaparecer” a unas 200 cabezas de ganado. El hombre quedó internado en estado delicado.
Rolo Páez durante el juicio en Jujuy.
Dos caras de la moneda
El ataque a Corvalán y la absolución de Páez son dos caras de una misma moneda. Una, atroz e insoportable; la otra, con un leve gusto a alivio. Pero ambas refieren a una misma realidad: el avance sobre las tierras en las que comunidades originarias y campesinas habitan, cultivan y crían a sus animales.
El día que absolvieron a Rodolfo Páez -Rolo, como le dicen sus familiares y vecinos-, los campesinos de Palma Sola celebraron. No porque hubieran terminado con la larga historia de hostigamientos y amenazas, sino porque una sentencia condenatoria habría dejado la puerta abierta para el desalojo de Páez y su familia.
“La tierra se defiende en el territorio”, dijo la abogada María José Castillo minutos después de que el Tribunal diera por terminado el juicio a Páez. Había emoción, claro que sí, pero también la certeza de que el judicial no es el campo de batalla para dirimir una problemática que no consiste en hechos o casos aislados, y que lejos está de poder resolverse con una sentencia.
Rodolfo Páez se instaló hace 50 años en el paraje Las Vertientes, municipio de Palma Sola, departamento Santa Bárbara. Fue cuando se casó con Jacoba Lidia López, que nació allí y cuya familia habita el lugar desde hace más de cien años.
“Trabajamos con la hacienda, sembrando, arando la tierra y dándole de comer a los animales. Sacamos maíz para los chanchos, alfa para los animales. Trabajamos y dejamos trabajar sin molestar a nadie”, describe Rolo.
En el juicio oral se lo juzgó por el delito de usurpación, a partir de la denuncia de la empresa El Mistol cuyo fin es desmontar 12 mil hectáreas para sembrar soja. Esa denuncia data de julio de 2014, cuando familias campesinas de la zona marcharon para protestar por el avance de los desmontes, luego de numerosos episodios que incluyeron matanzas de animales, ingresos violentos por parte de integrantes de la empresa y amenazas de todo tipo. Tras pasar algunos días detenido, Páez fue procesado por la justicia penal.
Integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Jujuy se instalaron afuera de Tribunales en cada una de las audiencias del juicio a Páez. Para apoyar a él y a su familia, pero también para montar una pequeña feria en la que mostraron y ofrecieron los frutos de la actividad productiva y artesanal que practican.
Porque además de la tierra que habitan los campesinos, está en juego la soberanía alimentaria de los pueblos.
Son seis las familias campesinas que viven en el lugar, ocupando y trabajando unas 2 mil hectáreas. Si bien la empresa El Mistol es titular registral de 17 mil hectáreas, no ha tenido nunca la posesión de estas tierras, porque allí están las vacas de las familias campesinas.
Gloria Mamaní es vecina de Rolo y una activa participante de la pelea por los territorios campesinos con la Organización Tierra Fértil. “Estos avanzan diciendo que somos usurpadores o entran con el desalojo silencioso”, comenta.
El “desalojo silencioso” es como le llaman ellos a otra forma de hostigamiento que padecen día a día: “Empiezan a envenenarte, a fumigarte, a contaminarte el agua, porque nosotros tomamos el agua de los arroyos o de pozo, y contaminan las napas y así logran el desalojo porque uno no tiene cómo seguir viviendo en ese lugar”, describe Gloria.
“Sin ir más lejos -continúa-, hace dos semanas estaban fumigando frente a mi casa y tuve que llevar a mi niña al hospital porque le brotó toda la piel, y a mi hermano le afectó la vista. Todo eso que hace el glifosato. Fui, hicimos la denuncia, lo pararon un rato, pasó el móvil de la policía y siguieron con la fumigación”.
La ley dice que quien trabaja y habita la tierra tiene derecho a permanecer en ella, y el Código Civil defiende al poseedor. “Acá no estamos hablando de quién tiene los títulos, porque los papeles se venden y se compran. La ley les da derecho a los poseedores de permanecer en su tierra y a defenderla de los actos de despojo”, precisa la abogada Castillo.
El agronegocio maneja diversas estrategias para avanzar sobre las tierras campesinas. Las amenazas y el hostigamiento son cosas de todos los días. Están también las denuncias penales, como la que presentaron contra Páez. En todos los casos, el objetivo no es llegar a juicio sino forzar a las familias a firmar convenios de cesión de derechos.
De hecho, la empresa El Mistol intentó forzar a la esposa y el hijo de Rolo para que firmaran un convenio por el cual se les concedía el uso de apenas 20 hectáreas. Pero la familia tiene un centenar de vacas, cada una de las cuales necesita 5 hectáreas para vivir. “A la gente la corren y las amenazan con armas”, describe Rolo.
“Son distintas estrategias que van usando las empresas para desalojar a los campesinos. En este caso avanzó el proceso penal porque la familia opuso resistencia y no firmó ningún convenio de pérdida de derechos”, relata Castillo.
Anastasia García, de la Organización Tierra Fértil, reveló que en los últimos dos años se agudizaron los conflictos. Algunos son conflictos de vieja data, aclaró, pero “en los últimos dos años la coyuntura ha permitido que el agronegocio y los negocios inmobiliarios avancen sobre tierras campesinas”.
El departamento jujeño de Santa Bárbara es el territorio de las zonas bajas de Jujuy, que son las más accesibles para granos, soja y poroto. Y es allí donde se produce el mayor avance sobre montes que históricamente fueron ocupados por familias campesinas. “Los desmontes avanzan, de forma legal o ilegal”, sintetiza García.
Los desmontes indiscriminados crecen desde el 2004, según recuerda Gloria Mamaní. Y si bien es cierto que la tierra se defiende en el territorio, los campesinos pelean todas las batallas. En 2011 presentaron un amparo ambiental por una finca de 10 mil hectáreas, un juicio que ganaron el año pasado. Y la localidad de Palma Sola fue declarada por el Deliberante local como Área Campesina, para protegerla.
También hay una ordenanza, a instancias del movimiento campesino, que regula a cuántos metros de las casas de las familias se puede fumigar. “Pero ellos avanzan igual, ilegalmente. Lo mismo te atropellan”, dice Gloria, y da un ejemplo: “Acá hay un barrio que se creó después de un aluvión de 2001, que está alejado del pueblo, rodeado de campos de soja, y pasan fumigando por arriba de las casas”.
La empresa El Mistol, la que denunció a Páez por usurpación, antes se llamaba La Jujeña. La abogada María José Castillo confirma que miembros de la familia Blaquier aparecen como accionistas. Pero son varias las grandes empresas que están detrás del avance del agronegocio en el departamento de Santa Bárbara. Hay un conocido empresario de Salta de apellido Cervera, socio del senador Alfredo Olmedo; está también Horacio Macedo Moresi, un funcionario de Migraciones del gobierno de Eduardo Fellner y actual juez federal, pariente del ex embajador argentino en Bolivia, Horacio Macedo, y está además la familia de Guillermo Jenefes, ex vicegobernador de Fellner.
Héctor Reyes Corvalán, desalojado y quemado.
El 6 y 7 de octubre se realizó allí en Palma Sola el Primer Encuentro Regional NOA en Defensa del Territorio, organizado por la Asociación Tierra Fértil, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, con el apoyo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unversidad Nacional de Jujuy. El objetivo fue compartir con comunidades aborígenes y campesinas sus modos de vida y de producción, pero sobre todo debatir cómo profundizar las estrategias en defensa del territorio.
En un alto de las actividades, Gloria Mamaní contó: “Anteayer mismo, el encargado de Macedo me amenazó con un machete porque le hice parar la fumigación. Le dije: vos estabas envenenando a mi familia, a mi hija, a vos no te va a gustar que yo vaya y le tire glifosato en la cabeza a tu hija. Pero bueno, me vino a tratar mal en mi domicilio”.
La Carlos Paz jujeña
La Organización Tierra Fértil y el MNCI llevan adelante además acciones en defensa de más de cien familias campesinas de la zona de los Perilagos, en el departamento El Carmen, que está amenazada por un proyecto del gobierno provincial, que según definió el propio gobernador Gerardo Morales busca convertir la zona en un “Villa Carlos Paz”.
El problema es que los habitantes del lugar trabajan la tierra y crían sus animales, producen alimentos y hacen artesanías. Los defensores del proyecto dicen que van a crear puestos de trabajo, pero los campesinos no tienen ninguna intención de cambiar su modo de vida.
A partir de la presentación de un amparo ambiental, el proyecto está parado hasta que se expida el Superior Tribunal de Justicia. Anastasia García explica: “Los jueces tienen que resolver si es como decimos nosotros, que la ley que habilitó la venta de esas tierras es inconstitucional”, en referencia a la ley aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2017.
Si bien el gobierno elaboró en su momento un informe de impacto ambiental, las organizaciones campesinas aseguran que es “impresentable”. Además, avanzaron con el proyecto a pesar de que en la audiencia pública que convocaron, la mayoría de los participantes había impugnado la iniciativa.
El juez en primera instancia rechazó el planteo de inconstitucionalidad pero falló a favor del amparo. “Entonces el Estado tuvo que retrotraer todos los avances del negocio inmobiliario, porque en pocos días iban a vender las tierras”, repasa García.
Lo cierto es que el emprendimiento de Morales tuvo que volver a cero. “El Estado tuvo que reconocer que había hecho muy mal las cosas, y ahora tienen que empezar de nuevo. Lo bueno es que al menos la justicia está poniendo el ojo en cada paso que dan”, analiza García.
