(Desde Esquel) Martín Zacchino requirió al Procurador de Chubut que opine sobre el retiro de la acusación contra la comunidad mapuche que había resuelto la Fiscalía. En la práctica es una decisión que permite seguir persiguiendo a los pueblos originarios, como piden Bullrich y Benetton. (Foto de portada: Alejandra Bartoliche).
El juez de Esquel, Martín Zacchino, se sacó la responsabilidad de definir la suerte de la causa por “usurpación” iniciada por el grupo Benetton contra la Comunidad mapuche de Cushamen, y en un dictamen que abre la puerta a una condena, postergó por 10 días la resolución. Al mismo tiempo pidió la intervención del Procurador de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, para que analice la decisión del fiscal de retirar la acusación.
Se esperaba que ayer el magistrado tomara una resolución en torno a la continuidad o no del proceso abierto por la denuncia de la Compañía Tierras del Sud contra siete integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. La empresa había presentado denuncias por “usurpación”, “abigeato”, y “tenencia de armas ilegales”.
El juez Martín Zacchino pateó la pelota afuera.
En la jornada del pasado lunes, el Fiscal Oscar Oro no sostuvo la denuncia y retiró la acusación de la fiscalía contra Facundo Jones Huala (lonko de la comunidad), Andrea Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo, Sergio Ruiz y Luis Alberto Cayutur.
Sólo el abogado de la firma de Luciano Benetton prosiguió con la denuncia.
El juez Zacchino tenía en sus manos la resolución del tema, pero prefirió trasladar la responsabilidad al Procurador Miquelarena, a quien solicitó que analice la decisión del Fiscal Oro de retirar la acusación.
Miquelarena es, justamente, uno de los tres Procuradores de la Patagonia que -tal como reveló En estos días- firmó un documento con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comprometiendo el trabajo conjunto para la “persecución penal del fenómeno criminológico vinculado al accionar de la organización” Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Ese compromiso fue también rubricado por el Procurador de Río Negro Jorge Crespo, y el Fiscal General de Neuquén, José Ignacio Gerez.
El Procurador Miquelarena, en sintonía con Bullrich.
Si bien en el documento que suscribió el Procurador -que ahora deberá “analizar” la decisión del Fiscal Oro de retirar la acusación contra la Comunidad-, se caracteriza a la organización RAM como “un grupo radicalizado cuyo accionar se caracteriza por hechos de agresión y violencia, consignas secesionistas y reivindicaciones de la lucha armada como medio para lograr sus objetivos”; el propio texto se admite que “existen investigaciones preliminares o causas judiciales sustanciadas por la comisión de delitos de competencia ordinaria, en las cuales la presencia de algún elemento podría sugerir una vinculación con hechos que tienen como posible autor a algún miembro de la RAM”.
En la práctica, si la decisión del juez Zacchino hubiera sido avalar el planteo del Fiscal Oro y no proseguir con el juicio por la supuesta “usurpación”, se hubiesen caído un importante número de argumentos utilizados por el ministerio de Seguridad de la Nación para justificar la creación del Comando Unificado anti RAM.
Ese documento -firmado por Nación y las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén- tiene su se basa en la existencia misma de la pu lof en Resistencia Cushamen, y la supuesta “usurpación” en tierras apropiadas por Benetton.
Si el Estado -vía el Poder Judicial de Chubut- hubiese desestimado ese delito, se habrían caído buena parte de las justificaciones narradas por Bullrich para perseguir a las comunidades mapuches.
