La visita a Formosa del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, intentó contrarrestar las denuncias de las violaciones de derechos cometidas por el gobierno de Gildo Insfrán en la aplicación de los protocolos anti Covid, especialmente en las comunidades indígenas. La guerra discursiva entre gobierno y oposición sobre el caso termina perjudicando aún más a las víctimas: los pueblos originarios de la provincia.

El jueves pasado, luego de dos días de visita a Formosa para interiorizarse in situ sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán en el marco de las acciones de prevención y control de la pandemia de Covid-19 en la provincia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, convocó a una conferencia de prensa y dijo: “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa”.

Ese mismo día, en un tuit, insistió: “Pudimos constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención”.

Luego de esas declaraciones, la referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Formosa, Berta El Gandur, respondió: “Pietragalla al decir ‘no hay violación sistemática de los derechos humanos’ se refiere a lo que sucedió en la época de la dictadura, donde a propósito te llevaban a un centro clandestino donde te torturaban y te desaparecían. Esa violación sistemática no se da. Lo que elípticamente eludió decir refiriéndose al pasado y a la comparación que se hizo acá se obvia de hablar de la vulneración de derechos que hay”.

Y agregó: “En la reunión reconoció los excesos y se comprometió a realizar recomendaciones al Gobierno de Insfrán, nosotros vamos a esperarlas y exigir que las haga”.

La aclaración de El Gandur sobre los dichos de Pietragalla arroja un poco de luz sobre la veracidad de violaciones de los derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a los pueblos originarios, que el secretario de esa cartera nacional quiso minimizar, pensando más en la pelea política superestructural entre el gobierno y la oposición que se desarrolla a nivel nacional que en la dramática situación de las personas de carne y hueso discriminadas y reprimidas en la provincia de Formosa.

El cronista que reseña estas declaraciones conoce de primera mano desde hace años la situación de discriminación y represión que viven las comunidades wichí, qom, nivaclé y pilagá de Formosa, provincia que visita periódicamente para seguir esos hechos, sobre los que ha escrito primero en Miradas al Sur y luego en Socompa.

Esa situación es producto de dos factores fundamentales. El primero de ellos es cultural y se puede sintetizar en el desprecio de la sociedad “blanca” o “gringa” de Formosa por los indígenas, a los que considera seres humanos de segunda. El segundo, complementario, son los intereses económicos sobre la explotación de las tierras provinciales y que se traduce en la tala indiscriminada de bosques – hábitat milenario de esas comunidades – para expandir la frontera agropecuaria, la usurpación de tierras ancestrales, incluidas las protegidas por la ley y la superexplotación de mano de obra barata.

Eso que se señala lo encubre o lo lleva a cabo el gobierno de Gildo Insfrán, pero el cronista está convencido de que nada cambiaría si estuviera gobernando la oposición. En todo caso, lo que gobierno y oposición formoseños se disputan es el manejo y las prebendas que dejan esos negocios, cuyos mayores perjudicados son el medio ambiente y los pueblos originarios.

La utilización del Covid

En notas anteriores, Socompa informó sobre la modalidad de control sanitario aplicada por las autoridades formoseñas en las poblaciones indígenas del oeste provincial: controles y traslados compulsivos, ocultamiento de resultados de los hisopados, traslados nocturnos – virtuales secuestros – a los centros de aislamiento, y represión de las protestas.

Detrás de la situación sanitaria aparecen otras realidades que incluyen la utilización de los protocolos anti Covid para la criminalización de los pobladores indígenas, la creación de centros de aislamiento que están más cerca de la cárceles que de instituciones de salud, un negociado enorme con el aislamiento de personas en esos centros – del cual Socompa tuvo acceso a las cifras del instalado en el Estadio Cincuentenario -, y represión brutal de las protestas contra las condiciones infrahumanas que soportan las personas en esos centros, a los que muchas veces se las lleva de noche, luego de sacarlas de sus casas.

“Un día antes de que Pietragalla llegara a la provincia, el gobierno desmanteló muchos de estos centros y envió a la gente de vuelta a sus casas, a que se volvieran como pudieran, porque muchos de los indígenas allí internados habían sido trasladados, en algunos casos, desde lugares distantes a 580 kilómetros”, señaló Leonardo Dell Unti, de la Asociación por la Cultura y el Desarrollo (APCD) de Las Lomitas, a este cronista.

Una reunión y dos versiones

Antes de la conferencia de prensa, Pietragalla mantuvo una reunión con Berta El Gandur de la APDH Formosa, Cintia Herrera abogada de la APDH Formosa (defensora de presos originarios en la provincia), el cura Juan Rosasco del Centro Monseñor Angelelli de Ingeniero Juárez, y Pablo Chianetta de APCD.

Los participantes fueron además en representación del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen – Endepa, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen Oeste – Edipa Oeste, la Fundación Manos de Hermanos de Estudiantes Wichi y la propia Iglesia de Ingeniero Juárez.

Todas estas organizaciones llevan años o décadas en la defensa de los derechos de las comunidades originarias de la provincia y – por lo menos en lo que respecta a lo que el cronista conoce – no pueden ser señaladas como actores del juego político partidario provincial.

El cronista tuvo acceso al documento que estas organizaciones elaboraron para informar a las comunidades indígenas formoseñas sobre lo que realmente se conversó en la reunión. Aquí se reproducen textualmente sus principales puntos (los resaltados son del autor de esta nota):

-En principio señalamos que venimos desde el territorio de la Formosa profunda, con todo el dolor y tristeza de los relatos de los miembros de las comunidades.

-Que queríamos compartir nuestra palabra y nuestra mirada de lo que estaba sucediendo en las distintas comunidades, los atropellos, las violaciones, los encarcelamientos, las condiciones de vida de los centros de aislamiento.

Protesta por detenciones y traslados.

-Volvimos a denunciar la prisión injusta y la violencia con que llevaron a: los 4 que pedían el resultado de los hisopados en el centro de salud del Barrio Obrero, los 15 de la zona de María Cristina por reclamar un banco móvil, las 4 chicas detenidas por 6 horas por pegar dos carteles donde expresaban su desacuerdo con los centros de aislamiento, los 12 que llevaron de la zona de Pozo de Maza por reclamar agua para sus comunidades. Entregamos las listas de sus nombres.

-Entregamos la lista de los que durante muchos días no se había informado donde estaban internados.

-Denunciamos las malas condiciones de los centros de aislamiento, el hambre, la falta de higiene, estar amontonados sin privacidad… todos vieron los videos del estadio Cincuentenario, pero eso se repetía en cada centro de aislamiento. 

-Entregamos copias de las actas de las comunidades que reclaman otras formas de tratar esta Pandemia, donde también se denuncia la violencia policial.

-Sumamos, a través de la APDH de casos de violaciones que pasan en Clorinda y Formosa.

-Pudimos también charlar de otros aspectos como el cumplimiento de la Ley de relevamiento de tierras indígenas, del equilibrio de la salud ambiental, de la deforestación en la provincia, de la educación, de las medidas ante la Pandemia, etc.

-Nos preguntaron nuestra opinión de la situación de las comunidades, pues el gobierno provincial les dijo que estaban muy bien y mejor que en Salta.

-Comentamos de la extrañeza que nos generaba que, ante la llegada de la comitiva, se empezaban a desmontar los centros de aislamiento del Covid en distintas áreas.

Tuvimos la impresión de una escucha atenta e interesada en lo que fuimos relatando.

Les solicitamos en forma reiterada su contacto y diálogo directo con las comunidades y sus miembros para recabar toda la información necesaria. Pusimos en disposición nuestros recursos institucionales, vehículos, comunicación, etc. Enfatizamos la generación de espacios de encuentro y diálogo. Les pedimos que para diseñar las estrategias sanitarias en territorios y comunidades indígenas, deba consultarse a los pueblos indígenas, en forma libre y anticipada, tal como lo dice el tratado de la 169 de la OIT.

Les pedimos mantenernos informados de sus acciones en Formosa, que no informen solamente al gobierno, que las recomendaciones sean públicas.

Nos comunicaron, que el gobierno provincial duda de que las comunidades sean serias y que puedan asumir criterios responsables en esta pandemia. Dijimos que era tiempo de poner fin a suponer que los indígenas son niños y deban ser tratados como infantiles.

Todo esto nos hizo encender una pequeña luz de esperanza, basada en el diálogo generado.

Lamentablemente en la conferencia de prensa que el Equipo de Nación de DDHH brindó en Formosa, no encontramos las palabras que llevamos ni lo que nos dijeron en privado. Nos dejó en espera de sus observaciones o recomendaciones. Parece que aún la palabra de los miembros de las comunidades de la Formosa profunda, debe seguir repicando para que se escuche.

Hasta aquí el texto que, entre otras cosas, muestra las discrepancias entre lo conversado por Pietragalla en su reunión con los representantes de los organismos y lo que dijo después en la conferencia de prensa.

La carta de Amnistía Internacional

También después de la conferencia de prensa de Horacio Pietragalla, Amnistía Internacional dio a conocer una carta en la que coincide con los dichos de los representantes de los organismos que se reunieron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación.

En uno de sus pasajes señala:

El gobierno de la Provincia de Formosa dispuso la cuarentena involuntaria y obligatoria en Centros de Atención Sanitaria (CAS) como política sanitaria. Por su naturaleza, los mecanismos a través de los cuales se implementó, la cuarentena compulsiva constituyó una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria.  

Bloqueo en Comunidad La Esperanza.

Y agrega:

Entre las denuncias, surgen testimonios de personas que sufrieron y sufren el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que, por sus condiciones, las expusieron al contagio. Además, los plazos del aislamiento no fueron debidamente determinados, durando incluso más de 30 días, y las personas registraron una falta de acceso a los resultados de sus testeos de COVID-19 e información precisa sobre su situación de salud. Asimismo, los testimonios señalan que personal policial realizaba custodia las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud muy poco significativa. Por otra parte -según los relatos- en los centros se registró hacinamiento, falta de higiene, falta de ventilación, provisión escasa de alimentación, utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad, entre otras graves denuncias. Incluso, se han dado traslados y liberaciones repentinas ante el anuncio de la visita de la Secretaria de Derechos Humanos.

Resulta ocioso decir que Amnistía Internacional es una organización fuera de toda sospecha de participar en jugadas político partidarias.

Detrás de las versiones están los hechos, que son comprobables aunque se pretenda ocultarlos.

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