El aborto como hecho social y política pública

El reclamo de despenalización es en verdad estar por la vida. Las cifras de mujeres muertas en abortos clandestinos –número que se pretende minimizar- son temibles y hablan de un problema que debe ser encarado seriamente, desde la información, la ley y las políticas sanitarias. Este es el momento de empezar a andar el camino que haga legal la interrupción voluntaria del embarazo que, en definitiva, es el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo.

El 6 de marzo se presentará en Diputados, por séptima vez desde 2005, el Proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que contempla la despenalización del aborto realizado de manera voluntaria. Más allá de cierta sorpresa y justificadas suspicacias por esta intención del Ejecutivo de tratar este tema, es la primera vez en la historia de nuestro país que existe (existiría) una intención de darle estado parlamentario al hecho sanitario que se cobra más vida de mujeres cada año.

Genealogía telúrica del aborto

Hace años que el aborto es un tema (irreversible) de agenda pública pero no de salud pública. El aborto como hecho sanitario ha sido impuesto a fuerza de militancia pero fundamentalmente por estudios y trabajos realizados por el Movimiento de Mujeres. El Estado estuvo ausente en todo este proceso, salvo en el período del primer kirchnerismo (con Ginés González García como ministro), donde este tema tuvo un lapso y un espacio (parcial, luchado) en las políticas de salud pública.

Pocos hechos sociales como el aborto evidencian la esquizofrenia cultural argentina. Evidencia esa tensión entre los valores liberales, materializados en estructuras legislativas que parecen estar en las antípodas de las costumbres de buena parte de la población y los valores conservadores, religiosos, tan arraigados en ciertos sectores y zonas del país.

La paradoja central es que Argentina tiene legalizado el aborto desde principio de la década del 20’ del siglo pasado. Se contempla la interrupción del embarazo cuando existe riesgo de vida de la madre o cuando “sea producto del atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente” (increíblemente el texto de esta ley no está aggiornado). Como parámetro de modernidad, pensemos que Chile recién en 2017 promulgó la misma ley, casi 100 años después.

No existe noción de ley sin el concepto de totalidad. Sin embargo, esta ley no se aplica plenamente. Nunca fue sencillo practicar un aborto bajo las circunstancias que dicta la ley. ¿Qué impidió durante décadas la realización de abortos terapéuticos (vale insistir, contemplados por la ley)? La objeción de conciencia. La Objeción de conciencia es entendida como el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal, cuya realización produciría en el individuo una grave angustia moral. Es decir, durante mucho tiempo un valor religioso tuvo (tiene) mayor peso que una ley y que un hecho sanitario.

En 2012 la Corte Suprema (fallo F.A.L.), ante la judicialización de casos de abortos no punibles, es decir, ante la imposibilidad de realización de estos procedimientos terapéuticos por la negativa de las autoridades sanitarias y médicas, dictaminó que si bien la objeción de conciencia es reconocida, los establecimientos sanitarios tienen la obligación de disponer de todos los elementos y garantizar la interrupción del embarazo. Fallo conciliador, que da lugar a lo irracional del valor religioso pero que obliga a derribar los obstáculos en el proceso de interrupción del embarazo.

Para completar esta genealogía, queda comentar dos casos que terminan de describir el panorama y las tensiones y contradicciones en relación a este hecho social. Si bien Argentina cuenta, como expusimos, desde 1921 con leyes que contemplan la interrupción del embrazado por razones ya explicadas, recién en 2002 el Ejecutivo nacional crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional Nº 25.673). Programa hoy, desfinanciado. Luego, en 2007, el saliente ministro de Salud, Ginés González García (saliente por decisión de la recién asumida presidenta Cristina Fernández de Kirchner), implementa la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Este protocolo (relanzado en 2010 como Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y actualizado en 2015, recogiendo las recomendaciones de la sentencia F.A.L.) es una guía técnica destinada a los profesionales de la salud para llevar a cabo abortos terapéuticos.

¿Cómo es la situación de la aplicación de este protocolo a años de su implementación? Solo siete provincias adhieren al protocolo. Otras ocho adhieren de manera restrictiva (desautorizando el fallo de la Corte). Y las ocho restantes, no adhieren. Otro síntoma que muestra que la tradición de modernidad liberal en lo jurídico no guarda analogía alguna con las políticas públicas.

La guerra por el número

Si hay algo de lo cual podemos estar seguros, es que el aborto, en nuestro país, es un hecho social. Y, además, es un hecho sanitario, de salud pública. Un hecho social es un suceso individual que está socialmente mediatizado. En este caso, el aborto es un hecho individual mediatizado de manera impositiva por distintos factores sociales, desde la omisión estatal como política pública (sanitaria y educativa) y la prohibición legal, hasta la privación material de recursos y un sistema de contención.

El aborto viene estudiándose hace muchos años en todo el mundo y en nuestro país posee una gran tradición como objeto de estudio. Como en toda área de la ciencia, el saber es acumulativo. Es un hecho social que se conoce cada vez más, se conocen sus regularidades, patrones, características y, principalmente, los factores a los que está asociado.

Si hacemos un repaso de los atributos conocidos de este hecho social, debemos reseñar que en los países donde el aborto voluntario ha sido legalizado, han bajado significativamente su número. Se podrían dar varios ejemplos de esto, pero el caso de Rumania sirve por partida doble. En Rumania se legalizó el aborto voluntario en 1957 y luego fue ilegalizado en 1966. La prohibición causó un descontrol en el número de nacimientos, mortalidad infantil, materna y abortos. En 1989 se volvió a legalizar. Si se analizan por año, en 1990 en Rumania había casi un millón de abortos, siendo menos de 150 mil a 15 años después de su legalización.

Otro dato a tener en cuenta es que la religión no es un obstáculo para la legalización del aborto, como se puede ver en casos como Italia o España, países de gran tradición católica donde el aborto voluntario está legalizado.

También debemos señalar que el aborto es la principal causa de muerte en países periféricos. Lo es en Argentina. Hay un círculo asociativo perverso que tiene que ver con la pobreza, la mortalidad de mujeres gestantes y los abortos mortales y/o riesgosos. En Argentina la principal causa de muerte materna, son los abortos. En 2001, una de cada tres muertes maternas era por abortos realizados de manera insegura. Ese valor bajó (junto con la pobreza), 15 años después, a menos de uno de cada 5 muertes (17.6%, en 2016). 

Lo que se mantuvo estable es el aborto como principal causa de muertes maternas (siendo tremendamente elevados en algunas zonas del país, como algunas provincias de NOA y NEA, con valores quince veces superior a CABA). Nuevamente el factor presente es la pobreza. ¿Sólo las mujeres pobres abortan? Claramente, no. Pero sí son las que más se ponen en riesgo, las que se lastiman y las que se mueren. He ahí una regularidad sanitaria irrefutable.

La mortalidad materna ha detenido su caída y está estancada hace años (otro hecho social asociado a la pobreza). No parece un escenario lógico tener la intención política de bajar la mortalidad materna (hoy -2015, último dato publicado por la DEIS- la TMM es de 3,4 cada 10000 nacimientos, muy lejos del 1,3, meta que asumió el Estado Argentino en la OMS para el 2020) y mantener el aborto en la ilegalidad (es decir, sin definirlo oficialmente como un asunto de salud pública).

Otro dato importante (en un país con muy poca tradición de registro y estadísticas oficiales, con un valor superlativo para este caso) son los egresos hospitalarios del sector público por abortos practicados. En estos datos también se observan movimientos relacionados a los indicadores de mortalidad. Según datos de la DEIS, en la década del 90 había, números redondos, 55 mil egresos hospitalarios de mujeres por complicaciones por abortos autoinducidos. Esa cifra asciende a casi 80 mil en el año 2000 (plena crisis social) para bajar a 70 mil en 2005 y volver a los valores del 90 (53 mil) en 2010. Nuevamente vemos la relación entre mortalidad materna, pobreza y  abortos.

Estos datos son parciales, dado que sólo son egresos de complicaciones por aborto del sector público (no están los datos del sector de la salud privada). Justamente en esa relación (abortos realizados constatados / abortos totales realizados –en un lapso y lugar determinado), está el núcleo de la metodología de los métodos para la estimación de abortos totales. La complejidad del fenómeno a investigar determina un refinamiento de métodos de captación y metodologías de estimación de cantidades.

Como expusimos al inicio, el estudio del aborto tiene décadas de desarrollo a nivel mundial, y el número real (estimado) de abortos en Argentina, es el centro de la puja argumentativa (más allá de los galimatías religiosas). Según estudios oficiales, en Argentina se realizan entre 486 mil y 520 mil abortos por año (estimación del año 2005). ¿Cómo se llegó a ese número?

Al ser un fenómeno no directamente (o parcialmente) observable, la magnitud del aborto se estima. La estimación, es decir la predicción de un valor que no se puede contrastar empíricamente, es un procedimiento usual en otras disciplinas (en economía el consumo se estima, el nivel de precios se estima, las proporciones de distintas variables se estiman, etc.). La metodología para la estimación de abortos inducidos, se configura con la combinación de fuentes de datos oficiales y, esencialmente, con las características del contexto donde se investiga.

Los primeros datos sobre aborto en Argentina son de 1969 y sólo para la provincia de Buenos Aires (investigación de la CELADE). Mediante una encuesta, lo que se buscaba era conocer las características del fenómeno y de las personas que lo practicaron. Si bien no se estimó una cantidad, sí fue un gran paso para otorgarle su característica contextual, hasta entonces desconocida. Por ejemplo, se pudo constatar la relación entre los abortos y los niveles de instrucción y las características socioeconómicas. Luego, en la década del 90’, existieron otras investigaciones parciales.

El primer dato de cantidad de abortos estimados para toda la Argentina es la de Aller Atucha y Pailles (1997), que calculan la cantidad de abortos para el año 1991. La explicación de ese número, dicen los autores “relaciona la cantidad de nacidos vivos y la población femenina en edad fértil de ese mismo período para calcular la razón de aborto (555 por cada 1.000 nacidos vivos) y la tasa de aborto (50 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil)”. El número final es de 385.931 abortos para ese período.

En el año 2005, en una  investigación encargada por el Ministerio de Salud de la Nación (ergo, datos oficiales), las demógrafas Mario y Pantelides, llegan al número que actualmente se maneja de abortos en Argentina. El método utilizado para la estimación fue el método residual.

El método residual (Johnston y Hill – 1996), basa sus cálculos en relación a factores sociales, culturales y biológicos que impactan en la fecundidad de una sociedad. El método analiza la fecundidad real y la teórica, datos sobre el uso de métodos anticonceptivos, cantidad de abortos registrados y el índice de fecundidad posparto. A partir de estos datos (DEIS, y ENNyS, en Argentina), este método logra el número de abortos voluntarios final, de la relación entre los nacimientos teóricos esperados y los nacimientos reales en un determinado contexto.

El supuesto es que esos datos registrados son un subgrupo de la totalidad de abortos reales. Ese número real se estima calculando un ponderador. Es decir, cuántos abortos “ocultos” hay por cada registrado (egreso hospitalario). El número de abortos anuales estimados por este método para 2005, se ubica entre 486 mil y 520 mil abortos por año, y la razón indicaría que se realizan 0,68 abortos por cada nacido vivo. Cabe destacar que el multiplicador es más del doble para mujeres pobres que para las no pobres. El número final es una combinación entre ambas poblaciones.

No existen otras investigaciones que puedan arrojar un número para contrastar éste. Tampoco propuestas alternativas o metodológicamente serias, solo especulaciones.

La guerra por el número de abortos en Argentina busca desacreditar la veracidad del mismo, desconociendo la metodología que lo sustenta. Es uno de los pocos argumentos que tienen los grupos conservadores para evitar posicionarlo como problema de salud pública. La lucha es por la definición, es decir, por el sentido. Pasar del “homicidio” al hecho sanitario.

Aprovechando que estamos ante la oportunidad de debatir el aborto en el ámbito legislativo, sería interesante virar el peso argumentativo hacia los datos y la noción de hecho sanitario. Si bien el reclamo por el derecho de las mujeres a tener autodeterminación sobre su cuerpo es un derecho fundamental y legítimo, el peso como asunto de salud pública podría traccionar de manera más eficiente una resolución favorable en el Congreso.

Los datos están, son sólidos y categóricos. Si se logra imponer al aborto como hecho sanitario, en su significado y realidad, el Estado debe, necesariamente, asumirlo como tal y disponer de una política pública al respecto de manera inmediata. El Estado no puede desconocer un hecho sanitario que atenta contra la salud de gran parte de la población.

Hoy el estado parlamentario supone pragmatismo. En ese ámbito, ¿es útil discutir con un católico sobre la entidad humana del cigoto o es una estrategia más conducente mostrar los datos que existen sobre el aborto, sus causas y consecuencias? ¿Vale más hoy gritar “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o explicar que el aborto existe, es un hecho social, se cobra vidas y se debe normativizar y legalizar su interrupción voluntaria?

Incluso, en esa guerra ideológica de significado y de sentido, hay que dejar de hablar de aborto para pasar a hablar de la IVE, porque la voluntad de interrumpir un embarazo no deseado es un derecho individual pero también, y fundamentalmente, es un hecho sanitario que debe ser seguro, legal, gratuito y garantizado por parte del Estado argentino.