El gobierno creyó que con los votos y las imágenes positivas alcanzaba para torcerle el brazo a los dueños del poder. Es momento de imaginar formas diferentes para que proyectos justos como el de la expropiación de Vicentín no terminen encallados en la justicia. (Foto de apertura de Claudia Conteris).
Uno de los errores del kirchnerismo fue creer que la legitimidad que otorgan los votos es suficiente para afectar los intereses del poder real. El afonsinismo tuvo la misma idea y lo pagó con el brutal golpe de mercado de 1989. Menem entendió el mensaje y llamó a Bunge y Born y después al gran salvador de deudas privadas Cavallo para que le manejaran la economía.
Hubo una subestimación del poder económico, político, mediático y jurídico con la 125 y con Ley de Medios que fue aprobada en el Congreso luego de largos e intensos debates a todos los niveles sociales. Macri subió y la dejó sin efecto a los dos días sin obstáculos, ni cautelares, ni apelaciones. No por nada tienen la guita, son mayoría en el Poder Judicial –conservador, machista- y son dueños de los medios de más peso.
Actuar como si todo eso no existiera es un camino al fracaso. Algo de eso pasó en el caso Vicentín. La empresa ya había demostrado su capacidad de lobby con su expansión durante el macrismo y con la obtención de los créditos dudosos del Banco Nación. También su vocación de chantaje. Recién después de la iniciativa de Alberto Fernández empezaron los damnificados a aparecer públicamente. Seguramente fueron apretados porque si hablaban no cobraban. Y el concurso de acreedores está en el despacho de un juez de Avellaneda, la ciudad a la que le hicieron creer que le deben todo lo que son a la empresa. En una entrevista con Morales Solá uno de los Vicentín hizo un largo racconto de todo lo que había hecho la cerealera por su pueblo: escuelas, sociedades de fomento, parques y plazas. Al fin y al cabo, una ONG que nada tiene que envidiarle a Médicos sin Fronteras. En ningún momento, obviamente, se mencionó el hecho de los trabajadores de la empresa detenidos y desaparecidos durante la dictadura y menos aún a que el gobierno militar de Juan Carlos Onganía le cedió tierras fiscales. Se trata de gente acostumbrada a eso de recostarse en el poder.
Pero de repente, pasó de ser una empresa que se dedicó a estafar a cooperativas, proveedores, a dilapidar el dinero del Estado en operaciones más que dudosas, a ser el nombre del derecho inalienable a la propiedad, se joda quien se joda. La Nación usó el domingo como título: Masiva movilización en defensa del derecho a la propiedad privada.
¿No era previsible que todo esto pasara, que el juez redactara un fallo seguramente en acuerdo con los abogados de la empresa, que la oposición y su prensa adicta convirtieran lo que es un asunto comercial, lindante con lo delictivo, en una causa republicana?
Esto es solo una hipótesis puesta a la discusión. Tal vez se hubiera podido construir un espacio de presión/poder con todos los damnificados, incluidos los bancos privados donde Vicentín dejó un tendal. O hacer una investigación a fondo de dónde fue a parar todo el dinero que la empresa de los productores –cuyas cosechas vendió y nunca liquidó- y que recibió de la banca nacional e iniciar acciones legales –algo de eso parece empezar a intentarse- en vez de dejar que todo suceda en el fuero comercial (donde siempre pierden los acreedores) y donde prima el criterio que sostienen algunos comunicadores (como Majul, por ejemplo, aunque no lo diga con toda certeza) de que todo fue un problema de mala administración, aunque no aclaran que la cerealera se hizo con propiedades ajenas que son tan privadas como la de Vicentín. O, como se sugiere entre algunos economistas afines al gobierno que, a partir de los créditos del Banco Nación, el Estado se constituyera en socio mayoritario de la empresa. O difundir con claridad los datos de cómo la empresa preparó su convocatoria para operaciones, como mostró el ejemplar informe de Alejandro Bercovich en Brotes Verdes. Para poder hacerlo, solo tuvo que sumergirse en el pedido de convocatoria presentado al juez, información que está al alcance del gobierno.
Lo cierto es que en un momento en que la oposición y los medios se han lanzado a la más brutal ofensiva (incluso en el territorio de la cuarentena, con el latiguillo de “más testeos”) hay que diagnosticar bien. No se puede caer en la gran Sylvestre del “macrismo residual” opuesto a otro obligado a la sensatez por tener obligaciones de gestión. Es el mismo bloque que ha sido siempre. ¿O Gerardo Morales, el mismo que hizo encarcelar a Milagro Sala, se ha vuelto bueno, virus mediante? ¿O Rodríguez Larreta ahora celebra a los mismos cartoneros a los que se dedicó a combatir desde que asumió?
El poder económico es sólido, carece de escrúpulos y la prensa no se mete en sus asuntos. Acá se le puede preguntar a cualquiera cómo acaba, pero la intimidad empresaria es inviolable, allí no se entra. Son negocios privadísimos, aunque sus consecuencias sean públicas, como ha quedado demostrado en los aumentos abusivos de los precios durante la pandemia, por ejemplo. Un tema que no es solo local, los informes de Wikileaks de estafas financieras o las denuncias por los Panamá Papers no dieron en nada.
Por eso, habría que pensar en un poder que necesita reforzarse permanentemente aunque sienta que las razones y los votos le pertenecen. En la selva salvaje a que nos quieren llevar, con eso no alcanza.
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