El macrismo –que es mucho más que eso – gana las elecciones, el peronismo entrega lo que piensa que hay que entregar para recalcular cachitos de poder. Crónica de una renuncia anunciada.
Hijos de puta! Lo consiguieron, dijo el hombre al enterarse de la renuncia. No fue una sorpresa, sino un desenlace fatalmente anunciado y temido. El mismo día en que Mauricio Macri difundió las reformas sobre las que su gobierno viene trabajando, Alejandra Gils Carbó, titular de la Procuración General de la Nación (PGN), presentó su renuncia anticipada. En el último párrafo de su nota puede leerse que prefirió dar un paso al costado antes que el Poder Ejecutivo avanzara con un proyecto de ley que golpeara, aún más, sobre la institución que encabeza. La debilidad no desplaza la elegancia.
Había pasado sólo una semana desde las elecciones en las que el oficialismo superó el 40 % y la mayoría de los dirigentes de la oposición perdieron en sus distritos. Envalentonado y haciéndose el dictador Lanusse, Macri convocó a gobernadores, empresarios y sindicalistas amancebados, con miras de lograr acuerdos bajo el eufemismo de luchar contra la pobreza. Tal como se reconoció al aludirse a la liberación de las fuerzas productivas (traducirse como “cuanto menor control estatal más ganancias obtendremos”), se trata de una reproducción del modelo de Alfredo Martínez de Hoz, primer Ministro de Economía del dictador Videla. Fueron días de jolgorio oficialista y de recalculaciones para los gobernadores peronistas, quienes, para afrontar los próximos dos años en sus territorios, deberán trabajar con la precisión de un orfebre. El dinero convoca voluntades y promueve el espíritu societario.
En ese marco, asesores de Gils Carbó, junto a su flamante abogado defensor, el ex Ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián –con aceitado vínculo con los distintos sectores peronistas, esa fue la clave de su designación-, hicieron gestiones buscando consensos que permitieran mantener a la Procuradora. Alea jacta est, balbuceó un dirigente peronista con ínfulas de cruzar el Rubicón. Los gobernadores y senadores peronistas tenían un plan alternativo que se amoldaba a las apetencias del macrismo. El yin y el yan de la política doméstica echaba a rodar la cabeza de Gils Carbó, que no vio otra salida que la renuncia. Si necesitan negociar, el hilo se corta por lo más delgado, sobre todo si pueden intervenir en la elección del sucesor.
Si se observan los nombres que comienzan a escribirse en las servilletas MM, se tiene un mejor panorama sobre el futuro inmediato: Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, socio con derechos del diario La Nación y la Sociedad Rural Argentina –que acaba de coronar en el Ministerio de Agricultura a uno de los suyos-, cuenta entre sus filas a representantes de grupos económicos y defensores de represores; negoció con el gobierno de Macri la presentación de una demanda para sostener que para remover a la titular de la PGN no correspondía juicio político. El gobierno se allanó al reclamo, el fiscal se opuso, pero ese juececito le puso sal y lo consagró en una sentencia. Otro nombre es el del fiscal Ricardo Sáenz -ferviente defensor del peritaje de Gendarmería Nacional que consagró el homicidio de Nisman y conspicuo asistente a los actos macristas- tiene alto perfil, es uno de los más críticos de la labor de Gils Carbó y en 2010 reclamó a la Corte Suprema que se expidiera a favor de la constitucionalidad de las dos leyes más aberrantes dictadas en nuestro país, las de obediencia debida y punto final, dejando en claro su postura a favor de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, un tanto de acuerdo con lo dicho por Elisa Carrió en su función de lobista de torturadores y genocidas. Ésas serán las aspiraciones de máxima del macrismo. Habrá que ver qué rasca de la olla el peronismo en el Senado, y si, en el fragor de la negociación, puede colocar a uno propio con pecho suficiente para la cocarda (se nombra al Procurador salteño). Sin demasiado convencimiento, Carrió deslizó el nombre de José María Campagnoli, hombre de procedimientos rudos, sobre todo si de morochos se trata.
También puede verse la finalidad del oficialismo si se echa un vistazo a la gestión de Gils Carbó al frente de la PGN, a la que dotó de herramientas de peso como las Procuradurías contra el Narcotráfico –a cargo de Diego Iglesias-, el Lavado de Activos –de Gabriel Pérez Barberá-, de Trata y Explotación de Personas –de Marcelo Colombo-, la Violencia Institucional –de Félix Crous-, o de Crímenes de Lesa Humanidad –de Jorge Auat-. Si bien todas esas áreas han venido cumpliendo un rol destacado en las investigaciones respectivas, cabe resaltar la que están a cargo de Colombo, por su compromiso en investigar crímenes que padecen sobre todo los sectores más vulnerables –trabajadores, migrantes, mujeres, niños-; o la que está a cargo de Auat, por su compromiso en el proceso de memoria, verdad y justicia para las víctimas de la dictadura. Párrafo aparte merece la PROCUVIN, a cargo de Crous, que ha sido reiteradamente criticada por miembros del gobierno y sus órganos de prensa como Clarín, Infobae y LaNación, por su compromiso en la investigación sobre la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Crous fue varias veces insultado por escribas de Clarín, como Héctor Gambini y Ricardo Roa. Todos ellos –lo anunciaron esos mismos diarios horas después de la presentación de la renuncia- estarán en la cuerda floja a partir del 1° de enero próximo, con alta probabilidad de repercutir en la labor mantenida durante años.
Párrafo aparte merece la creación de las agencias territoriales de acceso a la justicia creadas por resolución de Gils Carbó en 2014. A través de ellas las ATAJO han permitido el acceso al sistema judicial de sectores que tradicionalmente han quedado al margen. Su labor, a cargo de Julián Axat, ha sido una de las piezas clave en la gestión de Gils Carbó y significa, sobre todo, el compromiso de escuchar y atender las demandas en los barrios mas desprotegidos.
Gils Carbó soportó con dignidad casi dos años de atropellos, acusaciones falsas y todo tipo de presiones con el único objetivo de tomar la institución que les quedaba e incidir de modo directo sobre la política criminal, decidiendo los temas sobre los que avanzar y aquellos que quedarán de rezago (una mera contraposición con la política llevada a cabo durante la gestión de Gils Carbó es otra forma de ver el objetivo que busca el macrismo), a la vez que disciplinar a los fiscales que pretendan investigar el poder de los amigos.
A la operación tenazas del gobierno se suma el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini días antes de las elecciones. Mientras concluía con su pieza se pudo ver salir de su despacho a los fiscales Germán Moldes, acérrimo enemigo de Gils Carbó y otro de los organizadores de “A Nisman lo mató el gobierno”, y Eduardo Taiano, un buen hombre con reducida capacidad de soportar presiones y padre de un candidato PRO. El juez Ercolini transcribió en su fallo los números de celulares de Gils Carbó y de su hija. El procesamiento fue enviado, sin testar, al sitio de información de la Corte Suprema que lo subió a su portal. De ahí fue tomado por medios y periodistas. Uno de ellos –en realidad, el ya mencionado escriba de Clarín, Ricardo Roa- plasmó en su nota los celulares de ambas. Fue el único en pasar la línea roja. A partir de ese día, madre e hija fueron insultadas y recibieron amenazas de distinto calibre. A Roa se lo puede calificar de muchas maneras, menos de ingenuo.
Apenas lanzó la puteada, el hombre miró sus mensajes de correos. Un periodista le pedía que escribiera una nota sobre la renuncia de Gils Carbó, a quien entiende en su fuero íntimo y a quien sabe se la va a extrañar por su compromiso en cuestiones de importancia para la vida democrática del país.
Los miserables ganaron de nuevo.
