Falta de transparencia en la información, incremento de las compras directas a grandes laboratorios internacionales y aumento sostenido de precios son algunos de los datos que se desprenden del último informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos y Compras Públicas de la Fundación GEP.

Según el último Boletín Epidemiológico de la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (DNSyETS) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en la Argentina hay 129.000 personas con VIH y sólo el 80 por ciento conoce su diagnóstico. Entre ellas, el 83 por ciento se encuentra en tratamiento; unas 86 mil personas, de las cuales más de 55 mil lo hacen a través del Estado.

¿Cómo se realizan las compras públicas de esos medicamentos? ¿Cuál es el origen de las empresas proveedoras y de qué manera podría mejorarse el proceso, de modo que pueda garantizarse la provisión de medicina en tiempo y forma?

Esas y otras preguntas guiaron el último informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos y Compras Públicas elaborado por la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo), una organización sin fines de lucro dedicada contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA y Hepatitis C, facilitando el acceso a tratamientos integrales, sostenibles y de calidad, que pone una atención particular en eliminar barreras generadas por derechos de propiedad intelectual o patentes.

El observatorio monitorea y analiza las compras de medicamentos centralizadas por el subsistema público de salud (los otros subsistemas de salud que no entraron en este análisis son el privado y el que atañe a las obras sociales), algo que se considera “de vital importancia”, debido a la magnitud de la cobertura del Programa de Acceso Gratuito a Medicamentos de la DNSyETS que, según este último informe (el cuarto que realiza la fundación desde el año 2012) alcanza a seis de cada 10 personas con VIH en tratamiento.

“Algo significativo que encontramos es que el Gobierno está aumentando las compras directas y a compañías extranjeras sin necesidad, ya que gran parte de esos medicamentos no están bajo el régimen patentes”, advierte la abogada especializada en derechos de propiedad intelectual Lorena Di Giano, directora ejecutiva de GEP, y agrega que, al no contar con patentes vigentes, esos medicamentos podrían ser adquiridos mediante otros métodos, como licitación pública o a través del denominado fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de modo de contar con diversos oferentes nacionales e internacionales que ofrezcan precios más competitivos.

“El fondo estratégico de OPS es un mecanismo que usan varios países ­­para comprar genéricos que no tienen protección de patentes, de manera más centralizada y a precios mucho más bajos”, explica la politóloga Mariela Bacigalupo, integrante del equipo técnico de GEP y una de las responsables de la recolección y el análisis de datos de este informe. Y ejemplifica: “En el caso de Atripla, que es el nombre comercial que le da (el laboratorio) Gador a una combinación de antirretrovirales, se compró mediante el fondo de OPS a una compañía india y se logró un ahorro muy importante, ya que por cada píldora que en 2015 y 2016 se pagaba 60 pesos, en 2018 se pagaron 26 centavos. Por eso alentamos el uso de este mecanismo”.

El informe detalla que los proveedores extranjeros alcanzan un 54%, mientras que el 42% de la inversión destinada a compra de medicamentos a compañías extranjeras se realiza a través de compra directa. El 74% de la inversión en compras directas a empresas trasnacionales comprende medicamentos que no poseen patente vigente, como Atazanavir, Darunavir, Dolutegravir, Raltegravir y Raltegravir.

“Cuando existen patentes hay que respetarlas, pero cuando no, hay varios mecanismos que incluso pueden promover la producción nacional”, asegura Di Giano y lamenta que “nada de eso se está haciendo y esos medicamentos se compran en dólares, lo que se traduce en un incremento del presupuesto, ya que los precios suben conforme al dólar”. Al respecto, la especialista aclara que, a diferencia de los medicamentos que se compran en la farmacia, que alcanzaron incrementos de precios del orden del 300%, los productos considerados en el informe son mucho más costosos: “No los podemos comprar en la farmacia con salarios comunes y entonces los compra el Estado, a través de estos programas públicos”.

Según el informe, el incremento detectado en los precios de estos medicamentos alcanzó el 55% promedio, influenciado por procesos devaluatorios, y exceptuando la combinación de antirretrovirales mencionada antes, que registró una reducción del precio del 99,5% entre los años 2015 y 2018 gracias a la utilización del fondo estratégico de OPS, de los nueve medicamentos cuyo aumento es mayor al promedio, siete se adquirieron a través de compra directa por exclusividad, es decir, sin competencia de precios.

“Los que aumentaron más del 55% fueron, casi en un 80%, los que se compraron a través de compras directas”, asegura Bacigalupo y afirma que, si se pudiera planificar, analizar e intervenir desde la política pública y el Estado, sería posible garantizar la sustentabilidad del esquema de provisión de medicamentos. Por el contrario, “el presupuesto destinado a esto puede colapsar si sigue aumentando el porcentaje de compras directas y de medicamentos bajo propiedad intelectual, y no se produce ni se incentiva la producción local de medicamentos”, afirma la especialista.

“Una sugerencia de política a nivel nacional es hacer compras centralizadas entre los distintos subsistemas de salud. Sería un buen paso para comprar a menor precio frente al abuso que también cometen las grandes empresas, ya que los medicamentos no tienen un valor definido sino que establecen el mayor precio que puedan en las circunstancias en las que estén, y eso es un gran problema”, advierte Di Giano y agrega que también podrían establecerse políticas de regulación de precios: “Hasta el año 2015 había un paquete de proyectos de ley en Diputados, que podían ayudar mucho a bajar los precios, pero en esta gestión se perdió el interés por debatir estos temas y todos esos proyectos perdieron estado parlamentario”, se lamenta.

Según el informe de GEP, el incremento detectado en los precios de estos medicamentos alcanzó el 55%.

Sin transparencia no hay planificación

Otro de los rasgos llamativos que deja en evidencia el último informe de GEP es que la Secretaría de Modernización y la DNSyETS ofrecieron datos discordantes en cuanto a las compras públicas de medicamentos destinados a personas con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual como la Hepatitis C. Por ejemplo, con respecto a los niveles de inversión, la partida asignada a la DNSyETS por la Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso fue de 2289 millones de pesos.  Sin embargo, en el sitio “Presupuesto Abierto”, de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto efectivo para esa dirección durante 2018 está en 2117,9 millones de pesos, de los cuales solo se ejecutaron 1510,25 millones de pesos. En tanto, según los datos brindados por la DNSyETS, el total invertido en los medicamentos monitoreados por el observatorio fue de 1008,14 millones de pesos.

“Desde el cambio de Gobierno empezamos a tener problemas para acceder a la información. Al principio, desde la DNSyETS nos decían que estaba en la Web, y no solo no correspondía que nos dijeran eso sino que los datos tampoco estaban en línea”, recuerda Di Giano y afirma que al analizar la información disponible para el año 2018 encontraron discrepancias entre los precios publicados, “lo que puede deberse cierta discrecionalidad para cambiar el precio al final del proceso de compra, ajustable a las variaciones de los valores en dólares”. Sin embargo, eso no es trasladable a las diferencias entre las cantidades compradas. “Como no tenemos los datos de compra, no podemos corroborar la información que figura en Internet, lo que es grave porque no se sabe qué están haciendo con los fondos”, advierte.

“Es la primera vez que esto ocurre”, coincide Bacigalupo y afirma que esto se convirtió en la parte más compleja para el análisis, ya que “cuando existen estas discrepancias se pone en juego la fidelidad de los datos con los que trabajamos”. Para resolverlo y poder sacar algunas conclusiones a nivel general, decidieron considerar los datos provistos por la DNSyETS: “No hubiéramos podido hacerlo de otro modo, porque encontramos diferencias en 10 medicamentos. Aún así, nos preocupa muchísimo que el acceso a la información y la fidelidad de los datos esté en riesgo, ya que representa una amenaza para todos los usuarios del sistema de salud”, concluye.

Agencia Tecnología Sur Sur – UNSAM.

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