Compras públicas, patentes y soberanía

La mayoría de las compras directas de medicamentos para enfermedades como VIH, hepatitis C, tuberculosis corresponde a drogas que no tienen derechos de propiedad intelectual vigente y podrían haber sido adquiridos a precios más accesibles. Así lo indica un informe de Fundación Grupo Efecto Positivo, que analiza las compras públicas para garantizar estos tratamientos.

Uno de las razones más importantes por el cual se pagan tan caros los tratamientos para VIH, Hepatitis C, Tuberculosis y otras enfermedades son las compras directas de medicamentos que no están patentados, para los cuales hay versiones genéricas en la Argentina o se podrían comprar en el exterior. Otro aspecto es que más del 70 por ciento de las compras se concentran en dos grandes laboratorios: uno es la farmacéutica internacional Merk (MSD), y el otro es el nacional Richmond. Ambos insumen 30 por ciento del presupuesto de la dirección de VIH.

Los datos surgen del último informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que analiza las compras y el stock de los medicamentos administrados por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT) para abastecer al subsistema público de salud.

El informe fue presentado en el Anexo de la Cámara de Diputados a principios de junio y contó con la participación de la diputada Carolina Gaillard (FDT), quien destacó la importancia de que las asociaciones de la sociedad civil estén siempre atentas a las políticas públicas, “para garantizar derechos y combatir las desigualdades sociales, ya que a veces, el Estado solo no puede”.

El foco central del informe de GEP está puesto en las compras públicas de medicamentos para VIH, hepatitis C y tuberculosis, entre otras, realizadas por el Ministerio de Salud durante el año pasado. “Analizamos los datos de 75 compras y los cruzamos con 19 variables relativas a productos farmacéuticos adquiridos y empresas proveedoras, lo que nos permitió presentar estadísticas asociadas al tipo y cantidad de medicamentos comprados, el origen de los proveedores, los mecanismos de compra utilizados y los precios pagados, entre otros factores”, le detalló a TSS el sociólogo Fausto Ferreyra, a cargo del informe del Observatorio.

El especialista agregó que el trabajo incorporó un análisis histórico del número de personas que están en tratamiento con los principales antirretrovirales en el subsistema público de salud. “Esto nos permitió monitorear la variación en el volumen dispensado de cada medicamento y examinar las líneas de tratamiento más utilizadas”, afirmó.

“En la Argentina, seguimos teniendo una alta cantidad de compras de medicamentos de manera directa, lo que hace que tengamos precios muy elevados. Esto ocurre muchas veces porque no hay suficiente previsibilidad, como ocurrió en el año 2017”, dijo José María Di Bello, presidente de GEP, y detalló que, en 2021, el 83 por ciento de la inversión en compras fue a compras directas. “Este es uno de los focos centrales en los que tenemos que poner el acento para mejorar la política pública en compra de medicamentos: el 100 por ciento de la inversión para la hepatitis C se dividió en dos compras directas a empresas extranjeras, cuando en la Argentina logramos que haya cinco productores nacionales que fabrican estas drogas”, ejemplificó.

Además, de los datos del informe se desprende que entre el 80 y 90 por ciento del presupuesto de la DVIHT se utiliza para la compra de medicamentos. El nivel más bajo se registró el año pasado y fue del 83 por ciento, de los cuales el 81 por ciento fue destinado a medicamentos para VIH, el 10 por ciento a la hepatitis C y el 3 por ciento a la adquisición de drogas para la tuberculosis. Entre 2012 y 2016, el promedio de esta proporción fue cercana al 90 por ciento, y entre 2017 y 2021, descendió al 85 por ciento.

Propiedad intelectual en los precios

En la década del 90, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se firmó el denominado Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), al que la Argentina está adherido y que, entre otras cuestiones, establece el sistema de patentes global que rige sobre los desarrollos sanitarios como los medicamentos.

“La promesa del ADPIC era que las patentes iban a generar más investigación en tecnología en materia de salud, pero después de más de 30 años vemos que el sistema no está dando resultado, porque el mercado solo desarrolló aquellas tecnologías que le convienen en materia de ganancias”, afirmó la abogada especializada en propiedad intelectual Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de GEP.

La especialista recordó que GEP fue fundada por personas con VIH, algunas sobrevivientes de la hepatitis C y la tuberculosis, que comenzaron a preocuparse por la sustentabilidad de la compra de medicamentos en la Argentina durante la crisis económica que sufrió el país en 2001, al ver afectada la continuidad de sus propios tratamientos.

Desde entonces, Fundación GEP comenzó a investigar y detectar las barreras del sistema global de propiedad intelectual y, hace más de una década, conformó un equipo interdisciplinario que analiza y evalúa las solicitudes de patentes de la industria farmacéutica, y presenta oposiciones ante las autoridades locales con evidencias que aporten a la evaluación de las solicitudes. Esto es posible ya que no cualquier producto o procedimiento es patentable en la Argentina. Si bien el modelo es global, cada país debe aprobar de acuerdo con sus propios criterios locales.

Según describe el informe, gracias al rechazo de solo tres solicitudes de patentes, el Estado ha logrado un ahorro en compras públicas cercano a los 365 millones de dólares en los últimos cinco años, lo que equivale a casi a seis presupuestos de la DVIHT. “Este modelo de innovación está agotado, nos deja en manos del mercado, que nunca va a traer la cura. ¿Por qué hace 40 años no tenemos vacunas ni cura para el VIH?”, cuestionó Di Giano.

Tal como detalla el informe, por ejemplo, tras la suspensión de los derechos de exclusividad del compuesto de Efavirenz 600 mg + Emtricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg (comercializada con la marca Atripla, por Gador, representante de la multinacional Gilead), el valor unitario del compuesto descendió de 9,90 a 0,18 dólares, en 2020. Si se considera lo invertido en esta droga entre 2017-2020, el ahorro fue superior a 212 millones de dólares.

De manera similar, tras el rechazo a la solicitud de patente que Gilead pretendía sobre la combinación de Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg (que se comercializa en la Argentina bajo el nombre Truvada), en julio de 2016, el precio unitario de este medicamento pasó de 8,3 dólares en 2015 a 0,10 dólares en 2021. “La acumulación de los ahorros sucesivos en las compras públicas que se exhiben encima asciende a casi 128 millones de dólares”, detalla el informe.

Asimismo, el rechazo de la solicitud de patente que esa misma multinacional pretendía sobre el denominado Sofosbuvir 400, una droga para el tratamiento de la hepatitis C, generó una caída en el precio de cada unidad, que pasó de 104,39 dólares en 2015 a 10,54 dólares en 2021. La diferencia entre lo que efectivamente se pagó en cada compra y aquello que se hubiese desembolsado con el precio de situación de exclusividad equivale a un ahorro que ronda los 30 millones de dólares.

“Es imposible sostener un modelo que está desfinanciando los sistemas de salud en todo el mundo. No se puede pagar 300 veces más por un medicamento”, destacó el diputado nacional Daniel Gollán FDT), que también participó en la presentación del informe. El exministro de Salud recordó que en la década del ‘80 empezó a cambiar la perspectiva de la investigación luego de que en los Estados Unidos se dictara la denominada Ley Bayh-Dole, por la cual las empresas farmacéuticas se convirtieron en padrinas y socias de los centros públicos de investigación.

“Al principio, les decían que si investigaban algo exitoso les daban algún porcentaje para el investigador y el instituto pero, con el tiempo, eso hizo que las empresas decidieran investigar lo rentable, no lo necesario”, comentó Gollán, y advirtió que esa mecánica del complejo médico industrial de Estados Unidos luego fue copiada en todo el mundo, transformando en un negocio lo que antes era investigación en busca de soluciones para la salud.

“El futuro está en investigar y desarrollar nuevos productos, no en copiar drogas cuyas patentes están vencidas”, dijo Gollán, y adelantó que por eso están trabajando en proyectos de ley que acoten los márgenes de ganancia “gigantes” que tienen los laboratorios, así como también para promover el trabajo conjunto entre el sector público y el privado pero en asociaciones en las que el Estado deje de ser “el socio bobo”.

Sobre este punto también se refiere el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, redactado e impulsado por más de 200 organizaciones de la sociedad civil: “Promueve la investigación y desarrollo de medicamentos, una herramienta que será central para recuperar la soberanía en salud, bajar el precio de los medicamentos y que se trabaje en el desarrollo de una cura definitiva para el VIH”, dijo Di Giano, en diálogo con TSS.

El proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, que busca actualizar el contenido biomédico de la ley actual, fue aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados, el 3 de mayo pasado, con 241 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. El proyecto será tratado y tiene muchas posibilidades de ser aprobado definitivamente el próximo 30 de junio, en la Cámara de Senadores.