La salud de todos en manos de pocos

Datos discordantes, predominio de adquisiciones directas y subas de precios injustificadas son algunas de las conclusiones del último informe sobre las compras públicas de medicamentos elaborado por la Fundación Grupo Efecto Positivo*. El trabajo hace foco en los antirretrovirales en una coyuntura marcada por la emergencia sanitaria y el descomunal encarecimiento de analgésicos, sedantes y relajantes.

Richmond, el laboratorio nacional que se instaló en los titulares por haber sido seleccionado para la fabricación de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el Instituto Gamaleya y comercializada por el Fondo de Inversión Ruso, es el principal proveedor de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT). Junto con la farmacéutica internacional MSD, en 2019 y 2020 acapararon más del 70 por ciento del gasto público en antirretrovirales. Algo similar ocurrió el año pasado con las compras públicas de medicamentos para la hepatitis C. Un renglón con solo dos proveedores importantes: el nacional Elea y el extranjero Abbvie.

Los datos surgen del informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos de la Fundación Grupo Efecto Positivo que relevó las compras públicas hechas entre 2012 y 2020. Para evaluar las políticas públicas y la disponibilidad de medicamentos para el VIH, la hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual, así como de la tuberculosis, el estudio incluyó la caracterización del stock y una medición de la variación del presupuesto del organismo. También analizó la incidencia de los distintos mecanismos de compra, la participación de la industria nacional, la fluctuación de los precios y la situación de la propiedad intelectual de las drogas adquiridas.

Según Fausto Ferreyra, investigador a cargo del estudio, la información contenida en el Boletín 2020 de la Dirección de Respuesta permite calcular que en el país hay unas 136 mil personas con VIH, de las cuales sólo el 83 por ciento conoce su diagnóstico. De ellas, casi 7 de cada 10 se atiende en el subsistema público de salud, donde alrededor de 60 mil personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado.

El trabajo monitoreó 38 medicamentos – 3 de ellos pediátricos -, de los cuales 9 fueron retirados del vademécum para ser reemplazados por alternativas terapéuticas más convenientes y 15 estuvieron en situaciones de stock deficitarias que comprometieron los tratamientos al menos una vez entre 2019 y 2020. En total se relevaron 135 compras de medicamentos para el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C. Diez de esas adquisiciones presentadas en los informes de la Dirección de Respuesta no pudieron ser contrastada con los datos disponibles en los sitios de compra del Gobierno nacional. Otras 4 adquisiciones presentaron incongruencias.

Las compras públicas de medicamentos se realizan de tres maneras diferentes. Una de ellas es a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo de compra conjunta regional que permite abaratar costos y facilitar el acceso a drogas y otros insumos de salud. Otra opción más transparente y eficaz son las licitaciones públicas, a través de las cuales se evalúan distintos oferentes, lo que permite la competencia de precios. Por último existen las compras directas, en las cuales no hay confrontación de ofertas y que solo deberían realizarse en los casos en que existe exclusividad por patentes y derechos de propiedad intelectual.

Si bien la cantidad de compras directas disminuyeron, pasando del 45 al 23 por ciento entre 2019 y 2020, la inversión a través de este mecanismo sigue siendo la más representativa. Fue del 81 por ciento 2019 y del 68 por ciento 2020. Las compras a través de OPS, en cambio, se redujeron a la mitad, del 8 al 4 por ciento; mientras que las licitaciones públicas casi se triplicaron: pasaron del 12 al 30 por ciento. “El año pasado, sin embargo, hubo una cantidad de compras por adjudicación simple por exclusividad que no se debe a que sean medicamentos con patentes. Compramos en forma directa muchísimos medicamentos que podríamos comprar a productores argentinos o extranjeros genéricos, o a través del Fondo estratégico de OPS”, cuestiona José María Di Bello, presidente de Fundación GEP.

La decisión estatal se refleja en los precios. En el caso de los antirretrovirales para VIH, por ejemplo, Richmond vendió el compuesto Darunavir + Ritonavir con un 200 por ciento de aumento. Es la formulación que se emplea en el tratamiento de más de 19 mil personas en todo el país y se adquirió mediante compras directas que alcanzaron los 1.300 millones de pesos. El 31 por ciento del presupuesto de la DVIHT. Más llamativo aún es el caso del compuesto Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg, comercializado por la nacional Elea. Tuvo un aumento del 1.300 por ciento. Pasó de 20,04 pesos por unidad en 2019 a 280,72 pesos en solo doce meses.

“En 2020 pagamos más del 65 por ciento de aumento en antirretrovirales. Si sacamos las compras a través del mecanismo de OPS, el aumento superó el 85 por ciento de inflación”, advirte Di Bello. De los cinco medicamentos con mayor aumento, cuatro son de fabricación nacional. “Por eso planteamos la importancia de la producción pública. Es la que puede balancear esta situación. Muchas veces, los productores nacionales privados fijan precios similares a los productos internacionales y patentados”, explica Di Bello. Estos proveedores locales, que en 2020 captaron el 62 por ciento de la inversión pública realizada en los medicamentos monitoreados, se presentaron en licitaciones con valores apenas más bajos que sus competidores extranjeros, cuando deberían ser mucho menores, ya que los costos de producción pueden ser de cien a mil veces más bajos.

De manera similar, el Sofosbuvir, que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis C, registró un aumento de 1860 por ciento 2018 y 2020. En 2019 no hubo compras públicas de medicamentos para esta enfermedad. “Fue comprado al mismo productor nacional al que le habíamos comprado la vez anterior –Elea–, mientras que el precio del Daclatasvir –otra droga para estos tratamientos– bajó casi un 95%, porque se compró por OPS”, advirtió Di Bello, y destacó: “Estamos muy sorprendidos porque los precios han sido muy abusivos por parte de algunos productores nacionales. Creo que esto tiene que ver con la falta de planificación y previsión, ante la necesidad de dar respuesta urgente a los reclamos de la sociedad civil”.

El informe también analiza la variación presupuestaria de la DVIHT y da cuenta de que la compra de medicamentos continúa acaparando entre el 80 y el 90 por ciento del presupuesto, lo que impide destinar recursos para prevención, acompañamiento a la adherencia a los tratamientos y diagnóstico, entre otras acciones que también son necesarias para evitar la prevalencia del VIH en el país, que desde hace una década se mantiene en unos 5.500 nuevos casos por año.

“Entre 2016 y 2019 hubo una caída abrupta del presupuesto, que fue del 49 por ciento para el año 2019, y que coincidió con la degradación del Ministerio de Salud en Secretaría”, agregó Di Bello. Sin embargo, el porcentual del presupuesto para la DVIHT – que suele ser del 4 por ciento del presupuesto total destinado a Salud – se mantuvo en casi el 7 por ciento debido a las presiones y reclamos de la sociedad civil y las organizaciones de personas que viven con VIH.

Liberen las patentes

Una de las líneas de trabajo centrales de Fundación GEP para facilitar el acceso a medicamentos se vincula con las barreras que establecen las patentes medicinales, principalmente a través de la presentación de oposiciones, que es una de las salvaguardas de salud incluidas dentro del Acuerdo de los ADPIC.

Por eso, durante la presentación del informe también participaron especialistas en propiedad intelectual que se refirieron al predomino del sistema de patentes global que rige desde la Organización Mundial del Comercio (OMC) y cuyas limitaciones han quedado expuestas durante la actual pandemia. Al respecto, María Sol Terlizzi, coordinadora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO, recordó los orígenes del ADPIC y sus implicancias bioéticas.

Por su parte, la abogada especializada Lorena Di Giano, directora ejecutiva de GEP, repasó las promesas incumplidas por este modelo y los distintos recursos que tienen los países para evitar monopolios y precios abusivos, además de destacar que la Fundación adhiere al actual pedido de suspensión de patentes y otros derechos de propiedad intelectual frente a medicamentos y vacunas para atender a la COVID-19, propuesta inicialmente por India y Sudáfrica ante la OMC.

Di Bello detalló algunos de los logros de GEP durante los últimos años, en los que, tras presentar oposiciones a distintas patentes vinculadas con medicamentos que se utilizan en los tratamientos para el VIH y la hepatitis C, lograron que el Estado argentino pudiera acceder a precios más competitivos y alcanzar un ahorro total, entre 2015 y 2020, de 190,5 millones de dólares, “lo que equivaldría casi a tres o cuatro presupuestos para el programa de VIH, hepatitis C y tuberculosis, aunque tampoco alcanza para desarrollar otras políticas públicas debido a la reducción presupuestaria en términos reales y a que, finalmente, la mayor parte de ese presupuesto se destina a compras de medicamentos”, concluyó Di Bello.

 

*Fundación Grupo Efecto Positivo se fundó en 2006. Es una organización civil sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH/SIDA promoviendo el ejercicio de sus derechos, su empoderamiento e involucramiento efectivo en los espacios de toma de decisión, además de la eliminación de las barreras de acceso a los medicamentos esenciales para el tratamiento tanto del VIH/SIDA como de la Hepatitis C. Posee una amplia red de socios en la sociedad civil y en los ámbitos académico y gubernamental.

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