Mientras el Estado pone parte del dinero para registrar a las empleadas domésticas, más de 1,4 millones de trabajadoras padecen la ausencia de derechos por laburar en negro. Semejante injusticia –injusticia de clase- no aparece como debe en la agenda ni el activismo de algunos feminismos.
El 8 de marzo pasado la periodista María O’Donnell, en el editorial de su programa de radio en FM Urbana Play, destacó, entre los reclamos concernientes al Día Internacional de la Mujer, el referido a las empleadas en casas particulares: el empleo no registrado se acerca al 80 por ciento de estas trabajadoras, señaló la periodista. Y recordó que el Estado nacional ofrece, a los empleadores y empleadoras que efectúen el registro legal, reintegrarles el 50 por ciento del sueldo de la empleada durante los primeros seis meses, pero sólo 22.000 empleadorxs se han acogido a este beneficio. O’Donnell subrayó que, en muchos casos, quienes emplean a estas trabajadoras son a su vez mujeres, y apeló a su responsabilidad. Advirtió que la suposición de que la empleada por estar en blanco perdería el derecho a planes sociales es falsa y que, aunque la empleada lo creyera así, la empleadora debería aclarárselo y explicarle los beneficios y los derechos que implica un empleo registrado.
En efecto, según datos oficiales, sólo 22.046 trabajadoras han obtenido la regularización legal desde el lanzamiento, en septiembre de 2021, del Programa Registradas. Hay más de 1,4 millones de empleadas en casas particulares, de las que el 76,8 por ciento siguen sin estar legalmente registradas. Un dato especialmente desdichado es que, transcurridos los seis meses en que el Estado paga la mitad del sueldo, dos de cada diez empleadorxs dejan de pagar los aportes correspondientes.
No es común escuchar una voz que, como en este caso la de María O’Donnell, denuncie, en el marco de la reivindicación de los derechos de las mujeres, esta grave injusticia. De hecho, el tema no aparece en la lista de reclamos de las organizaciones que se movilizaron el 8 de marzo, y la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) no figura entre las entidades gremiales convocantes.
Hasta ahora parecería que la lucha contra la sobreexplotación de más de un millón de mujeres queda librada, más allá de los intentos del Estado, a la responsabilidad y voluntad de lxs patronxs. Sin embargo, las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer podrían encarar acciones más efectivas: por lo menos denunciar con energía y persistencia la gravedad de la situación -como lo ha hecho María O’Donnell-, y sin duda exigir a sus militantes y partidarixs que no caigan en el contrasentido de sobreexplotar a una trabajadora. Como están las cosas, no es imposible la escena sarcástica donde una mujer, al salir para participar en la movilización por sus derechos, saluda a su empleada en negro, que se queda haciendo las tareas de la casa.
Género y clase
Por supuesto que, más allá de las responsabilidades personales e institucionales, la cuestión que se plantea es política: la pertenencia de clase social prevalece en este caso sobre la pertenencia de género. La mujer que no registra a su empleada no hace nada distinto a lo que hace la mitad de los empleadores de la Argentina -estos sí, en su mayoría varones-, y no parece haber “sororidad” entre patrona y empleada, sin perjuicio de las relaciones de cordial proximidad que, como es sabido, hacen más difícil que la empleada conozca y reclame sus derechos.
Entonces, ¿el movimiento por los derechos de las mujeres debe reducirse a un conflicto donde se discutan cuestiones como el “techo de cristal” para las mujeres con cargos empresariales? Tal vez sí; tal vez la situación de las empleadas en casas particulares sea un indicador en este sentido. Sin embargo, las agendas actuales del feminismo articulan reivindicaciones que conciernen a todas las clases sociales, empezando por la lucha contra la violencia de género. Y hay voces como la de Rita Segato que, a partir de trabajos de campo en lo social y con fundamentación en la teoría política, otorgan al movimiento feminista lugar central en el camino a una revolución posible.
La disposición misma del servicio doméstico, el hecho de que quienes lo desempeñan no sean hombres sino mujeres, siempre mujeres al servicio de la familia, es manifestación clara de una sociedad patriarcal. Son centenares de miles de mujeres, y su ausencia, la ausencia de la clase social a la que pertenecen, lleva a que el movimiento por los derechos de la mujer, surgido entre las clases medias, no cuente con las estrategias y las tácticas que los sectores postergados utilizan para defenderse, como pueden y hasta donde pueden, de la injusticia. Se hace así más difícil romper esa especie de pared de cristal entre clases sociales que, tal vez, podrían reunirse en un proyecto compartido.
Imagen de apertura: Archivo General de la Nación.
