Cuando el sendero de la economía se bifurca

Pese a la incertidumbre que provoca la anunciada segunda ola de Covid y las restricciones autoimpuestas a la inversión pública y al gasto social, Martín Guzmán viajó a Washington para dar certezas de crecimiento y de un menor déficit fiscal. Una visión optimista, mientras la patria extractivista y el sector agropecuario exportador presionan por una rebaja de impuestos y aprietan por el control de la hidrovía.

En medio de una pandemia que desconoce cuándo y cómo terminará, si es que termina, y la incertidumbre de no saber si el país contará con un mínimo de vacunas para la población de mayor riesgo ante el invierno que se avecina, Martín Guzmán viajó a Estados Unidos para dar certezas.
Lo hizo ante los desconocidos de siempre: Greylock Capital Management, BlackRock, PIMCO, Ashmore, Fidelity, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS y Credit Suisse, entre otros fondos de inversión. Los poseedores de los títulos de la deuda. También ante los representantes del HSBC, el Bank of America y Lazard, los bancos que colocaron la deuda. Una agenda que incluyó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

Primero en Nueva York y luego en Washington, Guzmán presentó su pronóstico. Una visión optimista del futuro inmediato. Afirmó que el país puede crecer este año hasta un 7 por ciento y que el déficit fiscal – que se estimó en el Presupuesto 2021 en un 4,5 por ciento del PIB – será menor, o incluso cercano al 3 por ciento. No lo parece. El déficit fiscal del primer bimestre totalizó según los datos de la Secretaría de Hacienda 67 mil 347 millones de pesos. Una suma mayor a todo el gasto de capital concretado en el período.

Los números dejan en claro que el gobierno deberá realizar un cambio sustancial en las cuentas públicas si realmente quiere impulsar el mercado interno. En ese caso deberá sí o sí cobrar más impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación, lo que redundaría en más ingresos para el fisco y menores precios en el mercado local. En paralelo, deberá incrementar fuertemente la obra pública – gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra -, al tiempo que aumenta las transferencias sociales, además de los subsidios al transporte y la energía en las provincias más pobres.

Por lo pronto, las 12 mil personas que deben realizar el llamado “Aporte Solidario” no solo se demoran en pagar, sino que hay quienes se han presentado ante la justicia para no hacerlo con el inverosímil argumento de que se trata de un impuesto confiscatorio. Peor es lo que sucede con los derechos de exportación. Los precios internacionales de la mayoría de los productos primarios subieron un 40 por ciento en dólares durante los últimos doce meses. Salvo el grano de soja que paga una retención del 30 por ciento, los demás lo hacen por apenas el 12 por ciento, o incluso menos. El gobierno, sin embargo, no eleva las alícuotas.

El escenario, como era previsible, incrementó todavía más la exportación de alimentos. Algunos alcanzaron registros que son récord. Es el caso de la carne en general, y de carne con hueso en particular. La última es la de mayor consumo interno: asado, vacío, falda y entraña, entre otros cortes. Superó las 900 mil toneladas en 2020. Al mercado local se destinaron 2 millones 200 mil toneladas. El resultado: subió el precio en las góndolas y el consumo per cápita cayó a 50 kilos por habitante. El más bajo de los últimos cien años.

Del lado del gasto, el 40 por ciento lo explican las magras jubilaciones y pensiones que perciben la amplia mayoría los supuestos “beneficiarios” del sistema previsional luego de trabajar toda una vida y los devaluados salarios de la administración pública – también retrasados por la inflación -, además de los servicios de salud, educación y asistencia social que el Estado debe seguir ejecutando.

En pocas palabras: Si no se adoptan medidas para cobrar más impuestos a los que más tienen y no se apuntala la inversión pública, el Gobierno nacional no podrá garantizar que la economía crezca un 7 por ciento este año. Tan cierto como desaconsejable es, bajo todo punto de vista, poner como meta una fuerte reducción del déficit fiscal cuando es el Estado nacional el que debe obrar como multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.

Unidos combatiendo a los impuestos

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se conformó en julio pasado y agrupa a unas cuarenta entidades. Algunas son muy conocidas, como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina; o el poderoso Centro de Exportadores de Cereales que nuclea a compañías de la envergadura de Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Oleaginosa Moreno-Glencore, Bunge y Louis Dreyfus. Otras cámaras empresarias tienen menor visibilidad pública, pero no por ello menor capacidad de lobby. Por ejemplo, las que representan a productores de carne avícola, vacuna y porcina; y las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, algodón, madera y pesca.

Es así que el flamante Consejo Agroindustrial alcanza a casi todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias y suma, además, a las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país. Unidos trabajan en un proyecto de ley que les permitiría a todos los sectores de la economía agroindustrial amortizar en forma acelerada las inversiones. Una estrategia contable para pagar menos en concepto de Impuesto a las Ganancias. ¿El ardid legal? Imputar en la contabilidad en cinco años el valor de una inversión – por ejemplo en una máquina – que amortiza en diez.

No solo eso. Para las nuevas inversiones piden la devolución del IVA en el plazo de un año. En otras palabras: que se los libere de un impuesto que pagamos todos los trabajadores en la más amplia mayoría de los productos y servicios que consumimos. También reclaman bonos fiscales para invertir en semillas, tecnología, fertilizantes y en ganadería. En el último caso, buscan un ciclo más rápido que les aporte un mayor volumen de carne. Esto en el contexto ya descripto: la mayor demanda global empuja al alza los precios locales mientras el consumo de los argentinos se desploma a los niveles más bajos que se hayan registrado.

El “bonus track”

Pero no solo quieren pagar menos impuestos. El sector agroexportador junto a otras organizaciones empresarias enviaron una carta al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien quedó a cargo de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay luego de que el Decreto 949/20 borrara de un plumazo la empresa estatal que había anunciado el presidente Alberto Fernández en Puerto San Martin en agosto pasado. Exigen que la administración de la hidrovía quede en manos privadas. Quieren que el Estado nacional y las provincias tengan solo un rol de contralor. Se sabe. Si el Estado no administra tampoco puede controlar.

“Es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que será financiada íntegramente por el sector privado”, aseguró Gustavo Idígoras, un hombre clave. Dirige la Cámara de Exportadores de Cereales, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Concejo Agroindustrial Argentino. Lo que Idígoras omite cuando habla de la financiación privada son los millonarios subsidios estatales que recibió por la actual concesionaria Jan De Nul desde 1995. Unos 40 millones de dólares por año, que se suman al cobro del peaje.

“Estimará al uno y menospreciará al otro”

En su carta pública al presidente titulada Entregar el Paraná es como entregar Malvinas, Mempo Giardinelli fue director al grano. Lo sintetizó así: “Nuestro río, más allá de sentimentalismos, exige administración propia, o sea nacional, para que al cuidado esté nuestra gente, la AFIP cobre fuertes impuestos a los agroexportadores, la Unidad de Investigación Financiera controle el lavado de dinero, el SENASA asegure la salubridad de todo lo que entra o sale por sus aguas, y la Prefectura ejerza severos controles. Ninguno de esos objetivos debiera ser tercerizable y menos en manos extranjeras”.

Giardinelli, además, destaca una cuestión central: “El Decreto 949/2020, que dispone el dragado y balizamiento del Canal Punta Indio obliga a que la salida al mundo de nuestras exportaciones se haga desde el Puerto de Montevideo, que pertenece a las mismas multinacionales que operan sobre el Paraná. Los beneficiarios son las grandes hiperconocidas: Cargill, Dreyfus, Bunge, etc. Por eso le pedimos que no entregue el Paraná”.

Es claro. O se cumple con los bonistas, acreedores varios y las grandes empresas que están detrás del modelo extractivista y agropecuario exportador, o se está en defensa del trabajo y la producción nacional. En el Sermón del Monte (Mateo 5-7), Jesús advirtió: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”.

Giardinelli terminó su carta abierta con una exhortación bien terrenal: “En fin, querido Alberto, hay infinitas razones para que no firme la nueva concesión. Y así como le pido en nombre de miles que no entregue soberanía, lo invito a que venga a navegar nuestro río con nosotros, los diez o más millones de argentinos y argentinas que vivimos en las costas del Paraná y aquí producimos y amamos, orgullosos de lo que es nuestro. Ni belga ni inglés, ni norteamericano ni chino, simplemente nuestro, argentino y bajo control, cuidado y en beneficio de nuestro pueblo”.

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