Medios autogestionados, cooperativos, comunitarios y sindicatos de prensa impulsan un proyecto de ley para corregir desequilibrios y deficiencias estructurales en la producción y distribución de noticias en un escenario de fuerte concentración y marcadas asimetrías. Las claves: la creación de un fondo de fomento y la desgravación impositiva. Aquí, los detalles.

El aislamiento social disparó las ganancias de las empresas tecnológicas. En la primera mitad de 2020, mientras la economía mundial se desplomaba, el precio de las acciones de Amazon aumentó un 40 por ciento impulsado por las compras online y el mayor uso de los servicios alojados en la nube. Por caso, el valor de mercado de Zoom se triplicó y Mercado Libre duplicó durante el segundo trimestre la facturación del mismo período de 2019.

La empresa de Marcos Galperín ganó 89 millones de dólares. Entre abril y junio, facturó 878 millones. Un 123,5 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado. Aunque Google y Facebook registraron menores ingresos a nivel global por la reducción de la pauta publicitaria, continuaron capturando la mayor parte de la torta digital. Cuatro quintos en el Reino Unido (1). Solo Google, la principal división de Alphabet, facturó 46 mil millones en los últimos tres meses de 2019. El 83 por ciento provino de la publicidad.

Aunque parece temprano para saber qué porción y durante cuánto tiempo más la vida social y laboral seguirá transcurriendo online, todo indica que el trabajo y los patrones sociales de conducta profundizarán los cambios significativos ya iniciados con implicancias políticas de gran alcance. Cerrar la brecha digital es cada vez más urgente. Tanto como corregir las deficiencias estructurales en la producción y distribución de noticias.

La decisión del gobierno de volver a declarar como “servicios públicos en competencia” las telefonías fija y móvil, internet y la televisión por cable sintoniza con la tendencia mundial. También la idea de establecer una prestación básica, universal y obligatoria de carácter social. Una manera de avanzar hacia el objetivo de garantizar el derecho a la información. Se ha dicho: la pandemia expuso y exacerbó las asimetrías sociales. El tema no es solo local. El cambio tecnológico aparece a nivel mundial cada vez más expuesto al control estatal.

Algo de eso se puso en debate con la Ley de Comunicación Audiovisual que desguazó el macrismo. En Europa y Estados Unidos, con matices y características propias, la discusión crece. Quedó en evidencia en la audiencia antimonopolio del Congreso de Estados Unidos. Unos meses antes, la Autoridad sobre Competencia y Mercados del Reino Unidos había comenzado a implementar las recomendaciones del Furman Review (2). El informe analiza el mercado digital y recomienda, entre otras cuestiones, someter a las empresas estratégicas a una regulación específica y limitar sus fusiones. En la práctica, los entes reguladores de Europa ya presionan a las compañías para que aumenten sus inversiones y amplíen sus redes. El tema, incluso, suscita debates sobre las obligaciones que encierran las licencias, pero también sobre las tarifas y sobre cómo se financiarán esas inversiones (3).

En la Argentina y en el resto del mundo, Amazon, Apple, Google y Facebook seguirán capturando enormes ganancias. También lo harán los grandes multimedios, como el Grupo Clarín, que apostó sobre seguro a la convergencia tecnológica de la mano de Cambiemos, que en junio de 2019 aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom, lo que permitió al holding acrecentar sus ingresos, en esta caso con los provenientes de los servicios de telefonía.

Un vistazo al panorama local

En la Argentina cuatro grupos empresarios acaparan el 74 por ciento del mercado de diarios impresos y alcanzan el 56 y el 53 por ciento de las audiencias de televisión abierta y radio a nivel nacional. Una sola compañía provee el 42 por ciento de la telefonía fija, el 34 por ciento de la telefonía móvil, el 56 por ciento de las conexiones a Internet por banda ancha fija y el 40 por ciento de las bocas de la televisión paga. Los números son contundentes.

La concentración, que se traduce en escasa diversidad y un débil pluralismo informativo, se vincula a situaciones estructurales relacionadas con la propiedad de los medios, el mercado publicitario, la producción de contenidos y las recurrentes crisis económicas que afectan desde hace años al mercado interno en general y al sector de la comunicación en particular. Empresas como Amazon, Apple, Google y Facebook llegaron para acentuar las asimetrías.

En la práctica imponen barreras de acceso casi infranqueables para los medios gráficos, televisivos, radiales y digitales que cuentan con escaso capital. Lo hacen al capturar la casi totalidad de la torta publicitaria en Internet. Algo que incluso pone contra la pared a medios con audiencias consolidadas.

Sin embargo, la situación contrasta con la multiplicación de medios que se desempeñan en los bordes del mercado. Según la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, en el país hay 467 medios audiovisuales comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios. Nueve de cada diez son radios. El resto, emisoras o señales de TV. En conjunto generan unos 6 mil 500 puestos de trabajo.

Al listado se deben agregar 131 publicaciones adheridas a la Asociación de Revistas Culturales Independientes. Medio centenar menos que en 2015. La mitad supera los diez años de antigüedad. En conjunto nuclean a casi 1.200 trabajadores. El mapa general incluye también 11 medios gráficos recuperados por cooperativas que generan 500 empleos directos, cifra que se duplica entre imprenta, distribución y colaboradores. Un mapa incompleto. La razón: muchísimos medios digitales no están integrados a ninguna de las redes y escapan a los monitoreos.

Una propuesta concreta

El objetivo del proyecto de Ley de fomento a la pluralidad y la diversidad informativa (4) es claro: aportar a la sostenibilidad en un mapa de medios concentrado mediante la “asignación de recursos directos o indirectos a determinados emprendimientos que presten servicios periodísticos”, señala el primer artículo. Para lograrlo apunta en dos direcciones. Por un lado impulsa la extensión a los medios comunitarios y cooperativos de beneficios fiscales y mecanismos de desgravación que ya existen -beneficios recientemente ampliados a los partidos políticos-. Por otro lado, propone la creación de un fondo con el 5 por ciento de lo que pagan en concepto de IVA las plataformas digitales del exterior que no generan contenidos. El proyecto no crea impuestos. Redistribuye lo que existe y se ha recaudado.

La iniciativa implica algunas modificaciones en las leyes del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias. “Si los partidos políticos, al decir de la Constitución, son instituciones fundamentales para el sistema democrático, también lo son los medios de comunicación social que producen noticias que sostienen el pluralismo. La Constitución lo reconoce y la Corte Suprema los consagra como piedra fundamental del sistema democrático”, recordó el abogado Damián Loreti durante la presentación virtual de la iniciativa.

Loreti, redactor del proyecto, subrayó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea que el Estado tiene la obligación concreta de equilibrar la participación de las distintas expresiones sociales en el debate público. “En la historia de la legislación nacional hubo muchas medidas de flexibilización y promoción específicas para los grandes grupos”, señaló. El esquema, innovador en el plano local, tiene muchos antecedentes a nivel mundial. Canadá, varios países europeos e incluso Estados Unidos aplican subsidios indirectos y directos a la prensa.

¿Cuáles son las reglas para un esquema de este tipo? “Los criterios de legibilidad respecto a contenidos mínimos, posición en el mercado, naturaleza de la organización y la fuente de financiamiento”, precisó Loreti. En la presentación, Pablo Carro, diputado por el Frente de Todos y titular de la Comisión de Comunicaciones, se mostró confiado en que la iniciativa tendrá estado parlamentario. “Está hecha desde la base, por los que conocen estos problemas mejor que nadie. Lo que necesitamos ahora es masa crítica, y creo que el proyecto la tiene. Es un proyecto necesario”, afirmó.

En la presentación, los expositores coincidieron en subrayar que además del objetivo de promocionar el fortalecimiento institucional y la infraestructura de los medios sociales, también se propone implementar una política federal para mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo la capacitación y el perfeccionamiento de los trabajadores. También insta a establecer un mecanismo institucional distinto al actual esquema con que se maneja la pauta publicitaria oficial. “Debe ser discutida y democratizada, pero requiere un debate específico y diferente del que aquí proponemos”, aseguró Carro.

A poco de asumir, Alberto Fernández reconoció la situación compleja que atraviesa desde hace años el sistema de medios. “Lo que debemos hacer es garantizar la pluralidad de voces y exigir responsabilidad a quienes opinan e informan”, dijo durante una entrevista en C5N. El proyecto va en esa dirección. Sin costo fiscal apuntala la oferta. La implementación de una prestación básica, universal y obligatoria de carácter social para la telefonía, Internet y la televisión por cable sería el complemento ideal. Apuntalaría la demanda. Es lógico. La situación actual no solo afecta el derecho a la libertad de expresión, también socava el derecho al acceso a la información.

 

Las claves del proyecto

I. Contempla que los medios alcanzados en el proyecto podrán aplicar sus créditos fiscales para compensar el pago de cargas sociales y algunos impuestos, como el Impuesto a los Combustibles, el Impuesto a la Energía Eléctrica y el Impuesto a la Telefonía Móvil, además del gravamen a la prestación de servicios de comunicación audiovisual y las contribuciones especiales sobre el capital en el caso de las cooperativas.

II. Establece que si la compensación no pudiera realizarse, o sólo se efectuara parcialmente, el saldo será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Afip, será devuelto o se permitirá su transferencia en favor de terceros responsables.

III. Modifica Ley del Impuesto al Valor Agregado. “La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos indicados en el segundo párrafo para las operaciones de que se trata, determinada conforme a lo allí previsto, alcanza, asimismo, a los montos facturados por los elaboradores por encargo a los sujetos cuya actividad sea la producción editorial, a los montos facturados por los proveedores de papel, tinta y cualquier otra materia prima que se utilice directamente para la producción editorial a los sujetos cuya actividad sea la producción editorial, y a los demás montos facturados por los sucesivos sujetos de la cadena de comercialización, independientemente de su nivel de facturación, sólo por dichos conceptos y en tanto provengan de la misma, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso”.

IV. Exime del pago de impuestos, tasas y gravámenes a las exportaciones de productos o servicios informativos o de noticias alcanzadas por la ley.

V. Exime del pago de impuestos, tasas y gravámenes a las importaciones de equipos, dispositivos, materias primas e insumos, y de los servicios prestados a quienes se dediquen a la actividad de producción y difusión de noticias periodísticas alcanzados.

VI. Los beneficiarios, mediante certificación extendida por la autoridad de aplicación, accederán a rebajas de tarifas en los servicios de transporte, tasas radioeléctricas y otros servicios prestados por empresas dependientes del Estado, o aquellas en las que éste participe financieramente y que tengan a su cargo servicios de transporte marítimos, terrestres y aéreos, cuando se lleven a cabo tareas directamente vinculadas a la búsqueda de información, de acuerdo a los términos fijados en la reglamentación de la ley.

VII. Establece que el Fondo de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa será administrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros para financiar proyectos, programas y acciones contemplados en la Política Integral de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa. Para la determinación de los planes anuales propone convocar a las distintas entidades representativas del sector.

VIII. El fondo se nutrirá del 5 por ciento del monto sujeto al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los servicios digitales realizados por prestadores extranjeros que presten servicios de almacenamiento, cloud computing, administración de bases de datos, portales de búsqueda, servicios de streaming, transmisión o distribución digital de contenido multimedia a través de internet, etc.

IX. Establece que la Ley de Presupuesto de la Nación contemplará anualmente la partida necesaria para cumplir con la función de fomento al pluralismo y la diversidad informativa.

X. El Fondo será afectado a los beneficiarios que cuenten con al menos tres años de antigüedad en la actividad al momento de la solicitud de fondos y acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales y de seguridad social. La autoridad de aplicación establecerá los modos de acreditación de dicho cumplimiento.

XI. Se asignarán subsidios o aportes no reintegrables atendiendo a una distribución federal de conformidad a los planes anuales que apruebe la autoridad de aplicación.

Notas

(1) Si bien Google y Facebook son de uso gratuito, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido concluyó que los consumidores británicos pagan en forma indirecta a través de los anuncios publicitarios unos 600 dólares por hogar al año.

(2) El Furman Review (marzo de 2019) concluyó que el creciente dominio de algunas empresas está limitando la competencia y la innovación, lo que da como resultado menos opciones para el consumidor. Entre sus recomendaciones están imponer regulaciones específicas para mejorar la competencia y darle a los consumidores un mayor control sobre los datos que tienen las empresas digitales.

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf)

(3) “Una Europa adaptada a la era digital” (A Europe Fit for the Digital Age) es la hoja de ruta de la Comisión Europa. El programa abarca personas y empresas. La Unión Europea está muy por delante de Estados Unidos si se trata de regular, gravar y restringir a las Big Tech. La Comisión Europea ha llevado a cabo múltiples casos antimonopolio, así como iniciativas más amplias, entre ellas la propuesta de Ley de Servicios Digitales

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es#actions)

(4) El texto del proyecto se puede bajar de http://pluralismo.com.ar/index.php/proyecto-de-ley/