“Ortega debe ser arrojado al basurero de la historia”

“¿Cuál es la ruta? ¡Qué se vaya ese hijo de puta!”

(Consigna popular en las marchas rurales contra Ortega)

El estallido social de abril asumió un carácter irreversible. Sobrevivió a la represión. Ortega parece aislado. Los veteranos del sandinismo aseguran que “su gobierno neoliberal y autocrático devino en dictadura”. Denuncian, además, el accionar de paramilitares, secuestros, torturas y asesinatos. Dicen que es el final del FSLN, pero no del sandinismo.

Lo que está ocurriendo es gravísimo. La crisis es tal que puede desembocar en una guerra civil. A la fecha registramos medio millar de muertos, dos mil detenidos y un centenar de personas condenados con penas que van desde los diecisiete hasta los noventa años de prisión en juicios donde se vulneraron todos los derechos constitucionales”, explica Mónica Baltodano [1]. Lo hace poco después de participar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en una mesa que debatió sobre el futuro de los movimientos sociales en el contexto del Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico de Clacso.

Ya en la sede de ATE Nacional, en el marco de un panel organizado por Abel Boholavsy para difundir la situación que atraviesa Nicaragua, Baltodano, ex dirigente sandinista y comandante guerrillera, señala que unos cuarenta mil nicaragüenses marcharon al exilio desde que comenzó el conflicto. La mayoría hacia Costa Rica. Entre ellos, incluso, hay muchos campesinos propietarios de pequeñas fincas que debieron huir para no ser objeto de represalias por parte de los grupos paramilitares.

A su turno, Hansel Quintero, de la Articuladora de Movimientos Sociales; Marina Villalta, integrante de la Coordinadora Universitaria Nicaragüense; y Julio López Campos, veterano del sandinismo y ex secretario de Relaciones Internacional del FSLN (1979 y 1990), aportarán datos imprescindibles para entender la coyuntura; pero también las razones y las necesidades del frente opositor a Daniel Ortega.

La historia, aunque conocida,  vale un repaso. Ortega retornó al poder (1984-1990) en 2006, luego de tres intentos. Ganó las elecciones, aceptadas por casi todos como legítimas, con el 38 por ciento de los votos; seguido por dos agrupaciones de derecha: la Alianza Liberal Nicaragüense (29%) y el Partido Liberal Constitucionalista (26%). El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) [2] -hoy proscripto y acusado de “terrorista”- obtuvo el 6,5 por ciento de los sufragios.

¿Por qué Ortega pasó a ser considerado por los sectores de poder como un candidato potable? La respuesta estaría en la alianza que tejió con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Iglesia Católica -representada por el cardenal Ovando y Bravo- y con el ex presidente Arnoldo Alemán. El giro, sin embargo, no le impidió mantener el apoyo de dirigentes que lo consideran una garantía para la supervivencia de las organizaciones sandinistas y sus cúpulas. “Pactó con la derecha para repartir el poder y secuestrar las instituciones. Lo presentó como una garantía para la paz social. Eso atrajo inversiones. El país creció a una tasa del cuatro por ciento anual en un esquema de maquilas y sueldos miserables”, detalla Baltodano.

Aun así, Nicaragua siguió expulsando población. En la actualidad, unos 800 mil nicaragüenses viven en el exilio. Después de alcanzar un crecimiento récord del 5 por ciento en 2011, la economía se desaceleró al 4.5 por ciento en 2017 y se espera que 2018 cierre con una caída del 3.8 por ciento, que podría ser mayor debido al resultado incierto de una crisis que impacta en el consumo, en las inversiones y en el turismo. Las pérdidas se estiman en 2 mil millones de dólares. Cifra sideral para un PBI de 13 mil millones. Un panorama que podría empeorar en forma dramática si Estados Unidos finalmente decide aplicar sanciones económicas y financieras.

¿Cuándo se torció la revolución? ¿Por qué fue capaz de construir un dictador? “Hay mucho para decir. Parte de la responsabilidad es del sandinismo. Hay sin duda un pecado interno del FSLN, que podría definir como un caudillismo que comenzó con la derrota electoral del ’90 y se profundizó a partir del ‘97”, dice Baltodano. Su mirada también apunta al pacto que Ortega urdió Alemán para consolidar un esquema bipartidista. Una opción respaldada con entusiasmo por la jerarquía católica y el empresariado. La base sobre la cual Ortega estrechó vínculos con Estados Unidos.

Quintero, Villalta, López Campos y Baltodano coinciden en que la maquinaria orteguista durante años sofocó a los pequeños grupos de resistencia. Bajo la apariencia de una sociedad tranquila, la olla sumó presión. Durante la primera semana de abril, la represión dejó un saldo de cuarenta muertos. Hubo detenciones arbitrarias, torturas y violaciones. La reacción fue espontánea. “Nadie convocó. Los liderazgos se construyeron en el terreno. La gente levantó barricadas en Managua, en León y en otras ciudades; luego se sumaron los campesinos. Un proceso muy similar al ocurrido en el ’78, cuando la reacción popular obligó a Somoza a entregar el poder”, dice Baltodano.

Su lectura encuentra un hilo conductor entre el pasado revolucionario y la revuelta social de abril: la memoria histórica. Sabe de lo que habla. “La victoria contra Somoza no fue una victoria militar. Nunca conseguimos una correlación de fuerzas que permitiera el triunfo por las armas. Si la revolución sandinista pudo derrocar a Somoza fue por la participación popular”, recuerda Baltodano. El mismo factor que hoy hace tambalear a Ortega.

Tras la sublevación popular de abril, Ortega perdió el control de las bases. Así las cosas, convocó a una mesa de diálogo. Fue en junio. Un ardid para ganar tiempo. El 13 de ese mismo mes cayó la última barricada en Managua y, según Boltodano, se perdió una gran oportunidad por la ausencia de liderazgo. La represión ingresó en una nueva fase: la operación limpieza. Paramilitares, tanques y policías entraron en escena. Las capturas se sistematizaron. Ortega se hizo del poder absoluto.

El modelo en crisis

El modelo que impulsó Ortega se sostuvo, en gran medida, por los altos precios de los commodities y la ayuda económica de Venezuela. Esto le permitió mantener un esquema neoliberal para complacer a Estados Unidos, tener capacidad financiera para generar una clase empresarial sandinista y, al mismo tiempo, sustentar programas sociales y subsidiar con exenciones al sector privado. El esquema se desvaneció con la caída del precio del petróleo y de los productos primarios. La crisis venezolana sumo lo suyo. La reforma del seguro social fue apenas el detonante [3].

El viraje de Ortega, sin embargo, no fue sorpresivo. Dicen que en 2007, apenas asumió la presidencia, se hizo evidente una tendencia que venía de antes. En 2006, el grupo parlamentario sandinista votó con la derecha una ley que prohíbe el aborto, incluso en casos de violación. Ya en la presidencia, se negó a revertirla. La prohibición fue incluida en un nuevo Código Penal (2008). El apoyo a las privatizaciones y a las políticas neoliberales quedó a la vista con el acercamiento a la Cosep.

De allí en más, el FSLN impulsó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros similares con Taiwan (2008), con América Central y México (2011) y con América Central y la Unión Europea (2012). Durante su gobierno, las privatizaciones en el sector energético fueron en aumento. Un proceso idéntico al que desplegó en el sector de la minería y de la actividad forestal [4].

Para algunos, la política desarrollada por Ortega en los últimos once años se asemeja al derrotero del Partido Revolucionario Institucional en las décadas del ‘60 y ’70, cuando abrió la economía mexicana a las grandes empresas extranjeras, mantuvo buenas relaciones con el FMI y conservó el apoyo popular con una política de asistencia social que no combatió las causas estructurales de la pobreza. El reparto de alimentos, gallinas y cerdos es una práctica habitual en Nicaragua. Al igual que el PRI en 1968, Ortega no dudó en utilizar la violencia para sofocar las protestas sociales.

“Lo de Ortega con la derecha es una simbiosis, no una alianza. Lo que define la naturaleza del régimen es su misión principal: fortalecer y crear condiciones de mercado -explica Baltodano-. Ortega y su grupo no operan por conveniencia táctica. Son un grupo capitalista y el gobierno representa la comunidad de intereses que tienen la nueva oligarquía sandinista, la oligarquía tradicional y el gran capital internacional”.

Para ponerlo en perspectiva: la deuda externa acumulada después de tres gobiernos de derecha (1990-2007) financió la contrarreforma neoliberal y las privatizaciones. Esa deuda había alimentado la corrupción, en particular, durante el mandato de Alemán (1997-2002). Ortega, que asumió casi al mismo tiempo que Rafael Correa podría haberse inspirado en el ex presidente ecuatoriano para conformar una comisión revisora [5]. Hizo todo lo contrario.

Washington, el enemigo ideal

La tarea de los veteranos del sandinismo y de los jóvenes que piden elecciones anticipadas y denuncian las violaciones a los derechos humanos es complejísima. No solo en Nicaragua, donde la sanción de una ley antiterrorista judicializa -en el mejor de los casos- la persecución política. En el exterior deben lidiar con cuadros orteguistas que alientan con retórica de izquierda la teoría del complot internacional.

El argumento de estos cuadros sostiene que el objetivo de Estados Unidos es detener la creciente influencia de Rusia y China en América latina; además de aislar a Venezuela. Aducen que detrás de la revuelta social está la mano de Washington porque Managua mantiene vínculos militares con Moscú y comerciales con Caracas [6]. En 2016, cuando la Cámara de Representantes discutía sanciones contra Venezuela, un grupo de legisladores impulsó un proyecto para bloquear los pedidos de financiamiento de Nicaragua ante organismos multilaterales. La cuestión volvió a plantearse este año [7] [8].

“La hipótesis de un golpe blando, de un golpe derechista, carece de sentido. Las organizaciones que luchamos para que Ortega deje el poder no estamos financiadas por Estados Unidos. El financiamiento es para los adictos a Ortega. La misma política de Ortega desmiente la hipótesis. Lo prueba las maquilas, los call center y las concesiones al capital extranjero”, señala Quintero. López Campos es contundente: “El pueblo no debe renunciar al derecho del golpe de estado. No existe razón alguna para ser cómplice de crímenes contra el pueblo. Incluso Cuba deberá pagar el costo de avalar a Ortega”.

“Estamos hablando de derechos humanos”, subraya Marina Villalta. Su lectura sobre la posibilidad de reunir apoyo internacional es optimista. Señala que desde la década del ochenta se generaron lazos históricos con movimientos campesinos y trabajadores en lucha. También con partidos políticos de América latina y Europa. “Hoy, apoyar a Ortega es faltar a una responsabilidad ética que trasciende cualquier posicionamiento político”, agrega Villalta.

Quintero explica que tanto la policía como las fuerzas armadas, sobre las que Ortega tiene un control absoluto, constituyen brazos del FSLN. Agrega que no hay separación entre Estado y partido de gobierno. Dice además que lo que sucede en el país está silenciado por el cerco mediático. “Los medios son propiedad de la nueva burguesía orteguista. La retórica de izquierda de Ortega y la burocracia que sostiene en el exterior ya no pueden ocultar ni tergiversar lo que está pasando”, concluye Quintero.

¿Hasta cuándo Ortega?

La crisis tiene un final tan abierto como incierto. Las manifestaciones siguen prohibidas. La oposición no baja su reclamo: exige elecciones anticipadas. Ortega se niega, reprime y el FSLN está cada vez más aislado. La oposición afirma que las opciones para Ortega son claras: deja el país o llama a elecciones. Se podría pensar que desenlace dependerá en buena medida del margen de maniobra que le deje la actual crisis para continuar distribuyendo asistencia entre los más pobres. “También –dice Baltodano- de la capacidad de los movimientos sociales y de la izquierda para superar la desorientación, la represión y el descrédito en el que cayeron el sandinismo y el socialismo en general por la caricatura que representa el régimen de Ortega”.

La mesa convocada en el auditorio de ATE Nacional está llegando a su fin. En Buenos Aires, el grupo Argentina por Nicaragua seguirá con su trabajo de difusión, reuniendo solidaridades. Algunos de los expositores volverán a Managua. Otros no podrán hacerlo. Baltodano regresará. Lo hará pese a que ella y su grupo familiar se encuentran amenazados [8]. Todos coindicen en que Ortega se montó sobre los hombros de los que dejaron la vida por la revolución, los verdaderos herederos de Sandino.

Antes de terminar dejaran un pedido: solidaridad a nivel operativo. “En Nicaragua no tenemos experiencia previa en derechos humanos, en temas como memoria, verdad y justicia. La nuestra es una lucha por derechos fundamentales. Vivimos en un estado terrorista y debemos construir alianzas amplias para salir de esta situación sin renunciar a la construcción de un frente de izquierda. Trabajamos para una política de unidad”, dice Baltodano.  ¿Y Ortega…? Su respuesta no deja dudas: “Debe ser arrojado al basurero de la historia”.

[1] www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/134.asp

[2] Entre sus fundadores están Sergio Ramírez Mercado y Dora María Téllez, quien a los 23 años participó de la toma del Palacio Nacional. Téllez es historiadora y afirma que la crisis es producto de “los reiterados fraudes electorales, de la corrupción y de un régimen autoritario que mantiene el control social con la policía, grupos paramilitares, jueces y delatores en los barrios”.

[3] El argumento: balancear un sistema de seguridad social que se tornó deficitario desde 2013. La propuesta: elevar la edad jubilatoria a 65 años, aumentar los aportes patronales y de los trabajadores –al 19 y 6,25 por ciento, respectivamente-, recortar un 5 por ciento las prestaciones, eliminar el techo de aportes para los sueldos más altos y llevar a 750 semanas los aportes mínimos para la jubilación plena y a 250 semanas el requisito para una pensión mínima.

[4] Un ejemplo. La pesquera Pescanova arribó a Nicaragua en 2002 cuando adquirió Ultracongelados Antártica, la mayor planta española de cocción de mariscos. En 2006, Pescanova tenía 2.500 hectáreas de concesión. En 2009 acaparaba el 82 por ciento de la superficie total concesionada para la pesca. Hay ejemplos similares en la industria forestal y en minería.

[5] Ya en mayo de 2006, Ecuador había expulsado al representante permanente del Banco Mundial y le había pedido al FMI que abandonara la sede del Banco Central. Ecuador, al igual que Bolivia y Venezuela, habían decidido abandonar Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

[5] El país integra la Alianza Bolivariana (Alba) y las sanciones contra PDVSA impactaron en Albanisa, la petrolera nicaragüense. Para peor, la debacle económica de Venezuela cortó las exportaciones hacia este país.

[6] https://www.congress.gov/115/bills/hr1918/BILLS-115hr1918ih.pdf

[7] https://www.congress.gov/114/bills/hr5708/BILLS-114hr5708ih.pdf

[8] Ver resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/73-18MC1130-18-NI.pdf