La mayoría macrista en la Legislatura de la Ciudad aprobó una ley que permite subastar las tierras de la Villa 31… con sus habitantes adentro. Los vecinos denuncian que la medida establece un precio de 3.000 pesos el metro cuadrado para el negocio inmobiliario. ¿Por qué no les vendés la tierra a ellos a ese precio?

Llovía -y mucho- aquél miércoles 27 de marzo de 1974. Familiares y compañeros de Alberto Chejolán enterraban al hombre, de 30 años, asesinado dos días antes por la Policía con un disparo de itaka.  Marchaba con otros vecinos a Plaza de Mayo para pedir soluciones para su barrio, la Villa 31. “Queremos casas, sin trampa” era la consigna de aquella jornada. Este jueves, cuarenta y cuatro años después, hubo otra manifestación frente a la Legislatura porteña. También bajo un aguacero. También desde Retiro. También para defender el derecho a la vivienda de los más postergados. La lluvia – contradiciendo a Borges- no pareciera una cosa que suceda en el pasado. La trampa, tampoco.

La mayoría macrista entre los diputados de la ciudad logró que se aprobara la ley 3.504, llamada por el oficialismo “de Reurbanización e Integración Social y Urbana del Barrio 31”. La iniciativa está llena de palabras bonitas y nobles intenciones pero trae consigo un propósito a medida de la naturaleza del PRO: subastar las tierras con sus habitantes dentro, para beneficio de poderosos desarrolladores inmobiliarios.

Patricia Galván llegó a la villa 31 hace cuatro décadas. “Somos una de las pocas familias que resistimos el avance de la Dictadura”, cuenta. Agrega que “vivíamos en Belgrano pero se nos incendió la casa; fuimos a parar a la calle con mi mamá y mis dos hermanos menores, sin parientes ni nadie que nos tendiera una mano. Desde que llegamos este lugar fue nuestro hogar”. La mujer es una de las tantas voces de la villa que repudian la sanción de le ley: “lo que quieren es expulsarnos, es acelerar los desalojos forzosos que comenzaron este año para dejar la tierra libre a los negocios de los ricos”.

La ley busca tapar el agujero financiero que sufre la construcción del Paseo del Bajo, que unirá la autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Ilia. El gobierno nacional pidió que la ciudad se hiciera cargo de 175 millones de dólares del total de 400 millones que la Casa Rosada tomó como deuda para la obra. Para eso transfirió a dominio porteño unas 87 hectáreas, entre ellas está la Villa 31. Un convenio entre Macri y Larreta establece que se pueden subastar esas parcelas para pagar el préstamo. Hay un pequeño detalle, en esas parcelas vive, como otros 45 mil vecinos, Patricia: “Todos nos fuimos enterando de a poco; supimos que el Jefe de Gobierno arregló con algunas cooperativas de acá, que a la vez pertenecen a los delegados y consejeros. Por eso nuestros representantes no se movieron. Hicieron un trabajo muy fino”. Tan poco se movieron los delegados que ni siquiera acompañaron con su firma la presentación del proyecto, requisito formal y legal que las autoridades porteñas incumplieron.

Fue la Mesa de Urbanización Participativa, un colectivo de vecinos y organizaciones sociales, la que inició una campaña de información por el barrio. Facundo Peralta integra ese grupo y explica que el escaso diálogo que hubo con la ciudad se quebró cuando recibieron el texto de la norma. Cuenta que “más allá que el proyecto de urbanización era bastante malo y no tenía aclaraciones sobre la regularización de dominio, uno de los principales reclamos de los vecinos era saber cuánto tenían que pagar en la subasta. Les quieren tirar por la cabeza deuda a treinta años, no les dicen a cuánto, las hipotecas se volverán impagables y allí les torcerán el brazo. Lo único que nos dijeron es que el metro cuadrado saldría unos 15 a 17 mil pesos. Pero la ley establece una tasación para la subasta de 3 mil pesos el metro cuadrado. ¿Por qué no les cobran a los vecinos eso, así se quedan con la titularidad de sus casas?”. Porque el negocio no es que lo compre Patricia, Juan o María, el negocio es levantar allí lujosos emprendimientos con vista al río, en ubicación privilegiada.

Previo al debate, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dejó en los despachos de los 60 legisladores un informe sobre el resultado de las obras realizadas en la Villa 31 desde 2015 y un análisis sobre el proyecto que se trataría. La ACIJ declaró que “los mecanismos para posibilitar la permanencia de residentes en el barrio una vez que se haya terminado el proceso de escrituración resultan débiles e insuficientes”. El documento describe que “a tres años del inicio de las intervenciones en el barrio, las conexiones a la red de agua potable, el tendido de cloacas y la red eléctrica siguen siendo informales; los servicios de emergencia ingresan al barrio, pero sólo a las arterias principales y con grandes demoras de tiempo; no hay recolección de basura puerta a puerta y el alumbrado público solo existe en las arterias principales”.

Dentro del recinto parlamentario se vio a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo. Levantaba un cartel en rechazo a la ley y una foto de su hijo Gustavo. Nunca esas pancartas estuvieron tan unidas. Es que a Gustavo Cortiñas lo desaparecieron el 15 de abril de 1977 por su militancia política y social en la Villa 31. El chico había entrado al barrio de la mano del Padre Carlos Mugica, el sacerdote que sostenía que “lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria”. A Horacio Rodríguez Larreta le gusta contar que él fue bautizado por Mugica. Por lo que se ve, uno de los dos erró el camino.