“Lo que estamos viviendo es un descalabro”

La denuncia del fiscal Nisman, el fallo de Bonadío, la avanzada para destituir a Rafecas y la situación del Poder Judicial. Aquí, la opinión de uno de los más reputados especialistas en derecho penal de nuestro país y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

No creo que en el caso del memorándum con Irán haya dos opiniones. La única posible es la del doctor Rafecas. Además, su posición ha tenido principio de ejecución en la medida en que tribunales superiores la han considerado correcta. Es cosa juzgada. Nadie puede dar vuelta una sentencia por el solo hecho de pedir que se interprete de otra manera normas que ya fueron interpretadas. No hay ningún hecho nuevo que amerite volver sobre el caso”, afirma Julio Maier.

Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, tratadista y ex integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño, además de profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Maier es uno de los especialistas en derecho penal más reputados de nuestro país. Su lectura subraya que la denuncia de Nisman, revivida por el juez Claudio Bonadío, no contiene ningún hecho delictivo y que el tratado con Irán nada tiene de antijurídico e ilegítimo. Además, enfatiza que lo que se pretende judicializar son elucubraciones que no pueden provocar una causa penal porque están solo en la cabeza de quien denuncia.

“Me apena decirlo, pero actualmente desconfío del derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas. Esa falta de confianza comprende también a muchos operadores jurídicos, jueces y funcionarios del Poder Judicial. Incluso desconfío de muchos abogados y docentes”, dirá durante la charla telefónica con Socompa. Sus palabras apuntarán entonces a una larga lista de abogados que solicitada mediante reclamaron la destitución del juez federal Daniel Rafecas: “No quiero hacer nombres, pero hay muchos firmantes que creía personas de bien. Y esto por encima de las posiciones políticas. Los creía capacitados para razonar jurídicamente, pero he comprobado que no es así. Solo me queda pensar que no son honestos o no son aptos profesionalmente”.

-El fiscal Nisman sostuvo que la intención de Cristina Fernández de Kirchner y de varios ex funcionarios era avanzar con el memorándum para en forma deliberada encubrir a los imputados en la causa por el atentado a la AMIA…

-El memorándum se firmó y lo ratificó el Congreso, pero nunca entró en vigor porque Irán no lo aprobó. No se convirtió en un acto jurídico y por lo tanto no pudo producir los efectos que supuestamente tenía. Lo que dijo el doctor Rafecas ante el Consejo de la Magistratura lo suscribo: lo que vale es el ordenamiento jurídico. La mera intención, si es que la hubo, no basta. Se puede opinar, pero nunca elevar esta discusión a la categoría de delito o no delito.

-El fallo de Bonadío avala lo sostenido por Nisman. ¿Qué opinión le merece?

-Lo pongo en términos sencillos. Suponiendo que ese memorándum pudiera ser calificado como un homicidio, el hecho es que no tememos ningún muerto. Es más o menos lo mismo que pretender matar a un muerto. Usted puede realizar bajo determinadas circunstancias acciones que apunten a un homicidio, pero como el muerto no está vivo no lo puede matar. En una época esto se llamaba delito imposible, hoy se lo llama tentativa inidónea.

-Sería como buscar un resultado que no puede producirse…

-Ni más, ni menos.

-¿Y el tema de la prisiones preventivas?

-No soy muy partidario de la cárcel como reacción al delito, aunque reconozco que la privación de la libertad es lógica en algunos casos, pero no en este. Si uno sigue la lógica del señor Bonadío, incluso los legisladores que no votaron a favor del memorándum y dieron quórum también deberían ir presos. ¡Ni qué decir de los que votaron a favor! ¡Serían cómplices! Es una locura. Bonadío es una vergüenza para todos los que le hemos dedicada una gran parte de nuestras vidas al derecho y la justicia.

-Tradicionalmente, la Corte Suprema ha sostenido que el mérito, la conveniencia y la oportunidad de los actos de gobierno no son judicializables…

-La verdad es que se puede judicializar cualquier cosa. Está a la vista. Lo que no pueden hacer los jueces bajo ningún concepto es calificar como mala o buena la acción de un gobernante y luego, si la consideran mala, por ése solo hecho decidir el procesamiento y la prisión de una persona. Es un disparate. Lo que hay detrás de todo esto a una persecución política. Es lo que sucede con este asunto.

-¿Y la acusación de traición a la patria?

-Peor todavía. Raúl Zaffaroni ha dicho que se trata de una impudicia jurídica. El delito de traición a la patria está definido en la Constitución Nacional. Para que se configure requiere que exista una guerra externa. Esto es así en toda la doctrina que se quiera buscar. La traición a la patria supone aliarse al enemigo tomando las armas contra la Nación. Es una locura de un imbécil jurídico que está guiado por una pertenencia política. No resiste el menor análisis.

-¿Qué lectura hace de la actual situación de la Justicia? ¿Cree que la nueva composición de la Corte puede significar un recorte de derechos individuales y sociales?

-El Poder Judicial, en líneas generales, siempre se inclinó a favor del poder político de turno. La doctrina de la Corte me importa un pepino. No tengo una gran convicción sobre las decisiones de los jueces. Decir que los jueces crean derecho a través de sus sentencias, que crean normas que la población debe aceptar, es casi lo mismo que nada. A mi entender, la jurisprudencia es expresión de la verticalidad de la organización judicial. Esa verticalidad hace que muchas veces los jueces inferiores hagan lo que sus superiores les mandan, incluso contra sus propias convicciones y lo que ellos mismos interpretan. Es el delito típico de los jueces: el prevaricato.

-¿Sería el caso de Bonadío?

-No quiero hacer nombres. Todos conocemos sus antecedentes.

-El Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires envió una nota al Consejo de la Magistratura por el tema de Rafecas. Allí un conjunto de académicos fijaron una posición…

-Sí, una nota relativamente tibia, pero que subraya que en la resolución de los casos judiciales se pueden tener, y en caso del memorándum más que en otros, diferentes opiniones. Sin embargo, como señala la nota, esto no significa que el juez esté cometiendo un delito. No es juzgable como mala conducta. Esa es la síntesis de la postura de una serie de personas muy respetables que ocupan lugares destacados. Nota a la que adhiero, pero que se queda corta.

-¿Por qué?

-A esta altura de mi vida no quiero ni puedo ser hipócrita. Por eso les envié una nota personal a los consejeros pidiéndoles por favor que no cometieran la tropelía de llamarlo a declarar. No soy amigo del doctor Rafecas. No lo conozco personalmente, ni sé nada de su vida personal. No tengo motivos para responder por él. Aquí no se trata de opiniones o de cuestiones de jurisprudencia. Esto es peor. Lo que motiva el intento de destituir a una persona proba, querida y estimada en el mundo académico es una cuestión política. El doctor Rafecas es uno de los pocos jueces probos y queridos en el Poder Judicial. Es doctor porque se ganó el título investigando y se doctoró con una tesis calificada como sobresaliente por su universidad.

-Sus palabras tienen un dejo amargo, suenan a desencanto.

-Lo estamos viviendo es un descalabro. Siento vergüenza. No sé si ajena o propia. No soy ningún tonto y sé que el pueblo no ha dictado la sentencia de Bonadío ni está detrás del pedido de enjuiciamiento, pero lo terrible es que lo permite. Acabamos de votar hace días nomás, y ese voto habilita lo que estamos hablando ahora.

-¿Cómo estima que puede terminar la causa que lleva Bonadío?

-No sé cómo puede terminar. Lo que no tengo dudas es que se trata de una operación política para que dure en el tiempo. Siempre habrá quien pueda recurrir lo que se resuelva, y esto seguirá hasta que el periodismo lo olvide.