Macri volvió a comprar tiempo y la ortodoxia económica jugó su última carta. El acuerdo con el FMI presagia tormentas económicas y sociales. Los frentes de conflicto se multiplican. Un escenario que pone a los gobernadores en el centro de la escena.

El acuerdo con el FMI garantizará en el mejor de los casos una tregua financiera y cambiaria, pero no la paz social. El blindaje que otorga el stand by de 50 mil millones de dólares sujeto al cumplimiento de restricciones fiscales y monetarias tendrá un costo social que se traducirá en un aumento del desempleo y de la pobreza. Un escenario signado por una frágil estabilidad macroeconómica y una recesión que se derramará sobre el conjunto de la economía. No es un vaticinio. Es la opinión generalizada de los economistas. Incluso de los que integran el círculo rojo y hacen suyo el peor legado de Margaret Thatcher: el famoso “there is no alternative”.

Retracción del salario real, menor actividad económica y menos inversión entre las pymes serán las consecuencias inmediatas. El horizonte es oscuro. El acuerdo a tres años, además, excede la legitimidad del actual gobierno y compromete a las futuras gestiones. Un verdadero cepo político sea cual sea el color del próximo gobierno.

Lo pactado a puertas cerradas con el FMI pudo eludir el imprescindible debate legislativo. Sin embargo, su viabilidad no escapará al campo de la política. Tampoco a la sensibilidad social. En el primer terreno hay poco margen para la creatividad contable. En el segundo, ninguno. La posición de los gobernadores, a los que Macri intentará asociar para transferir parte de las consecuencias del torniquete fiscal, será central. Las convocatorias comenzarán en breve. Las negociaciones, arduas. El malhumor social no sabe de límites geográficos. Amenaza a tirios y troyanos. La tarea quedó para los devaluados Frigerio y Monzó. Las tijeras, en manos de Dujovne.

La inflexibilidad a la baja del gasto público de la Administración Nacional confirma el camino que tomará la discusión. Para tener una idea: el 70 por ciento del Presupuesto 2018 se explica por el gasto social. El ajuste que reclama el FMI y promueve el gobierno en la seguridad social suena casi  imposible. Las protestas generadas por el recálculo a la baja de las jubilaciones son una prueba contundente del límite que dibuja la sociedad. Ni los propios votantes de Cambiemos acompañaron la iniciativa. Macri intentará diferir esta discusión.

Ante este escenario, lo dicho: la mesa chica se concentrará en los gobernadores. Imagina poder negociar con ellos un armado presupuestario para el año próximo que satisfaga las exigencias de Lagarde. Lo que estará en juego serán las transferencias a las provincias para obras públicas. Unos 140 mil millones de pesos, según lo previsto para este año. Dujovne sabe que el anunciado recorte por parte del Estado nacional de 50 mil millones de pesos en infraestructura y gastos corrientes no alcanza. Una porción exigua de cara a la poda que pide el FMI: unos 250 mil millones solo este año.

Los ajustes en obras de infraestructura y en las transferencias a las provincias, además de la continuidad de la reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios que alienta Aranguren, son apenas algunos de los dilemas que enfrenta Macri. La inflación es otro. Tal vez, el tema central. El camino elegido es claro. El gobierno intentará usar el salario real como un ancla para contener la escalada de los precios. Ortodoxia pura y dura. Si el consumo es el único factor que puede evitar el desplome del nivel de actividad, la tarea de construir un acuerdo nacional sobre esta base tiene escasísimas chances. Con las inversiones pendiendo de un hilo y la retracción del consumo, las suspensiones y los despidos se acentuarán.

La promesa de reabrir paritarias hecha por Dujovne y Quintana a la CGT trajo un brevísimo paréntesis a una conflictividad sindical que amenaza con estallar. La mezquindad de un aumento adicional del 5 por ciento en dos cuotas apenas alcanzó para posdatar sin fecha el paro nacional con el que amaga la liturgia de un sector de la cúpula cegetista. Lo dicho por Sturzenegger en el CCK agrega leña al fuego del descontento. El prestidigitador de la política monetaria eludió pronosticar hasta dónde llegará la inflación este año. Está claro. No hacía falta que lo dijera. Todo el mundo lo sabe. Apenas reconoció que “hubo desvíos” y que intentará “que sea lo más baja posible”. Por las dudas, y para no reiterarse en falsos vaticinios, reemplazó la palabra “objetivo” por “trayectoria”. Eufemismos. El fracaso es evidente.

Deuda, Lebac y cerrojo

La incertidumbre es total y se alimenta de otro factor: el endeudamiento sin fín. Los 50 mil millones de dólares prometidos por el FMI sumarán deuda pública a los ya abultados pasivos contraídos por Cambiemos. La suma final dependerá del uso que el gobierno haga del stand by. Va de suyo que el horizonte no es promisorio. Solo los vencimientos de corto y largo plazo, en moneda extranjera y local, algunos renovables y otros no, suman 71 mil millones de dólares este año y no bajan de los 22 mil millones anuales hasta 2022. Un panorama todavía más complicado si se tiene en cuenta que los números oficiales contabilizan la deuda en moneda nacional a un tipo de cambio de 19 pesos. Una paridad que quedó en la historia tras la corrida cambiaria de mayo.

Pero hay más. Entre las exigencias del FMI se cuenta la cancelación anticipada de las Letras Intransferibles que el Tesoro Nacional le entregó al Banco Central durante el kirchnerismo a cambio de las divisas necesarias para pagar intereses de la deuda pública. La llamada política de desendeudamiento. Unos 65 mil millones de dólares al día de hoy. El objetivo, en este caso, es desarmar la bola de nieve de 1,2 billones de pesos en Lebac que alimentan las siderales tasas de interés y la apertura irrestricta a los capitales especulativos que propició Cambiemos. Hay que reconocerlo. La herencia no era la mejor, pero Cambiemos la agravó.

El mecanismo tiene como meta rescatar letras por unos 25 mil millones de dólares en unos tres años. Un horizonte temporal que excede al gobierno. La maniobra, por otra parte, suena a bicicleta contable. Es engorrosa, pero vale la pena prestarle atención. Apunta a transferir el costo de las Lebac hacia el Tesoro Nacional. Para concretarlo, Finanzas saldrá al mercado con títulos para capturar pesos y con ellos comprarle al BCRA parte de las Letras Intransferibles. La entidad, a su vez, usará los pesos que reciba para cancelar parte del stock de Lebac. “En dos o tres años, el balance del Banco Central va a lucir mucho mejor”, arriesgo Caputo. Fue el viernes, durante una jornada organizada por la Comisión Nacional de Valores en el microcine del Palacio de Hacienda.

El mecanismo tendrá como protagonistas y beneficiarios a los bancos. Los bonos en pesos, que pagarán una tasa de interés mayor que la inflación, serán absorbidos por las entidades locales. Ningún riesgo. ¿La razón? Los nuevos bonos les garantizarán un rendimiento positivo que los compensará por lo que dejarán de ganar con la entrega de las Lebac al BCRA. El canje, arropado como operación de mercado, lo acordó Caputo en las reuniones que mantuvo con los banqueros. La bicicleta financiera por otros medios.

Una última cuestión, pero nada menor: el cerrojo financiero sobre el Tesoro. La movida, en línea con el credo que profesa el FMI, supone modificar la Carta Orgánica del BCRA para que no pueda brindar asistencia al Estado nacional. El sueño de un banco central independiente. Una garantía más para la ortodoxia. La iniciativa, según Dujovne, no tiene fecha. La razón es obvia. Deberá acordarse con los gobernadores y los senadores de la oposición. De aprobarse, las necesidades financieras futuras de la administración central deberán ser cubiertas exclusivamente con la reducción del gasto público. El único camino que quedará ante la imposibilidad de recurrir a nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. Nada de desvíos.

¿Habrá 2019?

El fantasma ya no merodea solo a la oposición. Crisis económica mediante, también acecha a Cambiemos. Por el momento, la dispersión que exhibe el peronismo le otorga a Macri cierto respiro. No mucho. Apenas el suficiente para intentar el programa que acordó con Lagarde. Encerrado en un laberinto, construido a fuerza de dolarizar la economía, desarmar las barreras de contención a los capitales especulativos y transferir recursos hacia lo más concentrado de la economía, Macri se quedó sin salidas. Las herramientas que tenía a mano las desechó. Los frentes de conflicto se multiplican.

El recorte del gasto social, los tarifazos, la devaluación y los incrementos salariales por debajo de la inflación solo pueden acrecentar el malhumor social. Lo sabe el FMI. “El programa requiere de un fuerte compromiso político y de toda la sociedad”, advirtió Ricardo Cardarelli. El italiano tiene a su cargo auditar las cuentas públicas. Las encuestas no indican que el acuerdo tenga consenso social. Todo lo contrario. Desde fines de diciembre, cuando intentó la reforma previsional, la imagen de Macri entró en picada. ¿Tiene límite la caída? ¿Podrá lidiar con los que nunca lo votaron? ¿Podrá convencer a los que sí lo hicieron de que no hay alternativa? Su apoyo, por el momento, quedó reducido al núcleo que lo acompañó en la primera vuelta. Un piso muy escaso para garantizarle al FMI la viabilidad de lo acordado. El equilibrio de Macri es inestable. Perforar el piso de aprobación que tiene sería la catástrofe para Cambiemos.