No hay evidencia empírica que relacione la generación de empleo con la flexibilización de las condiciones de contratación, la rebaja de los aportes patronales o la eliminación de la indemnización por despido. Por el contrario, la reducción del desempleo se vincula con el modelo macroeconómico.

Cuando la crisis financiera global de 2008 derramó sus efectos nocivos sobre la producción, el consumo y el empleo, muchos países, en especial en Europa, avanzaron con modificaciones legislativas que redujeron el nivel de protección de los trabajadores. En un contexto de escaso margen fiscal y un aumento de la tasa de desempleo, sus impulsores afirmaban que los cambios ayudarían a estimular la producción y a generar empleo. La realidad los desmintió.

Siete años después, un detallado estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelaba que no había evidencia alguna de que la normas que habían flexibilizado las condiciones de empleo y contratación habían redundado en una mejora del mercado laboral. Por el contrario, el panel -formado por representes sindicales, de las empresas y economistas independientes- concluyó solo había mejorado la rentabilidad de la empresas.

El trabajo -publicado en 2015 bajo el título “OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo”– había analizado los datos de 63 países. Desde las economías más avanzadas integrantes de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) hasta diversos países de África, Asia y América latina. El estudio de largo aliento analizó la dinámica de las dos décadas anteriores. La conclusión fue tajante: “La disminución de la protección de los trabajadores no estimula el crecimiento del empleo”.

“Los resultados de la investigación muestran que la fuerza relativa de la legislación laboral en un país determinado no tiene efectos sobre las tasas de empleo y desempleo, ni positivos ni negativos. Esta conclusión es uniforme en todos los datos econométricos tanto en los países avanzados, como en los emergentes y en desarrollo”, señaló en su momento Steven Tobin, quien dirigió la producción y difusión del informe que se transformó desde entonces en una referencia obligada en la materia.

Tobin, que se desempeñó en la OIT y en la OCDE, precisó en ese momento que “si está bien elaborada, la regulación del trabajo puede ofrecer protección a los trabajadores sin perjudicar la creación de empleo”. De hecho, el documento puntualizó que en medio de la crisis de 2008 “un número de países emergentes y en desarrollo incrementó la protección de los trabajadores sin afectar la creación de empleo”.

El informe subraya que la cuestión es cómo concebir una regulación en función de la situación económica y del mercado laboral de un país en particular. Dicho de otra forma: no hay fórmulas mágicas ni generales. “Las regulaciones demasiado liberales pueden ser tan contraproducentes para el crecimiento económico, la creación de empleo, la igualdad y la cohesión social como las demasiado rígidas”, puntualizó el documento. “De la misma manera -agregó- un sistema judicial eficaz es fundamental para garantizar que la legislación del trabajo sea efectivamente aplicada”.

El informe abunda en material por demás interesante. Afirma, por ejemplo, que “una legislación laboral equilibrada tiene mayores probabilidades de producir resultados cuando el diálogo social entre los poderes públicos, los empleadores y los trabajadores permite encontrar el camino a seguir”. En síntesis: reducir la protección no disminuye el desempleo, y los cambios unilaterales y mal concebidos debilitan la protección del empleo y tienden a ser contraproducentes a corto y largo plazo.

“Encontrar el equilibrio depende de las características estructurales específicas de cada país, así como del estado del ciclo económico, motivo por el cual es indispensable que las organizaciones de empleadores y de trabajadores participen en el proceso de reforma”, concluyó Tobin.

¿Es lícito discutir la legislación laboral existente en la Argentina? Sí, lo es, pero solo si no se pierden de vista cuestiones que son centrales. La primera y principal, lo dicho: que no existe evidencia empírica de que un rebaja generalizada de los cargas sociales y la eliminación de la indemnización por despido sirva para reducir el desempleo. Por el contrario, la evidencia señala que la generación está ligada, ante todo, al modelo macroeconómico.

¿Las otras cuestiones que no se deben perder de vista? Que la desfinanciación de los recursos a la seguridad social, por ejemplo por la vía de reducir los aportes patronales, quitaría recursos al sistema jubilatorio y debilitaría subsidios sociales esenciales, como la Asignación Universal por Hijo. Dicho de otra forma: un reforma debería explicar cómo se compensan los recursos resignados para no tornar más vulnerables a amplios sectores que ya están en situación de extrema fragilidad.

Hay otros cuestiones. La validez de la discusión que propone la ortodoxia, al boleo y en plena campaña electoral, debería darse en el marco de un debate mucho más fino. No impactan de la misma manera la cargas sociales en una pyme o minipyme que en una empresa de capital intensivo. Para más claridad: la incidencia de contratar un trabajador es mucho mayor para un taller metalmecánico de San Martín que para el Grupo Techint contratar cien nuevos trabajadores. Una vez más: lo que podría resignarse en un segmento se debería compensar con una mayor recaudación en otro.

Pero hay más. La Argentina cuenta ya con una muy laxa legislación en materia de tercerización. Mucho más permisiva, incluso, que en el Brasil de Bolsonaro. Además, la experiencia local demuestra que cuando se flexibilizaron las condiciones de contratación se dispararon el desempleo, y la precarización laboral de quienes pudieron mantener el empleo. Una verdad que salta a la vista cuando se recorren las estadísticas locales de la década del noventa. Sí, Menem lo hizo.

Y aquí, vale la pena volver sobre el tema planteado en la bajada de este breve apunte. La recuperación del empleo que se dio entre 2003 y 2012 fue posible por el modelo macroeconómico. No hubo necesidad de recortar derechos laborales. Tan cierto como que desde 2012 a la actualidad, la macroeconomía se estancó y dejó de crear nuevos puestos de trabajo.

Para finalizar vale la pena retomar un dato difundido por la OIT esta semana. El 70 por ciento de los empleos generados en América latina desde mediados del año pasado son informales. Vale decir: inestables, de baja remuneración, sin protección social ni derechos. La región todavía no recuperó el 30 por ciento de los empleos que se perdieron: unos 14 millones de puestos de trabajo. Una realidad que también constatan las estadísticas laborales del Indec.

En síntesis: el panorama laboral es sumamente complejo y plantea desafíos enormes. La salida que propone la ortodoxia no desconoce lo expuesto por la OIT. Menos todavía los datos del Indec. Tampoco la funestas consecuencias sociales que tuvieron las reformas flexibilizadoras de los años noventa. Lo que persigue, lisa y llanamente, es ampliar la ganancias del capital concentrado. Esta vez aprovechando el desconcierto y las urgencias de los sectores medios de la sociedad como aliado circunstancial en plena campaña electoral.