Un país para pocos, pagado por muchos

El presupuesto de Cambiemos tiene fuentes de financiación que generan aún más desigualdad, mientras que los privilegiados casi no contribuyen con el erario público.

El proyecto de ley de Presupuesto de Macri explica claramente que los que financian los gastos del Estado son los “argentinos de a pie” en el presente y con la hipoteca futura de la deuda externa que crece en proyección geométrica, mientras los privilegiados de este país contribuyen mínimamente con el erario público y se benefician con la compra de dólares baratos y la evasión y elusión fiscal.

Los ingresos de la administración nacional argentina actual son básicamente cuatro: Los impuestos; las transferencias al Tesoro de la Nación sobre todo de los bancos (BCRA y BNA); los aportes previsionales; y la deuda externa;  con lo que mal pero de esa manera se financia el gasto público.

Los impuestos

Los impuestos son por el imperio de la ley y demuestran más que nada la cultura y la solidaridad entre los habitantes de una Nación.  Benjamín Franklin decía: “Debemos hacer una Nación donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos” El principio es que los que más tienen más deben contribuir.

La Constitución de la Nación Argentina en su Art. 4° sostiene que: “El gobierno federal provee los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la oblación imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”.   Y en el Art. 75° Inciso 2, en su primera parte afirma: “Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias.  Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del estado lo exijan…”, por lo tanto queda clara la responsabilidad de la recaudación, pero no tan clara como se distribuye, máxime cuando se incumple con la reforma de 1994 que sostiene que el actual régimen de coparticipación federal de impuestos tendría que haber sido modificado antes de la finalización del año 1996, tal lo establece la Disposición Transitoria Sexta.

Pero en la práctica del gobierno de Cambiemos, cuando observamos la estructura de los impuestos,  la mayor recaudación es por el IVA (impuesto al valor agregado) que estiman para el año 2018 en 871.642,1 millones de pesos (7,05% del PIB), que es un gravamen que pagamos los consumidores, que en el caso de la mayoría de los asalariados impacta sobre nuestros ingresos (se paga el IVA en los alimentos, vestimentas, enseres personales, muebles, artefactos, en los servicios de luz y de gas, teléfono, celular, etc.).

Los sigue en importancia el Impuesto a las Ganancias con una recaudación proyectada para el año que vienes de 642.261,3 millones pesos (5,19% del PIB), pero con el agravante que la 4ta Categoría, los asalariados, contribuyen con más del 40% de dichos ingresos, dado que el mínimo no imponible es de 51.967.- anual para el corriente año 2017 (cierto que se debe actualizar por la ley 27.346 para el año entrante) y se le suman las deducciones por conyuge y por hijo e hijastro menor de 18 años, con lo que alcanza a un número considerable de trabajadores que pagan por privarse de consumir. Pero paralelamente están exceptuados de pagar el impuesto a las ganancias los intereses de los títulos públicos (que el mismo gobierno estima en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2018 que se pierde de recaudar por la exención, 37.961,2 millones de pesos), los intereses de los depósitos a plazo fijo (no se recaudan 21.937,7 millones de pesos), también se eximen de pagar la compra y venta de acciones por personas físicas, las asociaciones civiles, fundaciones, el ingreso de los magistrados y funcionarios del poder judicial, etc.

Los derechos de  exportación (retenciones) que fueron tan importantes en la administración de los Kirchner, fueron eliminados para todas las exportaciones, salvo para la soja, a la cual se le aplica una reducción de la alícuota y su recaudación desciende abruptamente para ser solo el 0,7% del PIB (Cuando en el año 2007 por ejemplo significó el 2,1% del PIB, tres veces más).

El tributo nacional a las riquezas es el Impuesto a los Bienes Personales, sobre el que se realiza  un ajuste del mínimo no imponible (y estamos hablando de valores fiscales de la tierra y de los inmuebles que se toman muy mal, por cifras insignificantes con respecto al valor real de la propiedad) y a la vez se le reduce la alícuota, dando como resultado recaudaciones cada vez menores.

Reducción de la alícuota Bienes Personales:

2016: mínimo exento de 800.000 pesos y la tasa de impuesto del 0,75%;

2017: mínimo exento de 950.000 pesos y con la tasa del 0,50%; y

2018: mínimo exento de1.050.000 pesos con la tasa del 0,25%.

El mismo gobierno reconoce en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional que el Impuesto a los Bienes Personales va a recaudar el año que viene menos incluso a valores corrientes que este año (que ya era una miseria), para pasar de 19.458 millones de pesos en el 2017 a solo 13.802 millones en el 2018, que significa el 0,11 del PIB (porcentaje que significa la tercera parte de lo que se exime de pagar en el Impuesto a las Ganancias a los intereses de los títulos públicos y la mitad de lo que se exime a los plazos fijos),  es obvio que  se debe incrementar la alícuota con la estructura como era el año 2015:  Cuando el mínimo exento era de 305.000pesos y la alícuota iba de 0,5% a 1,25% según el monto del patrimonio.

Volvemos a la Constitución Nacional que asigna la recaudación del impuesto a la tierra a las provincias (inmobiliario rural), bien contando con el suelo más fértil del mundo en nuestra pampa húmeda, donde más rinde tiene la soja o cualquier cultivo, el total de la recaudación del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires correspondiente a los nueve primeros meses del año 2017 fue de 3.198,1 millones de pesos, o sea el equivalente a unos 188 millones de dólares. La tierra más fértil del mundo paga (los que pagan) 0,16% (la sexta parte del 1%) del PIB provincial, gracias a la pésima (e interesada)  sub valuación de inmuebles  Y no es muy distinto en el resto de las jurisdicciones sub nacionales, que incluso no puede ser compensado por la magra (paupérrima) recaudación del impuesto a la Herencia o Transmisión Gratuita de Bienes que fuera derogado durante la última dictadura militar y restablecido deficientemente en algunas provincias.

Como proponen en su libro “Elementos para una Reforma Tributaria en la Argentina” Alejandro Otero y Alfredo Iñiguez (Editado por la Universidad Nacional de Moreno), no se puede gravar con la valuación actual fiscal provincial y nacional (inmobiliario rural y Bienes Personales respectivamente) y se debe aplicar un impuesto extraordinario a la propiedad de la tierra que, articulado con el inmobiliario rural y los derechos de exportación, capturen parte de la renta diferencial que obtienen los dueños de los mejores campos.

Ante el hecho cierto de que grandes extensiones están en manos extranjeras (no otra cosa es el enfrentamiento con los Mapuches) y de grandes propietarios, el gobierno anterior presentó un proyecto de ley que establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros y a sociedades. Esa restricción era en sí misma un primer paso para abrir la discusión acerca de cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico. En el proyecto de marras (que nunca pasó de ser tratado en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación) se prevé la creación de un registro nacional de propietarios (a cargo del Ministerio de Justicia) y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. Sin ese relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, no se podrá regular fehacientemente la tenencia de las propiedades.

Obviamente que el descendiente por línea materna de los Blanco Villegas de Tandil, y él mismo con grandes extensiones de tierra en el norte argentino, “amigo” por decirlo de alguna manera, del  inglés Joseph Lewis, el mayor accionista privado de Edenor y propietario de miles de hectáreas en la Patagonia, en cuya casa en el sur, con lago incluido, suele alojarse, no va hacer suyo el proyecto y enviarlo para ser tratado en extraordinarias.

Recursos de Seguridad Social

Son los aportes previsionales personales y patronales, el problema, como tienen en mayor o menor medida todos los países, es que está rota la relación entre los trabajadores en actividad (en la Argentina actual unos 9.800.000 aportantes) y los jubilados y pensionados (pensiones contributivas, su conyuge aportó durante su vida laboral) que suman unas 7.250.000. La relación da menos de 1,4 personas en actividad por uno en pasividad, de allí que después de la deuda externa es el mayor déficit de las cuentas públicas nacionales. En efecto, se estima recaudar por aportes y contribuciones a la seguridad social para el año 2018 la suma de 890.638,9 millones de pesos, una parte se le transfiere a las provincias que siguen teniendo su propio sistema previsional (y no le transfirieron la caja previsional a la Nación como hicieron la mayoría tras el menemismo) por lo que lo que ingresa a la administración nacional se estima en 769.367 millones de pesos, cuando las erogaciones previsionales previstas alcanzan a1.210.786 millones (déficit de 441.419 millones, el 15,8% del gasto público nacional de 2.783.156 millones pesos).  Dicho déficit se cubre con impuestos, básicamente el 11% de la recaudación del IVA, el 20% del Impuesto a las Ganancias, una parte considerable del impuesto a los combustibles y el Gobierno envió  a la Cámara de Diputados u proyecto de ley para prorrogar hasta el 31  de diciembre de 2019 el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, sin cambios en la coparticipación pero sí en el destino de lo recaudado, que ahora  iría a la Anses.

Igual van a buscar extender la edad para jubilarse y de esa manera sigan aportando los argentinos de a pie y a la vez se jubilen menos.

Transferencias al Tesoro de la Nación

Contablemente se denomina “Rentas de la Propiedad”, se trata de recursos que obtiene un Estado de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sin contraprestación alguna. En nuestro país, por extensión, también son consideradas como transferencias recibidas por el Tesoro de la Nación el giro de las utilidades del Banco Central, de los bancos oficiales nacionales (Banco de la Nación Argentina y Banco de Inversión y Comercio Exterior), así como todo ente público que tenga utilidades y que es remitido al Tesoro.  Se prevé para el año 2018 que va alcanzar la suma de 83.695 millones de pesos e incluye en el proyecto de ley de Presupuesto 2018, en su artículo 89, obligar al Banco Nación Argentina a transferir al Tesoro de la Nación 20.000 millones, al tiempo que afirma: “Encomiéndese al Directorio de la mencionada entidad que adopte las medidas necesarias para cumplir con la transferencia ordenada y realizar las adecuaciones societarias pertinentes”.

El festival de la deuda

El proyecto de presupuesto 2018 estima los gastos totales en 2.783.156 millones de pesos, pero consideran los ingresos en 2.104.286 millones, lo que implica un déficit fiscal de $ 678.870 millones, que al dólar promedio para el año entrante, que el mismo gobierno evalúa en 19,30 pesos,  es el equivalente a 35.174,6 millones de dólares, y ése va a ser el piso de endeudamiento del año que viene

Quiere decir que el 24,4% del presupuesto proyectado se financia con deuda, que alguna vez hay que pagar y ahora impacta en el pago de los intereses al acrecentarse el monto de la misma y no haber obtenido, como afirmaban en la campaña, tasas preferenciales de interés.  Ya para este año 2017 se paga por intereses de la deuda el equivalente al 80% de la masa salarial de todos los empleados públicos nacionales (por supuesto incluido las fuerzas armadas y de seguridad que son prácticamente el 60% de las remuneraciones) y para el año 2018 se plantea que los intereses representarán el 89% de la masa salarial.

Los trabajadores financian todo

Los que financian al Estado Nacional (y también provincial) son los trabajadores privándose de su consumo (no otra cosa es el IVA, los impuestos internos, los impuestos a los combustibles, etc.), incluso le hacen pagar “Ganancias” cuando son ingresos para poder vivir más dignamente.  Y en cambio los ricos pagan casi nada de impuesto a la propiedad, eliminaron las retenciones y redujeron la alícuota de la soja, le eliminaron gravámenes a los yates y autos importados y otros artículos de lujo, le concedieron el “blanqueo” de lo que habían fugado otrora, los eximen del gravamen a la renta financiera, le permiten armar sociedades para evadir o eludir impuestos. A los trabajadores monotributistas los obligan a recategorizarce cuando pasan los 84.000 pesos de ingresos anuales y ellos no pagan tributos por sus campos y demás propiedades.

Y encima le dejan el “negocio” de la deuda, que toman los Estados (Fundamentalmente la Nación. Pero también “alegremente” la Provincia de Buenos Aires que se endeuda y pide mejorar la coparticipación y no grava, como debiera hacer, las tierras más fértiles del mundo).  Negocio que le permite la bicicleta financiera y cada tanto retirar “ganancias” comprando a través de los grandes bancos al BCRA y sin límite alguno, los dólares que quieran y fugarlos.  Dólares que son deudas de la Nación y las provincias y le cambiaron al Banco Central por pesos.

Argentina no es un país pobre, es un país esencialmente injusto, empuja a la marginalidad y a la miseria a una importante franja de la población, exigen flexibilidad laboral y van a extender la edad para jubilarse (e incluso el pago va a ser mínimo para la mayoría de los jubilados y pensionados), mientras los ricos no pagan impuestos (o lo hacen muy mínimamente) y les permiten fugar dólares que compran barato porque el mismo ingreso de la deuda (que se debe pagar en el futuro) aumenta la oferta de divisas en el presente, con lo que perpetúan sus privilegios y la marginalidad, que es la verdadera brecha que deberíamos cerrar.