Economistas de veinte países, incluidos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, instaron a los bonistas a adoptar un “enfoque constructivo” ante la propuesta de reestructuración de la deuda externa. “La responsabilidad de actuar recae en los acreedores privados”, señala la carta abierta firmada, entre otros, también por Jeffrey Sachs, Carmen Reinhart y Thomas Piketty. Aquí, el texto completo.
La reestructuración de la deuda privada argentina es esencial
Se solicita a los acreedores de Argentina que acepten una propuesta que reduciría su flujo de ingresos, pero que la haría sostenible. Una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto.
(Nueva York). La pandemia de Covid-19 ha empujado a la humanidad hacia la peor recesión mundial en los tiempos modernos. La presión sobre las finanzas públicas se ha vuelto enorme, particularmente en los países en desarrollo que ya estaban muy endeudados.
El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas han lanzado varias iniciativas para aliviar la carga de la deuda pública en esta situación extraordinaria. Como primer paso, los países del G20 acordaron otorgar una moratoria sobre la deuda bilateral oficial de las setenta y seis economías más pobres del mundo.
Este momento plantea la prueba definitiva de la arquitectura financiera internacional. “Sostenibilidad” es un término que ahora es omnipresente en las finanzas e inversiones mundiales, y por una buena razón. Los principios que incorpora, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hablan de construir un mundo mejor. Y esos principios son profundamente relevantes cuando se trata de la deuda soberana de los países en desarrollo con dificultades.
En el contexto de esta emergencia global, Argentina encabeza su proceso de reestructuración de la deuda pública de manera constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos nacionales. Desde 2016, cuando el país recuperó el acceso a los mercados internacionales, los acreedores externos hicieron una apuesta al adquirir deuda con cupones altos, pero compatibles solo con tasas de crecimiento extremadamente sólidas que no se materializaron.
En febrero, antes de que la crisis de Covid-19 se agudizara, el FMI concluyó que la deuda pública de Argentina es “insostenible”. Existe consenso en que la deuda es inasequible, y los pagos de intereses se han duplicado con relación a los ingresos del gobierno. Para ser franco, el costo de la refinanciación se ha vuelto excesivamente alto.
Una renegociación requiere el compromiso de todas las partes. Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un recorte menor en el capital y un recorte significativo en los intereses. La propuesta está en línea con el análisis técnico del FMI, que establece que se necesitará un alivio sustancial de la deuda con los acreedores privados de Argentina para restablecer la sostenibilidad de dicha deuda con alta probabilidad.
El alivio es la única forma de combatir la pandemia y de poner la economía en un camino sostenible. Antes de la crisis, el Banco Mundial estimó que la pobreza urbana en Argentina era del 35,5 por ciento y la pobreza infantil del 52,3 por ciento. La ONU ahora considera el impacto del shock en el país como uno de los peores en su región, con el FMI proyectando una contracción del 5,7 por ciento del PIB en 2020.
Se les pide a los acreedores que reduzcan el flujo de ingresos, pero recibirían tasas de interés razonables en el futuro. Argentina ha ratificado su disposición a pagar la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta. Solo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir con sus compromisos financieros en el tiempo.
La diferencia de trato entre capital e intereses está diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda, mientras que el país lucha contra Covid-19 y trabaja para restaurar el crecimiento. De hecho, la reducción del cupón de bonos promedio ofrecido por Argentina (del 7 al 2.3 por ciento) es razonable, dado el entorno actual de las tasas de interés globales.
En este momento excepcional, la propuesta también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible. La ausencia de un marco legal internacional para la reestructuración de la deuda soberana no debería privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger a su pueblo y proporcionar una recuperación económica durante la mayor crisis global en nuestra memoria.
Creemos que un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes: una economía en dificultades con 45 millones de personas y los propios acreedores. Ahora es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto.
Firman en forma conjunta: Jeffrey D. Sach s, Universidad de Columbia; Dani Rodrik , Harvard Kennedy School; Thomas Piketty , Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales; Mariana Mazzucato , University College London; Kenneth Rogoff , ex economista jefe del FMI y Universidad de Harvard; Brad Setser , Consejo de Relaciones Exteriores; Ricardo Hausmann , ex economista jefe de la JID y Harvard Kennedy School; Carlos Ominami , ex ministro de Economía, Chile; Yu Yongding , ex miembro del Comité de Política Monetaria, Banco Popular de China; Erik Berglof , ex economista jefe del BERD y London School of Economics; Nora Lustig , Universidad de Tulane; Nelson Barbosa , ex ministro de Finanzas y Planificación; Justin Yifu Lin , ex economista jefe del Banco Mundial y Universidad de Pekín; Partha Dasgupta , Universidad de Cambridge; Kevin P. Gallagher , Universidad de Boston; , Brookings Institution; Robert Boyer , Consejo Nacional de Investigación Científica; Robert Pollin , Universidad de Massachusetts-Amherst;Stephany Griffith-Jones , Universidad de Columbia; Stephanie Blankenburg , UNCTAD; Richard Kozul-Wright , UNCTAD; Ricardo French Davis , Universidad de Chile; James K. Galbraith , Universidad de Texas; Jean-Paul Fitoussi , Ciencias Po; Amar BhattacharyaRobert Howse , Ley de la NYU; Giovanni Dosi , Scuola Superiore Sant’Anna; Juan Carlos Moreno Brid , Universidad Nacional Autónoma de México; Josh Bivens , Instituto de Política Económica; Arjun Jayadev , Universidad Azim Premji; David Soskice , London School of Economics; Jayati Ghosh , profesora de economía, Universidad Jawaharlal Nehru; Mauro Gallegati , Università Politecnica Delle Marche; Natalya Naqvi , London School of Economics;Daniela Gabo r, UWE Bristol; Marcus Miller , Universidad de Warwick; John E. Roemer , Universidad de Yale; William H. Janeway , Universidad de Cambridge; Dean Baker , Centro de Investigación Económica y Política y Universidad de Utah; Gerald Epstein , Universidad de Massachusetts-Amherst; Anwar Shaikh , New School University; Kaushik Basu , Universidad de Cornell; Matias Vernengo , Universidad de Bucknell; Philippe Aghion , London School of Economics; Anne Laure Delatte , Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales; Sudhir Anand, London School of Economics; Christoph Trebesch , Universidad de Kiel; John Weeks , Universidad de Londres; David Vines , Universidad de Oxford; Saskia Sassen , Universidad de Columbia; Sandra Polaski , Universidad de Boston; Thomas Pogge , Universidad de Yale; Rhys Jenkins , Universidad de East Anglia; Jurgen Kaiser , Jubileo Alemania; Gary A. Dymski , Universidad de Leeds; Andreas Antoniades , Universidad de Sussex; Raphael Kaplinsky , Universidad de Sussex; Diane Elson , Universidad de Essex; Ernst Stetter, ex secretario general, Fundación para Estudios Europeos Progresivos; Ozlem Onaran , Universidad de Greenwich; Todd Howland , Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Isabel Ortiz , Universidad de Columbia; Carolina Alves , Universidad de Cambridge; Eric LeCompte , Jubilee USA Network; Richard Jolly , Universidad de Sussex; Christoph Trebesch , Universidad de Kiel; Diego Sanchez-Ancochea , Universidad de Oxford; Mark Weisbrot , Centro de Investigación Económica y Política; Lara Merling , Confederación Sindical Internacional; Pedro Mendes Loureiro, Universidad de Cambridge; Ilene Grabel , Universidad de Denver; Sabri Öncü , CAFRAL; David Hall , Universidad de Greenwich; José Esteban Castro , Universidad de Newcastle; Andy McKay , Universidad de Sussex; Stefano Prato , Sociedad para el Desarrollo Internacional; Rosemary Thorp , Universidad de Oxford; Barry Herman , La Nueva Escuela para la Participación Pública; Andrés Aruaz , ex Ministro de Conocimiento y Director General del Banco Central, Ecuador; Manuel Alcántara , Universidad de Salamanca; Alex Izurieta , UNCTAD; Michael Cichon , UNU Maastricht;Biswajit Dhar , Universidad Jawaharlal Nehru; Jens Martens , Foro de Política Global; Nicolas Pons-Vignon , Universidad de Witwatersrand; Jean Saldanha , Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad); Leonidas Vatikiotis , Proyecto libre de deudas; Valpy FitzGerald , Universidad de Oxford; Giovanni Andrea Cornia , Universidad de Florencia; Matthias Thiemann , Ciencias Po; Yılmaz Akyüz , ex economista jefe, Centro Sur, Ginebra; Stephan Schulmeister , Universidad de Viena; Eduardo Strachman , Universidad Estatal de São Paulo; Peter Dorman , Evergreen State College;CP Chandrasekhar , Universidad Jawaharlal Nehru; Leopoldo Rodríguez , Portland State University; Chris Tilly , Universidad de California en Los Ángeles; Tracy Mott , Universidad de Denver; Jeffrey Madrick , Schwartz Redescubriendo la iniciativa del gobierno; Günseli Berik , Universidad de Utah; Joseph Ricciardi , Colegio Babson; Lorenzo Pellegrini , Erasmus University Rotterdam; Erinc Yeldan , Universidad Bilkent; Sunil Ashra , Instituto de Desarrollo de Gestión; Mustafa Özer , Universidad Anadolu, Turquía; Rolph van der Hoeven , Universidad Erasmus de Rotterdam;Al Campbell , Universidad de Utah; Antonella Palumbo , Università Roma Tre; Arthur MacEwan , Universidad de Massachusetts Boston; Neva Goodwin , Universidad de Tufts; Korkut Boratav , Asociación Turca de Ciencias Sociales; Michael Ash , Universidad de Massachusetts-Amherst; Alicia Puyana , Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; John Willoughby , Universidad Americana; Marco Palacios , El Colegio de México; Reza Mazhari , Universidad Gonbad Gavous, Irán; Ann Markusen , Universidad de Minnesota; Renee Prendergast , Universidad de Queens;Michael Moore , Universidad de Warwick; Carlos A. Carrasco , Universidad de Monterrey, México; Robert Lynch , Colegio de Washington; John Schmitt , Instituto de Política Económica; Venkatesh Athreya , Universidad Bharathidasan; Jeff Faux , Instituto de Política Económica; Kunibert Raffer , Universidad de Viena; Jenik Radon , Universidad de Columbia; Maria Joao Rodrigues , Fundación para Estudios Europeos Progresivos; Stephanie Seguino , Universidad de Vermont; Gustavo Indart , Universidad de Toronto; Cyrus Bina , Universidad de Minnesota; Alberto Minujin, La nueva escuela; Philip Alston , NYU; Sudhir Anand , London School of Economics; José Gabriel Palma , Universidad de Cambridge; Michael A. Cohen , La Nueva Escuela; y Jeff Powell , Universidad de Greenwich.
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