El dólar: de la city a la góndola; los salarios: el dique de contención. El parate de la obra pública y los recortes presupuestarios auguran mayor desocupación y pobreza. La recesión está en marcha y lo peor por venir. (Foto de portada: Claudia Conteris).
Con escaso capital político y sin crédito financiero, Macri vende un futuro promisorio que el presente niega. No le queda otra. Tiene poco y nada para mostrar. Según la machacante versión oficial, solo se trataría de expiar el pecado original del déficit fiscal y, por añadidura, terminar con la inflación. La receta es sabida: mega devaluación, reducción de salarios, recorte del gasto público y contracción de la base monetaria. ¿El dese inconfesable de Cambiemos?, como señaló Ricardo Rouvier en una nota publicada en La Tecla. Puede que sí. Lo concreto es que Macri arrojó la llave por la ventana cuando pactó con el FMI y aceptó las condicionalidades que impusieron Largarde & Cia
Ya nadie duda que lo peor está por venir y que la recesión en marcha se prolongará al menos durante tres trimestres. Economistas de todos los colores coinciden en que 2018 cerrará con una caída del PBI del orden del 1 por ciento. Dicen, sin embargo, que la situación probablemente luzca algo mejor que en ocasiones anteriores. ¿La razón? El arrastre estadístico que dejó el primer trimestre de este año. Un amortiguador que le permitiría a Cambiemos con la ayuda de las repetidoras oficiales gambetear titulares catastróficos. A partir de allí vendría un lento rebote. El mejor escenario al que puede aspirar el oficialismo de cara a las presidenciales de octubre.
La visión, extendida entre las grandes empresas, que se podría calificar como optimista, parte de varios supuestos que obsesionan al círculo rojo. El principal: que no habrá mala praxis. En otras palabras: que al menos por esta vez el mejor equipo de las últimas cinco décadas no pifiará. ¿La garantía? El monitoreo in situ de los técnicos de Lagarde. Ajuste puro y duro, que le dicen. Casi una cuestión de fe que prescinde del límite que dibuje el descontento popular, el posicionamiento de la oposición y el rumbo que adopte la CGT, cada vez más presionada por la bases.
Otro lectura, más realista por cierto, pronostica que será la recesión más profunda desde 2009. El análisis evita el año calendario y mide la probable evolución de la economía tomando como puntas los primeros trimestres de este año y el próximo. En este caso, el pronóstico habla de una retracción del 5 por ciento del PBI. Un derrumbe de una magnitud con pocos antecedentes. De allí que sostengan que el derrotero implicará un severo deterioro de dos variables que se retroalimentan: desocupación y pobreza. La mirada subraya la posibilidad de un fin de año conflictivo.
La industria, en retroceso
Los últimos datos anticipan un enorme deterioro. La actividad industrial cayó un 1,9 por ciento en mayo con relación al mismo mes del año pasado y redujo al 2,4 por ciento el crecimiento acumulado en los primeros cinco meses. Así lo indica el último informe de la UIA. Una tendencia que según el centro de estudios de la entidad se profundizará en los próximos meses por la desaceleración de las ramas vinculadas a la construcción, el menor dinamismo del mercado interno, el incremento del costo financiero para las pymes y la sequía, que impactó en la agroindustria. Dante Sica, elogiado por la UIA, poco podrá hacer para evitar un descalabro mayor.
Las señales están a la vista. Los primeros datos de junio ya muestran caídas en los despachos de cemento, en la producción automotriz y en la demanda de insumos para la construcción. También en la producción de alimentos, en el sector de las metalmecánicas, en el rubro farmacéutico y en el bloque de las petroquímicas; además de una profundización de la debacle en textiles, indumentaria y calzado.
La situación tiene reflejo en el empleo registrado del sector manufacturero. Abril cerró con una nueva baja. Se perdieron 3.700 puestos de trabajo. Se trata de la quinta caída consecutiva. El nivel implica una contracción del 1,5 por ciento con respecto al mismo mes de 2017.
De la city a la góndola
El panorama es oscuro. Los formadores de precios sostienen que la economía todavía no terminó de absorber un dólar a 28 pesos. Se refieren al famoso pass through; el traspaso de la devaluación a las góndolas. Dicen que todavía les resta trasladar entre un 15 y un 20 por ciento. Un argumento que esgrimen en las reuniones sectoriales convocadas por el gobierno. Los datos del Indec, que nada dicen sobre la transferencia de recursos que implica la mega devaluación, confirman la posibilidad. Los precios mayoristas suelen anticipar la trayectoria de los minoristas. Se dispararon un 6,5 por ciento en mayo y acumularon una suba del 30 por ciento en el primer semestre.
Además, en los próximos días entrarán a tallar los importadores que proveen insumos, materias primas y semielaborados. A la hora de reponer stock lo harán con un dólar a 30 pesos. Según el Indec, solo en junio, los precios mayoristas de los bienes importados se dispararon casi un 11 por ciento. Por las dudas, los gerentes financieros de las grandes empresas ya trabajan sobre la hipótesis de un dólar a 32 pesos hacia fin de año y una inflación de entre el 32 y el 34 por ciento. Una hipótesis nada descabellada y que, de confirmarse, supondrá una mayor injerencia del FMI, como advierte el staff report del organismo.
En la Secretaría de Comercio ya están notificados de los aumentos que se vienen. Miguel Braun no podrá decir que no le avisaron. Los datos preliminares de julio que maneja el área señalan que las subas promediaron el 13 por ciento, con picos del 18 por ciento en algunos productos. Por lo pronto, Mastellone y SanCor ya anunciaron a comercios y supermercados que sus productos llegarán con más remarcaciones. Lo mismo hicieron Arcor y Molinos Río de la Plata, que pico en punta. Hablan de alzas que promediarán el 7 por ciento en el caso de las leches y de entre el 5 y el 6 por ciento para el resto de los artículos. Será la quinta modificación de las listas de precios desde enero. Si la situación empeora vaticinan faltantes. Dicen que por la falta de precios de referencia.
En pocas palabras, la inflación seguirá su curso y difícilmente se ubique por debajo del 2 por ciento mensual en el corto plazo. Algo que hasta admite el propio Banco Central. El único dique de contención será la caída del salario real. La propuesta que hizo el gobierno a la CGT de un aumento adicional del 5 por ciento para compensar el rezago por los acuerdos cerrados en torno al 15 por ciento apunta en esa dirección. Según el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, “un adicional de tal magnitud solo moderará la caída de los salarios, incluso si se tienen en cuenta los aumentos que se otorgarían a fin de año y principios del próximo por la aplicación de las cláusulas de revisión”.
El trabajo aporta algunos datos que permiten cuantificar el deterioro. Incluso con la aplicación del adicional, si la inflación llega al 30 por ciento [1], el salario promedio de los seis convenios más importantes en términos de afiliados [2] caerá un 3,1 por ciento en 2018 y habrá acumulado una retracción del 6,5 por ciento desde 2015. Se trata, apenas, de un ejercicio teórico. El deterioro será peor entre los trabajadores informales, los cuentapropistas y los empleados estatales. Los salarios seguirán siendo una de las principales variables del ajuste. La millonaria embestida del gobierno contra el gremio de camioneros confirma el rumbo.
Las obras, bien gracias
El ciclo recesivo aceleró las negociaciones entre empresarios y funcionarios. La malaria se siente con especial fuerza en los municipios. Incluso en el territorio bonaerense, donde Vidal descansa en los recursos que le provee la Casa Rosada y en el incesante aumento de la deuda pública provincial, que creció un 32 por ciento ajustada por inflación entre 2015 y diciembre de 2017. Los recortes presupuestarios en obras públicas y contrataciones ralentizaron o directamente suspendieron los pagos a las empresas constructoras. Varias firmas ya rescindieron los contratos vigentes. Lo hicieron de común acuerdo con los jefes comunales.
“Las obras de infraestructura vial no se pararon porque las adjudicatarias son firmas muy grandes con espalda financiera. Pueden aguantar. Lo que está frenado es lo que se relaciona con urbanización, escuelas, hospitales, plazas y centros comunitarios”, confió a Socompa un empresario de mediana envergadura que solía criticar con dureza al kirchenrismo. Su firma tiene cinco obradores en el conurbano bonaerense y varios contratos todavía vigentes
A futuro, el panorama luce todavía más sombrío. La razón es que muchas obras, algunas ya adjudicadas y otras por ejecutar, se pactaron con un dólar a 20 pesos. Desde el Gobierno nacional bajaron la orden de renegociar un ajuste que no supere el 5 por ciento del contrato original. “A nosotros no nos cierra, pero tampoco queremos hacer juicios. Preferimos una salida consensuada y esperar. Si hacés juicio no volvés a entrar. No es negocio”, redondeó el empresario.
Mientras tanto, el torniquete monetario, que retira pesos del mercado y convalida tasas de interés siderales, alienta la bicicleta financiera. Lo hace al tal punto que la Afip se ha convertido en una fuente de financiación para algunas pymes. Parece ilógico, pero no lo es. El archienemigo devino en aliado. Hoy, los planes de pago del organismo implican un interés de entre el 2 y el 2,5 por ciento mensual. Invertir en Lebac y patear para adelante las obligaciones impositivas y previsionales es una alternativa más barata que recurrir al banco. Una forma de ir tirando hasta que se recompongan las ventas.
Del 50/50 al 67/33
En la Secretaría de Hacienda dicen que las provincias ya recibieron por transferencias corrientes unos 24.500 millones de pesos este año. Se refieren al dinero que cobran en forma automática vía coparticipación por la recaudación de IVA y Ganancias. Lo que Frigerio y Dujovne intentan eliminar son unos 100 mil millones que corresponden a transferencias discrecionales afectadas a programas de educación y salud. Argumentan que son obras que deberían hacer las provincias con recursos propios.
Foto: Claudia Conteris.
Por lo pronto, acuciado por la necesidad de alcanzar un acuerdo con los gobernadores para llegar a la meta de un déficit fiscal del 1,3 por ciento del PBI el año próximo, Macri abandonó la idea del fifty-fifty. La gobernadores que responden a Cambiemos le hicieron saber que la iniciativa marchaba al fracaso. El peligro de no alcanzar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2019 terminó por convencer al gobierno. La nueva propuesta, que encontraría algún grado de aceptación entre los gobernadores enrolados en la oposición, insiste con el recorte de 300 mil millones de pesos, pero lo reparte en forma diferente. Nación ajustará por 200 mil millones y el resto lo harán las provincias.
Para los gobernadores no deja de ser un mal trago. El acuerdo con el FMI implica reducir las transferencias discrecionales en un 12 por ciento durante 2018 y en un 54 por ciento en 2019. Para tener una idea. Los cálculos preliminares señalan que Buenos Aires debería ajustar unos 20 mil millones de pesos, Córdoba 8.400 millones, Entre Ríos 4.700 millones y Mendoza no menos de 4.100 millones. Son los números que se filtraron esta semana tras la reunión que mantuvieron Dujovne y Frigerio con los ministros de Hacienda de las provincias amigas.
La jugada del oficialismo es dejar para los próximos días las reuniones con los gobernadores menos amigables. Algunos integran el mentado peronismo irracional. En ese frente alistan los mandatarios de La Pampa, Catamarca, La Rioja, Formosa, Santa Cruz, San Luis y Santa Fe. La semana que viene también habrá un encuentro con Pichetto. Resta definir si también con algún referente del “peronismo racional” en Diputados. Si hay acuerdo, el recorte quedará plasmado en el proyecto de Presupuesto 2019. El gobierno confía poder aprobarlo a libro de cerrado para evitar nuevos costos políticos.
Un rápido repaso
Ortodoxos y neoliberales siempre hicieron de la estabilidad un pilar de la política económica. Nadie puede dudar que la inflación daña. Sin embargo, nunca se preocuparon por aclarar sus causas en contextos concretos. Menos aún por enmarcar la lucha contra la inflación en un plan que mejore la distribución del ingreso, aliente la inversión productiva, fomente el empleo y baje la pobreza.
Por pereza intelectual o conveniencia, siempre prefirieron partir del supuesto que todo se reduce a una demanda incrementada en forma artificial. El team Cambiemos repite lo que decía en junio del ’59 Álvaro Alsogaray, cuando aseguraba que había que pasar el invierno. ¿El argumento? Que ya entonces vivíamos de prestado y que la contracción drástica del gasto público permitiría restaurar el equilibrio.
La historia demuestra que aplicar políticas antiinflacionarias contractivas, basadas en argumentos monetaristas, nunca contuvo la inflación en el mediano y largo plazo. Solo provocó transferencias de recursos de unos sectores a otros, al tiempo que exacerbó el fenómeno al no corregir los problemas de la oferta y al evitar medidas restrictivas sobre quienes medran con los aumentos preventivos o tienen posiciones monopólicas.
Está claro que los procesos inflacionarios no son neutrales y que Macri tampoco lo es. Cambiemos inclina la cancha. Nada dice sobre la posibilidad de reducir las ganancias extraordinarias de los formadores de precios. Solo advierte sobre el supuesto peligro de un aumento de salarios. Mientras tanto, la contracción económica seguirá recayendo sobre los sectores más desprotegidos. Ganadores y perdedores están a la vista. Un resultado que revela el verdadero rostro de Cambiemos.
Notas
[1] Inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central en mayo y actualiza a los primeros días de junio.
[2] Comercio, construcción, encargados de edificios, entidades deportivas y civiles, metalúrgicos y choferes de corta distancia. Represente el 40% del total de asalariados registrados por el sector privado.
