Sin estridencia, con paciencia, firmeza y mucha cintura política, el gobierno alcanzó un acuerdo con Larry Fink & Cia. No será perfecto, pero luce el mejor mundo posible. Un ahorro sustancial que sirve como punto de partida para tranquilizar la economía, el objetivo primero de Martín Guzmán. Acrecentar las reservas internacionales, mantener un dólar competitivo y alcanzar el equilibro fiscal tras la pandemia, los objetivos que marcó Alberto Fernández.

Solvencia técnica y muñeca política se dirían las claves aportadas por la dupla Fernández-Guzmán que permitieron concretar en nueve meses un acuerdo que por momentos pareció más lejano, o que incluso se llegó a avizorar parcial, una opción tan mala como el default. El resultado es significativo por más que algunos lo minimicen. Un ahorro de 42 mil 500 millones de dólares hasta 2025, y de 37 mil 300 millones entre 2020 y 2030 como consecuencia de una estrategia que sorprendió a propios y ajenos cuando el entonces recién estrenado ministro de Economía dejó en claro que el gobierno iría por una extensión de los plazos y un importante recorte en la tasa de interés, antes que por una quita sustancial en el stock del capital adeudado.

La estrategia innovadora se apoyó en una acertada lectura política. Se demostró eficaz y en sintonía con las expectativas de muchos gobiernos europeos, entre otros los de Emmanuel Macron y Ángela Merkel, dos jugadores importantes en la resolución de la pulseada. Una propuesta que también sincronizó con la remozada dirección del Fondo Monetario Internacional en un contexto de pandemia que presionó a los grandes fondos de inversión y al propio Larry Fink, que según la prensa estadounidense aspira a la Secretaría del Tesoro en un eventual gobierno demócrata. No menos influyente fue el apoyo del mundo académico internacional, una cancha donde talló fuerte el prestigio de Joseph Stiglitz, un trago amargo para la ortodoxia local.

El acuerdo es un paso importante, aunque no final ni perfecto, como advirtió el propio Guzmán en la conferencia de prensa que concluyó la jornada que se inició en la tarde del lunes, cuando los activos financieros argentinos se dispararon en Wall Street e insinuaban ya la posibilidad de un acuerdo con los tres principales grupos de acreedores. La oferta vencerá el 24 de agosto y cuatro días después se conocerá el porcentaje final de adhesión. El número mágico. Hasta entonces, Guzmán y equipo seguirán remando para sumar más voluntades. En la tarea será fundamental la aprobación legislativa del marco para el otro canje, el de la deuda emitida en pesos bajo legislación local.

En este caso se trata de un pasivo en pesos equivalente a 46 mil millones de dólares. Unos 20 mil millones están en manos de privados. Algunos son los mismos fondos que lidera Fink. Quedaron atrapados en la trampa del carry trade que les propuso el Messi de las finanzas, Luis Caputo. No en vano reclamaron durante la negociación un trato equitativo para los bonos bajo legislación local y extranjera. Quieren cambiar sus títulos en pesos por otros en dólares. Roberto Lavagna criticó la posibilidad. No parece quedar otra opción. Lo prometió el gobierno. Si los pueden cambiar se sumarán al canje en marcha. En ese caso quedarían muy pocos díscolos. Con suerte, casi ninguno. “Ayuda a que salgan los inversores altamente especulativos que no quieren permanecer y distorsionan el mercado local”, dijo Guzmán. Un claro mensaje a los diputados que critican la posibilidad.

El acuerdo no será el ideal, pero resulta pragmático. Aligera la pesada mochila que dejó Macri. “De 100 a 54,8 kilos”, graficó con acierto el ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis. El famoso valor presente neto calculado a una tasa de descuento del 10 por ciento. No es poco. El resultado despeja el horizonte. Por lo pronto, aleja el fantasma de una devaluación descontrolada. En otras palabras: descomprime el mercado cambiario. Además, facilita que el sector privado acceda al crédito internacional y reduce la expectativa inflacionaria en un contexto de alto déficit fiscal y escasas reservas internacionales. Oxígeno para una economía asfixiada, afirmó Guzmán.

Para poner en contexto el logro es necesario mirar hacia atrás. En los cuatro años de Cambiemos, la deuda pública pasó de 240 mil 665 millones a 337 mil 267 millones de dólares, según datos del Indec. Un incremento del 40 por ciento en solo cuatro años. Trepó del 52 al 91 por ciento del PBI. El cociente más elevado en una década y media. La rifada en moneda extranjera sumó 122 mil 400 millones. Un crecimiento del 140 por ciento. Un derrotero demencial que incluye los 44 mil millones que el gobierno se apresta a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Otra tarea fenomenal.

Más allá del rostro amigable de Kristalina Georgieva y su felicitación por el acuerdo alcanzado, viejos temas volverán a estar sobre la mesa. Será en breve. La discusión, aunque en principio no supondrá el intento de imponer condicionalidades extremas, versará sobre el tipo de cambio, la emisión monetaria, el déficit fiscal, la inflación y las reservas del Banco Central. Tampoco estará ausente la cuestión de las Leliq, las herederas de la bomba Lebac que armó Federico Sturzenegger. Un temario que, va de suyo, el equipo económico tiene bajo radar.

El panorama seguirá siendo peliagudo. Lo advirtió Guzmán: el acuerdo es apenas el punto de partida. No faltan los voceros de la ortodoxia local que ya presionan por reformas que poden jubilaciones y conquistas laborales, al tiempo que reclaman una agenda que baje impuestos. Todo bajo el argumento de ganar competitividad. En principio no la tendrán sencilla. Van a contramano del mundo. Además, el caudal político oficial, que suma a la resolución de la deuda una alta valoración local e internacional por el manejo de la pandemia, actuará como dique de contención. Es esperable que también lo hagan las pymes. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Confederación General Empresaria, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y hasta un sector de la Unión Industrial Argentina, ven en el Frente de Todos un aliado para la reactivación del mercado interno.

Por ahora, la Asociación Empresaria, la Sociedad Rural, la cúpula de la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Bancos celebran el acuerdo. Faltaría más. Vieron como de un día para otro se recuperó el precio de sus acciones en Wall Street. Lo hace incluso un sector de Cambiemos. Son los mismos que reclaman un plan económico. Guzmán lo dejó en claro. “Si están pensando un power point en el que definamos acciones rígidas, no lo vamos a hacer porque no consideramos que sea una forma prudente de hacer política económica. Nunca funcionó en la Argentina”, afirmó. Agregó algo más. Los números macroeconómicos que reclaman los cultores del power point se verán en el proyecto de Presupuesto 2021. No antes.

Lo que se viene lo dejó en claro Fernández. Encaminado el reordenamiento del pasivo público, se tratará de desandar el camino del endeudamiento, acrecentar las reservas del Banco Central -en un año que promete un superávit comercial de unos 18 mil millones de dólares recesión mediante-, mantener un dólar que permita competir en el mercado global y buscar un equilibrio fiscal razonable luego de la pandemia. Con el FMI, el diálogo se supone en marcha. La alternativa de máxima podría pasar por un acuerdo largo que garantice un flujo de desembolsos netos favorables para permitir el repago y acelerar la recuperación. Certidumbre para las inversiones del sector privado y más recursos para educación y salud.

Hablamos del corto plazo, claro está. La plataforma para el despegue de la que habló Guzmán. A juicio de este cronista, una agenda corta en la que estarían faltando la redefinición de la matriz productiva, su articulación con el sistema tecnológico-científico, la modernización de los convenios colectivos y una reforma educativa.

 

Los principales modificaciones del acuerdo

La Argentina ajusta algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos, sin aumentar el monto total de los pagos de capital e interés.

Las fechas de pago de los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre del año próximo.

Los nuevos títulos que se emitirán en compensación por intereses devengados comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

Los nuevos bonos 2030, tanto en dólares como en euros, empezarán a amortizar en julio de 2024, vencerán en julio de 2030 y la primera cuota será equivalente a la mitad de cada cuota restante.

Los nuevos títulos 2038, tanto en dólares como en euros, que serán emitidos por los bonos Discuont, amortizarán desde julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

La propuesta final estipula un valor presente neto de 54,8 dólares por cada lámina de 100 dólares.

El Gobierno solicita una nueva extensión hasta el 24 de agosto para resolver la normativa jurídica vinculada con las Cláusulas de Acción Colectiva.

El anuncio del resultado será el 28 de agosto o antes si es posible, y la ejecución, la entrada en vigencia y la liquidación del canje será a partir del 4 de septiembre, o antes si es posible.