Hace tres años, en el Juzgado 15 del fuero Comercial, arrancaron una placa que recordaba a Carlos Malvino y Julia Lozano Bullrich, desparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El gremio denunció el hecho y la Cámara Nacional Comercial se negó a investigar. Esta semana se realizó un acto de desagravio y se repuso la placa. Las sospechas apuntan al titular del juzgado.
Sucedió hace casi tres años y nadie lo investigó. Manos anónimas arrancaron del interior del Juzgado Comercial 15 en el tercer piso del edificio de Callao 635 una placa en memoria de Carlos Malvino y Julia Lozano Bullrich, dos estudiantes de derecho de la UBA que trabajaban en Poder Judicial de la Nación cuando fueron secuestrados y desaparecidos poco después del golpe militar de marzo del ’76. Lozano Bullrich tenía 24 años y era delegada sindical. Malvino tenía 22 años. Ambos militaban en Montoneros.
Ex compañeros y empleados judiciales reclamaron a la presidencia de la Cámara Nacional Comercial que iniciara una investigación. No hubo respuesta. Cansados de esperar, esta semana decidieron congregarse en el tribunal para colocar una nueva placa. Las sospechas apuntan al titular del juzgado, Máximo Astorga. El relato de los empleados lo describe como un “tipo problemático”. Denuncian que “suele presionar a los empleados durante las medidas de fuerza convocadas por el sindicato” y que “fue fotografiado arrancando carteles gremiales”. Julio Piumato, el titular del gremio de los judiciales, sugiere que “la filiación de Astorga tal vez lo haya puesto en el camino del odio”. Su padre es coronel retirado y prestó servicios durante la última dictadura.
“Julia desapareció el 19 de noviembre del ’76. Había ido a almorzar luego del trabajo con un compañero. Suponemos que fue detenida y secuestrada durante un control de las Fuerzas Armadas. Nunca volvimos a saber de ella. Tampoco de Álvaro Colombo Sierra, el compañero que la paso a buscar y que también está desaparecido”, cuenta Santiago Lozano, el hermano de Julia. Hubo varios hábeas corpus. Todos fueron rechazados. La familia tenía parentesco con la esposa de José Alfredo Martínez de Hoz. Hicieron averiguaciones. Tiempo después, un sacerdote se comunicó con la familia. El padre de Juliana asistió a la cita. “Le dijo que muy probablemente se hubiera cometido un error, que lo único que se podía hacer era rezar”, recuerda Santiago. Los fiscales de las unidades que investigaron desapariciones forzadas nunca pudieron determinar qué sucedió con Julia.
Malvino era de General Roca, en la provincia de Río Negro. Su militancia en la Juventud Peronista y en Montoneros lo llevó a realizar trabajos de alfabetización en las villas. Entre el 31 de mayo y el primero de junio del ’76, los grupos de tareas intentaron detenerlo en el marco de un conjunto de operativos que tenían como objetivo barrer con los empleados judiciales que tenían militancia política y gremial. El resultado inmediato fue el asesinato de 17 militantes [1]. En tribunales se la conoce como La noche judicial. Malvino pudo zafar. No por mucho tiempo. El 21 de setiembre fue cercado por un grupo de tareas en el barrio de Belgrano. Optó por plantarse y resistir a sus verdugos para evitar caer con vida. Hoy, en su ciudad natal, una calle del Barrio Unter lleva su nombre por decisión de sus habitantes.
La tarea de recuperación de la memoria de los judiciales desaparecidos comenzó hace varios años con el emplazamiento de placas recordatorias en los lugares de concentración, como Plaza Lavalle y el hall del Palacio de Tribunales. Con el objetivo de alcanzar una mayor visibilidad siguió la colocación de sus imágenes en los juzgados y en las dependencias donde habían trabajado. “Para que sea una memoria viva”, explica Juan Cruz Álvarez, secretario de Cultura del sindicato. Lo sucedido en el juzgado de Astorga es una excepción.
“Ahora, si la quieren sacar les va a costar más porque es de mejor calidad. Tardamos en reponerla porque quisimos esperar a que la Cámara investigara, pero como no lo hizo nos cansamos y decididos avanzar con el acto de desagravio y la reposición”, dice Álvarez. “Julia y Carlos, al igual que el resto de los desaparecidos, deseaban un país más justo, más soberano y más libre. La convicción fue tanta que les costó la vida. Las placas son una forma de sostenerlos en la memoria y en el corazón de los judiciales”, señala Piumato.
[1] La lista de empleados del Poder Judicial de la Nación que fueron secuestrados y asesinados por la dictadura la integran: Esteban Ojea Quintana, Roberto Vera Barros, Alicia Mallea, Carlos Gatto, Alberto Maidana Casco, Carlos Malvino, Julia Lozano Bullrich, Alvaro Colombo Sierra, Nelly Ortiz, Guillermo Díaz Lestrem, Ignacio Ojea Quintana, Laura Serra, Wenceslao Caballero, Verónica Basco, Enrique De Pedro, Gustavo Varela, Jorge Sanz.
