En pijama, descalza y esposada, fue trasladada de vuelta al penal de Alto Comedero. Tanto ella como su esposo fueron golpeados. Les impidieron el ingreso a sus abogadas, que no fueron notificadas de la medida. Incumplimiento del Estado a las medidas cautelares dictadas por la CIDH y la ONU.
A las 7 de la mañana, Milagro Sala, la líder de la organización Tupac Amaru, fue trasladada desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria, en un operativo violento de tropas de asalto especiales, con las caras tapadas. Sala llegó al Alto Comedero con magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía jujeña. La medida no fue notificada a sus abogadas y se impidió que ingresaran al penal durante horas. El motivo para semejante despliegue cabe en una antología imaginaria de decisiones abusivas y misóginas del Poder Judicial. El traslado obedece a un informe del cuerpo médico judicial que le atribuye a Milagro un cuadro “psicopatológico con un trastorno depresivo mayor” y “tendencia suicida”. Entonces invoca la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedido del CELS, Amnistía Internacional y Andhes, para preservar su integridad personal y la devuelve al lugar donde justamente su vida corría peligro y era sometida a un hostigamiento constante.
Al mediodía de hoy se realizó una conferencia de prensa en la sede del CELS en la que participaron su presidente, Horacio Verbitsky, la directora del Equipo de Trabajo Internacional, Gabriela Kletzel, y una de las abogadas de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta. La medida, dijo Verbitsky “Es de una gran perversidad porque invoca la medida cautelar para incumplirla”.
El traslado fue ordenado por el juez Pablo Pullen Llermanos, cuando aún debe resolverse en la Cámara de Casación de Jujuy la detención o no de Milagro Sala en la casa que ocupaba hasta esta mañana. Es decir, la disposición del juez transgrede la lógica del derecho procesal y refuerza la condición de presa política de Sala y la persecución de la que es objeto en la provincia de Jujuy. Al mismo tiempo, dijo Gómez Alcorta, el informe invocado por el juez “no avala que se la lleven a un lugar donde corre peligro su vida”.
Gabriela Kletzel adelantó que las organizaciones que presentaron el pedido de medidas a favor de la libertad y la integridad de Milagro Sala ante la CIDH asistirán a la reunión de ese organismo en Montevideo a partir del 23 de octubre. No descartó que Francisco Eguiguren, el titular de la CIDH, disponga medidas como llevar el caso a “la Corte Interamericana”.
Esta mañana Eguiguren habló con el programa Diario del Futuro y dijo que “Este traslado intempestivo no notificado, sin dudas, es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Esto es un retroceso”. “Si nosotros constatamos que la medida no está cumplida y, además que no hay posibilidad, voluntad de cumplirla, tendremos que analizar en la Comisión que paso damos”, agregó.
En la conferencia de prensa, Verbitsky remarcó que “Aquí hay una responsabilidad directa e inmediata del gobierno de la provincia, del juez Pablo Pullen Llermanos, pero el Estado nacional no puede desentenderse porque la responsabilidad en la comunidad de las naciones no la puede tener un juez sino el Estado nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene dos recursos extraordinarios desde abril”.
En medio de este escenario de ensañamiento está Milagro, con un cuadro de salud física y emocional que preocupa a sus abogadas. Para Gómez Alcorta “lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta” y los responsabilizó, junto al presidente Mauricio Macri, de lo que pueda pasarle a Milagro. “No solo que la quieren acallar, ponerla de rodillas y silenciarla, sino también muerta”.