El juez Federal Gustavo Lleral dio por cerrada la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, argumentando una “sumatoria de incidencias”. Sostuvo además que “nadie fue penalmente responsable”. Según denunció públicamente la familia Maldonado, el juez reconoció que fue “extorsionado” para arribar a este fallo. (Foto de portada: Claudia Conteris)
El 17 de octubre de 2017, buzos de Prefectura Naval Argentina encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado en un sector del Río Chubut que previamente había sido revisado seis veces.
Las pericias judiciales -varias cuestionadas por la familia- solo pudieron señalar que Santiago murió ahogado, sin avanzar sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho. Este miércoles, según se informó, el peritaje realizado sobre su DNI habría demostrado que permaneció 80 días bajo el agua, lo cual indicaría que también el cuerpo estuvo en el río Chubut por ese lapso.
Se trata de un análisis impugnado por la querella apenas fue ordenado, por considerarlo nulo. A través de un comunicado de Prensa, difundido ayer, la familia Maldonado indicó que: “Nosotros desde el primer momento que se dispuso la realización de esta pericia sobre el DNI, la hemos impugnado, ya que se desconocían y se desconocen aún, las condiciones en las que estuvo el cuerpo de Santiago y, en consecuencia, su DNI. Por tanto, los resultados jamás arrojarán un resultado cierto, ya que la pericia no se realizó en el lugar del hecho (Río Chubut). Cualquier resultado de esta pericia no será preciso ni confiable”, advirtieron.
Tomado de ese hilo endeble el juez Federal Gustavo Lleral ordenó esta mañana el cierre de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Forzando el expediente para que coincida con la versión oficial, sostenida por el Gobierno Nacional y los operadores periodísticos, el magistrado consideró que la muerte se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que “nadie fue penalmente responsable”.
Lleral dispuso además la absolución del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa tras la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La querella de la APDH adelantó que apelará el fallo.
A lo largo de las 263 páginas de la sentencia el juez regresó a la idea del enfrentamiento, y no se detuvo a considerar la irrupción no autorizada de Gendarmería a las tierras de la comunidad Mapuche.
“A partir del enfrentamiento con los manifestantes que desarrollaban aquella medida, se trasladó al interior del predio ocupado por el denominado Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicado a la vera de ese camino nacional”, aseguró Lleral.
Reconoció que la muerte de Santiago Maldonado ocurrió mientras el joven “huía”, y al evaluar las circunstancias: “La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, el sólo, sin que nadie lo notara, se hundió”, indicó el juez.
“La verdad es esa”, afirmó Lleral, tras argumentar que “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”; es decir, “una suma de incidencias”.
Según Lleral, se pudo “dar con la verdad”, y descalificó a la familia y las organizaciones de Derechos Humanos que desde hace más de un año luchan por el esclarecimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, al hablar de ciertos intentos de “presentar los hechos de un modo absurdamente diverso a su esencia”. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira”, afirmó.
Por su parte la familia Maldonado emitió esta mañana un nuevo comunicado de Prensa en el que denunciaron que el propio juez Lleral reconoció en una comunicación telefónica con Estela, madre de Santiago, estar siendo “extorsionado” para cerrar la causa. “Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados”, admitió.
Dicha comunicación ocurrió este jueves, alrededor de las 9,10 de la mañana. La transcripción completa dada a conocer por la familia Maldonado es la siguiente:
“La llamo primero a usted para que no se entere por los medios”, “estoy siendo extorsionado”, “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa”, “por eso debo hacer esto”, “no sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos”, “los hechos no configuran delito”; “espero que ahora haga el duelo tranquila”.
Estela preguntó: “¿Hay alguien preso por la muerte de Santiago?”
El juez contestó: “Por ahora no”.
Estela le dijo: “No voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar justicia”.
“A las 9,27, el juez Lleral se comunicó telefónicamente con Sergio Maldonado y le informó que ya había cerrado la causa”, relataron los familiares, y le dijo “que podría estar de acuerdo o no pero que él tenía que tomar una decisión, que no iba a explicarle todo por teléfono y que todo iba a estar en la notificación. Que “obviamente ustedes están en condiciones de hacer lo que ustedes crean conveniente”, que ya la había llamado a la madre, que él se había comportado humanamente desde el principio como todo su equipo, que esperaba que pudiera cerrar esta etapa y hacer el duelo en paz.
Continúa el comunicado relatando que ayer, miércoles 28, el juez acumuló la causa del habeas corpus con la desaparición forzada “en atención a que en el marco de la presente investigación se acaba de recibir el informe correspondiente a la última prueba relevante que se encontraba pendiente de producción”, refiriéndose a las pericias practicadas sobre el DNI de Santiago. Y que Inmediatamente dictó la resolución donde dispuso rechazar todas las pruebas, sobreseer al gendarme Echazú, y disponer el archivo de las dos causas.
La familia Maldonado señaló además que “La resolución anticipada por Infobae y Clarín en el día de ayer, solo demuestra que estamos ante un crimen de Estado, ante una desaparición forzada seguida de muerte, donde cada una de las personas del Estado que intervinieron desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha en las causas 8232/2017 y 8233/2017, son responsables”.
“Esta resolución”, consideraron, “dictada en el marco del G20, con todas las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo y ancho del país, demuestra que saben de su injusticia y arbitrariedad, que saben de nuestra fortaleza como del acompañamiento del pueblo y que saben que resistiremos”.
Y concluye el comunicado: “Seguiremos luchando como desde el primer día contra la impunidad que impone todo el Estado con sus medios de comunicación. Pero también como desde el primer día, con todas las herramientas que el Estado de Derecho nos garantiza acompañados por la sociedad civil organizada en las calles”.