Mañana  comienza en Jujuy un juicio por detenciones y desapariciones en Mina Aguilar y durante en la Noche del Apagón, en dominios de Ingenio Ledesma.. Empieza a hacerse visible una feroz represión desatada con el objetivo de concentrar la riqueza en unos pocos ingenios.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF) de Jujuy, tiene previsto comenzar el próximo 21  el juicio oral en el proceso denominado “Megacausa Jujuy”, que acumula 15 expedientes por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976 y 1977 en el territorio de la provincia.

Entre esos expedientes se cuenta una causa en la que se investigan detenciones ilegales de obreros de la Mina Aguilar (ubicada en El Aguilar, en jurisdicción de Palpalá), el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. También se acumuló la conocida como “Causa Burgos”, por las detenciones irregulares y desapariciones en la Noche del Apagón, en julio de 1976; la causa por la segunda detención y desaparición del médico e intendente de Libertador General San Martín, y la causa por el secuestro y desaparición de Avelino Bazán, cofundador de la Universidad Nacional de Jujuy.

Irán a juicio 23 imputados, entre militares, miembros de fuerzas de seguridad y penitenciarios, y un solo civil, el ex futbolista y técnico de fútbol Juan de la Cruz Kairuz. En el proceso se investigan crímenes cometidos a unas 400 personas, de las cuales más de 30 están desaparecidas. Por ahora el Tribunal dispuso que solo habrá audiencias los jueves a la tarde, y se estima que el juicio podría demandar más de dos años, por lo que hay pedidos para que se hagan más audiencias.

Si los tiempos del servicio de justicia no fueran (en casos particulares) tan lentos, en este proceso también tendrían que ser juzgados el propietario del ingenio Ledesma, Pedro Carlos Blaquier, y el ex administrador de Ledesma, el salteño Alberto Lemos. Los dos fueron procesados porque se determinó que el Ingenio prestó los vehículos usados para la represión de la Noche del Apagón (y otras acciones represivas) pero en 2015 la Cámara Nacional de Casación Penal les dictó la falta de mérito. La Fiscalía y las querellas apelaron, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación demora la resolución.

Uno de los que sí será juzgado es el general Juan Carlos Jones Tamayo, considerado un símbolo de la represión en Jujuy y que fue jefe de inteligencia del Área 323 y a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le concedió la prisión domiciliaria en septiembre del año pasado, a pesar de que estuvo 3 años prófugo. Está acusado por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones cometidas en Jujuy y en Salta. Su caso es una muestra más del fluido intercambio que existía entre los represores en el país, y en la región NOA, a cuyos efectos Jujuy, Salta y Tucumán formaban parte de un mismo territorio asolado por el terrorismo de Estado.

La abogada María José Castillo señaló que en los juicios ya realizados quedó claro que “el circuito represivo no era aislado”, sino que los detenidos eran llevados de una provincia a otra, igual que los represores atravesaban los límites provinciales para sembrar el terror: “Circulaban en los distintos centros clandestinos, las distintas cárceles también”.

En ese contexto, el NOA tuvo la particularidad de que el Operativo Independencia, que “fue como la antesala de lo que sucedió después el golpe de Estado”, se abatió sobre la población de Tucumán, pero también sobre Salta y Jujuy, consideradas importantes porque eran los lugares de reaprovisionamiento y descanso de los integrantes de las guerrillas, y porque por ellas podía ingresar ayuda, instrucciones, y también podían salir del país los perseguidos.

“El Operativo Independencia no fue solamente en Tucumán, sino que incluyó toda la región NOA y tenía que ver fundamentalmente  con la represión a trabajadores y a las organizaciones que estaban vinculadas a los territorios cercanos a los ingenios azucareros, tanto en Tucumán, Salta y Jujuy. Esa vinculación está plasmada en las causas judiciales, inclusive el préstamo de vehículos o la participación económica de Ledesma a Gendarmería está documentada”, sostuvo la abogada, integrante de la agrupación HIJOS. Añadió que “hay varias pruebas documentales que dan cuenta de esa vinculación en los territorios, tanto en las provincias de Salta y Jujuy como en Tucumán”.

En el procesamiento a Blaquier y Lemos, el juez Fernando Poviña hizo un recuento histórico de la represión que se remonta a la época del Cordobazo, de Onganía y “cómo desde esa época en adelante hay una represión estatal muy particular a los ingenios” porque “eran, son, siguen siendo lugares donde se reúnen muchos trabajadores y en condición de explotación, por lo tanto eran los lugares donde también había desarrollo sindical y de las organizaciones revolucionarias muy fuertes, entonces ahí es donde también se focaliza muy fuertemente el aparato represivo inclusive antes del golpe. Y está documentado cómo particularmente la empresa Ledesma lleva adelante todo un plan junto con los gobiernos que se fueron sucediendo para que cierren los pequeños ingenios y se concentre en unos cuantos ingenios toda la producción, y eso va de la mano de la represión a los trabajadores y sobre todo a los trabajadores organizados sindicalizados que a su vez tenían pertenencia en organizaciones revolucionarias”.

La discusión era, en el fondo, como lo señaló el juez Poviña en su resolución, la distribución de los recursos y la riqueza. Los grandes empresarios querían mantenerla bajo su manto, los obreros la disputaban. Entonces, como ahora ocurre con el Ingenio San Martín del Tabacal y el San Isidro, la pelea era desigual y los empresarios, parte del poder fáctico, contaban con la fuerza económica y de las armas.

Cuestiones que la historia no resolvió todavía. Será por eso que desde la asunción del gobierno de Cambiemos cuesta más avanzar con los procesos de juzgamiento a los genocidas de los 70.

“Desde el vamos a partir del cambio de gobierno se redujeron muchos espacios públicos estatales donde se llevaban adelante políticas vinculadas a la verdad, la memoria y la justicia, entonces eso hace que los juicios tengan menos personal para trabajar, eso se traduce en una demora y por otro lado hay varios fallos en tribunales nacionales, como es la Cámara de Casación donde establecen criterios probatorios mucho más rígidos, no en el sentido de que antes no se necesitaba probar los hechos y las responsabilidades, sino que se había construido una teoría de la prueba en estas causas que hacía que por el marco de la clandestinidad y la represión estatal que hacía que en muchos casos haya un solo testigo, pero ese único testigo hace posible una condena ¿por qué? Porque es el único testigo directo de los hechos, más, por supuesto, pruebas indiciarias y presunciones. A partir del cambio del gobierno estos criterios han cambiado, se piden más pruebas”, sostuvo Castillo.

A eso se suma, de manera congruente, una marcha atrás en la investigación de la participación empresarial en los crímenes de lesa humanidad: “Por un lado tenemos el fallo de (el empresario Marcos Jacobo) Levín, que la Cámara de Casación lo anuló, por otro lado tenemos la causa Blaquier que la Corte nunca resolvió”, señaló la abogada, quien, sin embargo, destacó que “los organismos de derechos humanos y de quienes siempre estuvimos trabajando en estas causas seguimos apostando a que el proceso de justicia tiene que continuar hasta que no quede ningún genocida sin juzgar”.