Familiares y abogados querellantes anunciaron la presentación de un recurso ante la Cámara de Casación apelando la absolución “por el beneficio de la duda” del asesino de la CNU Juan José Pomares (a) Pipi.
La cita fue poco después de mediodía en la vereda que da al frente del viejo Hotel Provincial de La Plata, donde hoy funcionan varios tribunales platenses y el 29 de noviembre pasado, en un fallo escandaloso, el TOF N° 1 integrado Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega absolvió “por el beneficio de la duda” al asesino Juan José Pomares (a) Pipi en el juicio por siete secuestros y cuatro asesinatos cometidos por el grupo parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) a principios de 1976. El insólito fallo dejó en libertad a Pomares a pesar de que los jueces reconocieron su participación en ese grupo de tareas, calificaron a los hechos como delitos de lesa humanidad y condenaron a perpetua al otro acusado, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio.
Abogadas querellantes Guadalupe Godoy y Marta Vedio.
Ayer, en esa cita, familiares de las víctimas, abogados querellantes, Madres de Plaza de Mayo e integrantes de otros organismos de Derechos Humanos y partidos políticos volvieron a repudiar el fallo y anunciaron la presentación de un recurso a la Cámara de Casación para que revea la sentencia absolutoria. Los presentes, además, repudiaron la decisión del Ministerio Público Fiscal que, luego de haber pedido prisión perpetua para Pomares en el juicio, tomó ahora la insólita decisión de no recurrir el fallo de los jueces. En otras palabras, como representantes del Estado, los fiscales decidieron dar la espalda a las víctimas.
Al término de la conferencia de prensa, familiares, abogados y militantes fueron al Ministerio Público y exigieron a los fiscales Hernán Shapiro, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira que explicaran su posición, muestra inequívoca de la existencia de una Justicia muy atenta a los vientos políticos que corren.
Un fallo a medida de Pipi
Castillo y Pomares estaban acusados de homicidios agravados y calificados, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio, cometidos en tres operaciones parapoliciales realizadas por la CNU el 12 de febrero, el 4 de abril y el 19 de abril de 1976. La Causa incluyó el secuestro y posterior asesinato de Carlos Antonio Domínguez, presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad, cometido el 12 de febrero de 1976; el secuestro, esa misma noche, de otro dirigente sindical del Hipódromo, Roberto Fiandor; el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto, crimen perpetrado la madrugada del 4 de abril de 1976 y del que sobrevivieron milagrosamente otros dos integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo; y el secuestro y asesinato Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Propulsora Siderúrgica, cometido la noche del 19 al 20 de abril de 1976. Esa misma noche también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich, compañero de Miceli en la misma empresa, y el militante gremial peronista Horacio Urrera, crímenes que no fueron incluidos en la causa.
Pomares y Castillo durante el juicio. (Gentileza: Diario Contexto).
También quedaron fuera de la instrucción –que llevó durante años y morosamente el ex juez Arnaldo Corazza – más de sesenta secuestros y asesinatos cometidos por el grupo de tareas de la CNU platense entre 1974 y 1976. También eludieron la acción de la Justicia la casi totalidad de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
La insólita exclusión de los asesinatos de Satich y Urrera en la elevación de la causa fue el primer paso de la instrucción para lograr la impunidad de Pomares, hombre de peso en el Partido Justicialista platense, del cual fue congresal, además de reciclarse como funcionario de la gestión municipal del Julio Alak y como asesor del bloque de Senadores provinciales del Frente para la Victoria, contrato que tenía vigente cuando fue detenido en 2011. De incluirse el caso de Urrera en la causa, por lo menos un testigo habría podido señalar inequívocamente a Pomares como integrante del grupo de secuestradores.
El segundo paso hacia la impunidad de Pipi lo dieron dos de los jueces del TOF encargado de juzgarlo, Castelli y Esmoris, al no admitir los reconocimientos fotográficos de Pomares como prueba suficiente para “formar convicción” acerca de su autoría en los delitos que se le imputaron.
El origen político de la absolución de Pomares “por el beneficio de la duda” no se le escapó a nadie. Para la abogada querellante Marta Vedio, los jueces tuvieron desde un principio la decisión de dejarlo en libertad. “Así como Castillo es un lumpen soltado de la mano de todo el mundo, Pomares es un tipo que tiene muy fuertes lazos con la política actual y tiene lazos de protección. Hay una protección política contra la cual seguimos luchando”, dijo ayer sin eufemismos en la conferencia de prensa.
La selección de crímenes en la instrucción y el rechazo de pruebas durante el juicio no fueron los únicos “fallos” que llevaron al fallo absolutorio de Pomares. En su sentencia, los jueces del TOF N°1 eludieron ordenar que se abrieran nuevas causas en base a otros crímenes cometidos por los acusados y otros integrantes de la CNU que fueron señalados por varios testigos.
“Queremos saber por qué Pomares quedó en libertad. Queremos saber cuándo serán juzgados los otros miembros de la banda”, se preguntó Alicia Gershanik, hermana de Mario Gershanik, un reconocido médico platense asesinado por la CNU.
Sobre llovido, los dos demonios
El broche de oro de una sentencia claramente tendenciosa estuvo a cargo del juez Castelli. Como si la absolución de Pomares fuera poco, en un inocultable alarde de su comunión con la teoría de los dos demonios, el magistrado propuso que se investigara la muerte de Martín Salas, un integrante de la CNU platense, en un caso que no puede de ninguna manera encuadrarse como terrorismo de Estado.
Las Madres, presentes en la conferencia.
Frente a todo esto, los familiares de las víctimas y los abogados dejaron clara su decisión de seguir adelante en su búsqueda de justicia. “Queremos presentar públicamente el recurso de casación que ya interpusimos contra la sentencia de Pomares que lo absuelve de los cargos, y hacerle saber a la Justicia federal, a la Fiscalía y a los jueces de Casación que seguimos firmes pidiendo justicia, que fue lo que el Tribunal Oral Nº 1 no hizo, dictando una sentencia traída de los pelos”, dijo la abogada Marta Vedio. “Si es necesario, vamos a ir a los tribunales internacionales”, aseguró Alicia Gershanik.
Mientras tanto, a excepción de Castillo, todos los criminales de la CNU platense siguen caminando con total impunidad por las calles de la ciudad donde fueron parte de los grupos de tareas del terrorismo de Estado y cometieron más de sesenta secuestros y asesinatos. Gracias a los jueces del TOF N° 1, desde el 29 de noviembre pasado, Juan José Pomares (a) Pipi se sumó alegremente a ellos.
