Terminó la ronda de los primeros testigos uniformados en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. Ninguno de los 15 integrantes de Prefectura dio una versión sólida sobre la existencia de un enfrentamiento, tal como planteó el Gobierno. La reaparición de Ruata, el prefecto que “adivinó” dónde estaba el cuerpo de Santiago Maldonado. (Foto de portada: Eugenia Neme).
Entre el 11 y el 17 de abril pasado se realizó la toma de declaración a 15 de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina, que estuvieron en Villa Mascardi el día del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. Se trata de los uniformados que no ingresaron a la comunidad ni realizaron disparos.
Sabor a poco dejaron esos testimonios en los interesados en sostener la existencia de un “enfrentamiento armado” entre integrantes de la comunidad y de la fuerza de seguridad. Es que ni siquiera el Jefe de la Prefectura de San Carlos de Bariloche, Prefecto Principal Leandro Ruata, logró sostener el relato, más allá que fue quien aseguró que “le habían contado” que se produjo un intercambio de disparos.
Operativo encabezado por el juez Gustavo Villanueva.
Cuando Matías Schraer -el abogado de dos jóvenes mapuches aún imputados en la causa-, le preguntó quién le contó que existió un enfrentamiento, el Jefe de la Prefectura en Bariloche aseguró que no lo recordaba.
Así, el paso de los primeros 15 miembros de Prefectura como testigos ante el Juez Gustavo Villanueva no aportó a la causa un sólo nombre de alguien que haya dicho que existió un enfrentamiento.
De esta forma, la teoría sostenida por el Ministerio de Seguridad de la Nación -encabezado por Patricia Bullrich- no encontró asidero ni siquiera entre los uniformados.
Según fuentes con acceso al expediente, durante los testimonios, las frases que más se escucharon fueron “no lo recuerdo”, “no le podría precisar”, “yo no vi”, “yo no escuche”.
El grupo de efectivos Albatros son en su mayoría muy jóvenes y en un número importante refirió que sintieron “miedo” y que “estaban muy nerviosos”, durante la represión del 25 de noviembre en la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Ninguno de ellos pudo precisar qué sucedió montaña arriba -todos se quedaron en la ruta, cerca de la tranquera de ingreso a la comunidad-, y ninguno escuchó disparos.
Los testimonios fueron coincidentes en relación a quién dirigía las operaciones en Mascardi. Un oficial al que todos llaman “Berra”. Se trata -según determinó este medio- del Oficial Principal Juan Pablo Berra, quien podría ser citado en los próximos días por el Juez Gustavo Villanueva. Todos los declarantes hasta el momento dijeron que es quien puede aportar mayor cantidad de datos y precisiones sobre lo sucedido.
Entre los 15 Albatros que declararon, 10 son miembros del grupo Grupo de Operaciones Antidisturbios (GOA), mientras que quienes participaron de los hechos sucedidos montaña arriba pertenecen al Unidad de Operaciones Policiales Especiales (UOPE), una unidad especial dentro de Albatros.
La función principal de estos efectivos era la de hacer guardia en la tranquera de ingreso al predio de la comunidad mapuche, para lo cual cumplían turnos de entre 4 y 6 horas. La mayor parte de los Albatros fueron ascendidos en enero de este año.
Otra vez Ruata
Sólo el Jefe de la Prefectura Bariloche, Leandro Ruata, aportó algunos datos que van en consonancia con el informe que en su momento presentó el Ministerio de Bullrich.
Prefecto principal Leandro Ruata.
Partícipes en la audiencia, coincidieron que el Prefecto Principal llegó con un “cassette” y no se movió de un libreto preestablecido. Sin embargo, cuando se le requirió que precise el nombre del prefecto que le informó sobre la existencia de un enfrentamiento, aseguró no recordarlo.
No es la primera vez que Ruata deja ante los tribunales testimonios que abonan las líneas centrales de las políticas de seguridad del Gobierno nacional. Ya sucedió en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El Jefe de la Prefectura de Bariloche fue quien el 3 de octubre de 2017 solicitó al Juez Gustavo Lleral realizar un nuevo rastrillaje por una zona ya recorrida del río Chubut, en la comunidad Cushamen.
El pedido -efectuado en el marco de su testimonial, según el expediente por la muerte de Santiago Maldonado- fue tomado en cuenta por Lleral, quien diez días después, el 13 de octubre, anticipó a las partes que el 17 del mismo mes volvería a la comunidad mapuche para realizar un nuevo rastrillaje.
A pesar que ese lugar ya había sido rastrillado, que no existían pozones en la zona, y que el río Chubut no tenía en el lugar una profundidad mayor a 1,5 metros, la precisión del dato aportado por Ruata fue determinante para que el cuerpo de Santiago fuera hallado.
