Dos asesinos de la CNU en el banquillo

Más de 42 años después de cometidos los crímenes, comienza mañana en La Plata el juicio al Indio Castillo y Pipi Pomares, integrantes del grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria, una organización de la ultraderecha de peronista que operó con protección policial antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

 

Más de cuatro décadas después de los hechos, sentados frente al Tribunal Federal N° 1 de La Plata, los imputados Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi, conspicuos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Ver nota en Socompa platense, comenzarán mañana a ser juzgados por una serie de secuestros, homicidios y otros delitos cometidos por los grupos de tareas de esa organización de ultraderecha peronista en el marco del terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.

En la llamada Causa Nº 9, Castillo y Pomares están acusados de homicidios agravados y calificados, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio, cometidos en tres operaciones parapoliciales realizadas por la CNU el 12 de febrero, el 4 de abril y el 19 de abril de 1976.  La Causa incluye el secuestro y posterior asesinato de Carlos Antonio Domínguez, presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad, cometido el 12 de febrero de 1976; el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto, crimen perpetrado la madrugada del 4 de abril de 1976 y del que sobrevivieron milagrosamente otros dos integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo; y el secuestro y asesinato Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Propulsora Siderúrgica, cometido la noche del 19 al 20 de abril de 1976. Esa misma noche también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich, compañero de Miceli en la misma empresa, y el militante gremial peronista Horacio Urrera, crímenes que llamativamente no están incluidos en la causa.

En este juicio quedaron fuera de la instrucción más de noventa secuestros y asesinatos cometidos por el grupo de tareas de la CNU platense entre 1974 y 1976. También eludieron la acción de la Justicia la casi totalidad de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.

Se trata de delitos de lesa humanidad que fueron parte de un plan terrorista perpetrado desde el Estado contra un grupo específico de la población y, por lo tanto, imprescriptibles. En ese sentido, el accionar de la CNU en La Plata y Mar del Plata – así como, en menor medida, en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires – se articula estrechamente con el de otros grupos paraestatales, como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires (en ocasiones participando de operaciones junto con la CNU), o el Comando Libertadores de América en Córdoba.

Sin embargo, la Concentración Nacional Universitaria tiene un rasgo de origen que la distingue del resto de los grupos de tareas del terrorismo de Estado previo al golpe. A diferencia de la Triple A – creada en las catacumbas del Ministerio de Bienestar Social de López Rega e integrada por policías, lúmpenes y culatas sindicales -,  o bien del Comando Libertadores de América – conformado principalmente por militares del Tercer Cuerpo del Ejército -, la CNU tuvo una existencia previa a su integración al aparato del terror estatal.

Fachos de la universidad

La Concentración Nacional Universitaria nació en La Plata, en la segunda parte de la década de los 60, como una organización universitaria de la ultraderecha peronista  inspirada en el catolicismo preconciliar y el falangismo español, con una fuerte impronta antisemita y anticomunista. Para englobarlos, metía a todos sus enemigos en la difusa categoría de “agentes de la sinarquía internacional”.

Conducida ideológicamente por el latinista y helenista Carlos Disandro (a) El Pélida – un hombre que solía visitar a Juan Domingo Perón en su exilio español y que acusaba de comunista al Papa Juan XXIII – la CNU surgió alrededor del Instituto Cardenal Cisneros, también fundado por Disandro, donde por aquellos años también difundían sus ideas cavernarias el arzobispo de La Plata, Antonio Plaza; el comisario de la Bonaerense Jorge Schoó, famoso por sus redadas contra los estudiantes de países limítrofes que asistían a la Universidad, y el profesor de Lengua y Literatura Néstor Beroch. Para difundir sus posiciones, fundaron la revista La Hostería Volante, donde Disandro firmaba sus artículos con el seudónimo de El Bodeguero.

Capitaneados por Patricio Fernández Rivero, varios estudiantes que asistían a las charlas en el Instituto conformaron un grupo de choque dedicado a hostigar a los militantes de las agrupaciones estudiantiles de izquierda en las universidades de La Plata y Mar del Plata. Sus primeras armas fueron los puños, los palos y las cadenas, pero pronto empezaría a utilizar otras.

Prácticamente desconocida fuera del ámbito de esas dos universidades, la CNU incursionó abruptamente en las primeras planas de los diarios a principios de diciembre de 1971, cuando uno de sus grupos – formado por estudiantes y dos policías bonaerenses – interrumpió a los tiros una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a Silvia Filler, una alumna de 19 años. Algunos miembros de la patota fueron rápidamente detenidos y procesados pero salieron en libertad con la amnistía del 25 de mayo de 1973.

Instrumento de “depuración”

La masacre de Ezeiza – de la que participaron no pocos integrantes de la CNU, algunos de los cuales fueron fotografiados disparando contra las columnas que querían llegar al palco -, la renuncia de Héctor J. Cámpora, la presidencia provisional de Raúl Lastiri – yerno de José López Rega – y la conformación de la fórmula Juan Domingo Perón- María Estela Martínez Perón para las elecciones de septiembre de 1973 terminaron de volcar al peronismo en el poder hacia la derecha.  Pero el ala izquierda del Movimiento resistía y el gobierno tomó la decisión de neutralizarla. Fue el inicio del terrorismo de Estado previo al golpe.

Una “orden reservada” del Consejo Superior Justicialista para los delegados del Movimiento el 1° de octubre de 1973 – y que, a raíz de una filtración de la reunión secreta en que se dio, se publicó en los diarios La Opinión y Crónica al día siguiente – no sólo aporta una prueba documental que conecta con la represión estatal las acciones de las bandas parapoliciales que sembraron el terror antes del golpe del 24 de marzo de 1976 sino que muestra que tenían un objetivo claramente definido: acabar con la llamada “heterodoxia marxista”, esto es un sector de la población. Asimismo, el documento asimila los intereses del Movimiento Nacional Justicialista en el gobierno con los del propio Estado. Esta utilización del aparato estatal en la represión de un sector de la población por el hecho de no compartir la ideología del gobierno permite calificar a los crímenes cometidos por esos grupos parapoliciales como delitos de lesa humanidad.

La importancia de los personajes que participaron de esa reunión secreta no deja dudas de que la “orden reservada” bajó desde la más alta jerarquía del Estado. Allí estaban el presidente electo Juan Domingo Perón; el presidente interino en ejercicio, Raúl Lastiri, y varios ministros del gabinete nacional, entre ellos José López Rega. Según La Opinión del 2 de octubre de 1973, el lector del documento fue el senador justicialista José Humberto Martiarena. Luego de la filtración, el gobierno negó durante tres días la existencia de esa “orden” hasta que la evidencia no le dejó otra opción que reconocerla.

Poco después, la Triple A asesinaría al diputado del peronismo revolucionario Rodolfo Ortega Peña, mientras que la banda parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria platense, capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, perpetraría en La Plata, un raid que tuvo cuatro víctimas: el dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, el referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, su hijo Rolando, y el docente universitario Luis Macor. Para entonces, en la provincia de Buenos Aires, la CNU se había puesto a las órdenes del nuevo gobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y operaba en zonas liberadas por la policía bonaerense. En los primeros tiempos, para pulir su accionar como grupo de tareas, la CNU platense actuó en conjunto con la patota de la Triple A conducida por Aníbal Gordon (a) El Viejo, quien fue reconocido por varios testigos. Para reforzar su capacidad de fuego, en octubre de 1974 también integró en sus filas a un grupo de policías provinciales.

Al mismo tiempo, la CNU marplatense, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y el Comando Pío IX en Salta, Tucumán y otras provincias argentinas realizaban acciones de similares características, iniciando una escalada de terror que ya no se detendría.

A las órdenes de las Fuerzas Armadas

En octubre de 1975, todos estos grupos pasaron a operar bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En los meses previos al golpe, en el Gran La Plata la CNU operó varias veces en conjunto con grupos de tareas del Ejército y de la Armada, sobre todo cuando los “objetivos” eran dirigentes sindicales de base. Después del 24 de marzo de 1976, la mayoría de sus integrantes se sumaría a la represión ilegal de la dictadura, hasta que su accionar “indisciplinado” de Castillo y sus secuaces obligó al jefe del Área 113, coronel Roque Carlos Presti, a desactivarlos. Entre 1974 y 1976, sólo la patota de la CNU platense cometió casi un centenar de secuestros y asesinatos.

Recuperada la democracia a fines de 1983, la magnitud de las atrocidades cometidas por los grupos de tareas durante la dictadura cívico militar dejó fuera de foco otros aspectos del terrorismo de Estado en la Argentina. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que la Justicia prestara atención a la participación civil en el aparato dictatorial y muchos más para que se empezaran a investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados por un terrorismo de Estado preexistente al golpe del 24 de marzo.

A más de cuarenta años de ocurridos los hechos, resulta insoslayable el cúmulo de pruebas que ponen en evidencia que el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura no surgió de un día para el otro sino que fue la continuidad – en una etapa que podría calificarse de superior – de un terrorismo estatal ya instalado durante los gobiernos de Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. La CNU fue una pieza clave en ese accionar. La lentitud por investigar sus crímenes y llevar a sus responsables a la Justicia sólo puede explicarse porque algunos de sus responsables y participantes se refugiaron en los tres poderes del Estado después de la dictadura.