Cambiemos la tortura

Fogoneada por el oficialismo y con el aporte del bloque del FpV presidido por Pichetto en el Senado, una radical cambiemos sin experiencia alguna en el tema entró por la ventana como representante de las ONG en el Comité contra la tortura.

Un acuerdo político entre el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, y la senadora nacional de Cambiemos Marta Varela, vicepresidente de la comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo, metió por la ventana en la integración del Comité contra la Tortura a una periodista y ex concejal radical de Necochea sin antecedentes para ocupar ese cargo como una de los tres representantes que la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura otorga a las organizaciones no gubernamentales.

Se trata de María Josefina Ignacio, en cuyo perfil de Linkedin se presenta como directora en Ecos Diarios, de Necochea; periodista recibida en la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” y licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador. Hasta el momento de su postulación, fogoneada bajo el paraguas de la alianza UCR-Cambiemos por el juez penal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano, Ignacio no contaba con antecedente alguno de trabajo en cárceles ni de prevención de la tortura. A partir de esa fecha, para sostener su candidatura, comenzó a publicar algunos trabajos relacionados con el tema. Se trata de sólo cinco artículos, el primero de ellos titulado “¿La cárcel puede ser un lugar pacífico y de oportunidades”, y el último “Justicia y género”. No fueron publicados en revistas especializadas sino, casualmente, en el diario que ella misma dirige. pSin embargo, cuando se quiere acceder a los links correspondientes el resultado es el mismo en todos ellos: “No se puede acceder a este sitio web”. No se los puede leer.

Un comité muy demorado

La conformación del Comité contra la Tortura está prevista en el artículo 6 de la Ley 26.827 con el objetivo de “garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. De acuerdo con la ley, debe estar integrado por tres representantes del Senado –dos por la mayoría y uno por la minoría -, otros tres diputados –en la misma proporción -, dos por las provincias, un representante de la Procuración Penitenciaria, otro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, finalmente, tres en representación de todas las organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria en la materia.

La Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue sancionada en noviembre de 2012 pero su implementación se fue demorando sin remedio. Recién este año, por perentoria exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de Mauricio Macri, se comenzó a implementar la conformación del Comité. Los nombramientos de los representantes de ambas cámaras legislativas fueron rápidos, de la misma manera que los de la Procuraduría Penitenciaria, la Secretaría de DD.HH. y los mecanismos provinciales, que recayeron en delegados de Chaco y Santa Fe.

En cambio, la selección de los tres representantes por las ONG exigía un concurso de antecedentes entre los postulados por cada una de ellas, ya que los tres cargos no son en representación de la organización a la que pertenecen sino de todas ellas. En una primera etapa se presentaron 17 postulantes: Amelia Rosa Báez (por la ONG Germania, fundación defensora de derechos humanos de Posadas), María José Lubertino (por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos), Diana Ruth Kordon (por el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial y por la Asociación de Psiquiatras Argentinos), Facundo Gabriel Giubergia (propuesto por el Colegio de Abogados de Jujuy), Agustina Kisielnicki (propuesta por asociación civil nuevo concepto penal), Juan Carlos Valente (por FACA-Federación Argentina de Colegios de Abogados), Enrique Delgado (también por FACA), Claudia Rosana Cesaroni (por CEPOC- Centro de estudios en política criminal y derechos humanos), Rodrigo Gómez Tortosa (propuesto por la APDH), Carlos Pisoni, (por la Asociación Civil Late Paternal en Defensa de los Derechos Humanos), Roberto Félix Cipriano García (por la Comisión Provincial por la Memoria), Gustavo Marcelo Bogun (por el Grupo de Mujeres de la Argentina), Azucena Beatriz Racosta (por La Cantora y otras organizaciones), Gustavo Federico Palmieri (por el Centro de Estudios Legales y Sociales), Diego Jorge Lavado (propuesto por la Fundación Rur Argentina y por XUMEK), Carolina López Forastier (por FECOR-Federación de Cooperativas de Recicladores y Cartoneros de la República Argentina), y María Josefina Ignacio (por la Asociación Pensamiento Penal).

Una postulación forzada

La postulación de Ignacio llamó poderosamente la atención, porque ya había sido impugnada dentro de la propia Asociación Pensamiento Penal por su falta de antecedentes. Esto a pesar de los esfuerzos del juez Juliano, que en un verdadero tour la llevó a recorrer todas las cárceles posibles en muy poco tiempo y obtuvo la firma de unos trescientos presos del penal marplatense de Batán, cuya suerte en muchos casos depende precisamente de sus decisiones.

El tema provocó un fuerte debate interno que amenaza en convertirse en un cisma dentro de la propia APP. “Teníamos candidatos con verdadera experiencia en prevención de la tortura en la cárceles, a Josefina Ignacio casi nadie la conoce, pero Juliano insistió en postularla lo que causó mucho descontento”, dijo a Socompa un integrante de la ONG que prefirió mantener su disputa dentro de la APP sin hacer pública su identidad.

Además de la falta de experiencia para la función, hubo otro elemento que causó rechazo en la postulación de la periodista María Josefina Ignacio. Su familia fue fundadora de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA). Guillermo Ignacio ocupa un importante lugar como director estratégico de ADEPA, mientras que otro de los propietarios de Ecos Diarios, Leandro Ignacio, es vocal titular de ADIRA donde históricamente el diario familiar ha hecho causa común con La Nueva Provincia de Bahia Blanca, dirigida por el genocida Vicente Massot, tío del diputado de Cambiemos Nicolás Massot.

Si se busca en el archivo del diario que dirige María Josefina Ignacio, además de la imposibilidad de acceder a los artículos sobre las cárceles que supuestamente publicó en los últimos tiempos, tampoco se encontrará una sola nota donde se denuncien o investiguen casos de torturas cometidas en las cárceles argentinas.

Al poner a consideración de los senadores la lista de concursantes se descontaba que dos de los representantes elegidos serían Gustavo Palmieri, del CELS, y Diego Lavado, por XUMEK. El tercer lugar, por consenso, correspondía a una mujer y los dos nombres que se barajaban para ocuparlo eran los de Claudia Cesaroni, de CEPOC, y Azucena Racosta, postulada por La Cantora y varias organizaciones más. Sin embargo, el acuerdo entre Cambiemos y el bloque del Frente para la Victoria las desplazó para llevar a Ignacio al Comité.

“Hemos dado un paso fundamental para conformar el Comité. Se analizaron todos los candidatos, sus antecedentes y sus experiencias, escuchamos a las organizaciones sociales y realizamos las audiencias públicas correspondientes para llegar hasta esta instancia”, dijo la senadora de Cambiemos y presidenta de la bicameral, Marta Varela. “La constitución del Comité de Lucha contra la Tortura nos parece un hecho para destacar muy especialmente”, la flanqueó sin contradecirla el vicepresidente Juan Manuel Abal Medina.

El miércoles pasado, la cámara de Diputados de la Nación aprobó la integración de María Josefina Ignacio como una de los tres representantes de las ONG en el comité contra la Tortura. Cambiemos, con la  complicidad del bloque de senadores del FpV, metió su quintacolumna en un área clave para la defensa de los derechos humanos. Los derechos de los presos, bien gracias.