Una publicación conjunta entre investigadores y referentes de la sociedad civil da cuenta de cómo las instituciones provinciales y el poder de los agentes involucrados favorecen las deforestaciones ilegales en el Chaco Seco argentino, una de las regiones más afectadas por la pérdida de bosques nativos. Los datos relevados pueden ayudar a mejorar las políticas públicas y ser de utilidad ante la posible reforma de la Ley de Bosques anunciada por Alberto Fernández en el Congreso.

Cuáles son los procesos sociales e institucionales que permiten que las deforestaciones ilegales en el Chaco Seco argentino continúen, a pesar de que existe una regulación que intentan frenar estas prácticas vinculadas a la expansión de la frontera agropecuaria? Esa es la pregunta que busca responder un grupo de trabajo transdisciplinario en esta región del Parque Chaqueño (o Gran Chaco), compuesto por investigadores de distintas universidades de la Argentina y Alemania, junto con referentes de organizaciones sociales, ambientales y de la sociedad civil, en un artículo académico publicado recientemente en la revista científica Global Environmental Change.

“Nuestro objetivo es respaldar con evidencias y análisis avalados por el método científico cuestiones que las organizaciones de la sociedad civil tienen claro y vienen denunciando hace tiempo: que la deforestación ilegal se produce porque los agentes, que en este caso son propietarios de tierra y productores agropecuarios poderosos, tienen alianzas con los gobiernos provinciales, los políticos y, sobre todo, con las agencias responsables del manejo y la gestión de los bosques, alianzas que generan las condiciones para que la deforestación sea posible”, señala Matías Mastrángelo, investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y uno de los autores del estudio.

“Los actores no académicos enriquecen mucho el trabajo, ya que aportan desde su experiencia en la gestión y el trabajo en el territorio, sobre todo en temas tan sensibles como este, ya que se trata de un comportamiento ilegal, y obtener datos primarios sobre estos procesos es difícil porque suelen ser cuestiones que se mantienen ocultas”, agrega Mastrángelo, quien trabaja en la región del Gran Chaco desde hace más de una década y donde comenzó analizando el impacto de las deforestaciones sobre la biodiversidad y los distintos bienes y servicios ecosistémicos.

El Parque Chaqueño -que abarca la totalidad de las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, además de partes de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán- es la región en Sudamérica adonde ocurre la mayor deforestación después del Amazonas. Se estima que más de 180 mil hectáreas por año cambian de uso y que alrededor de la mitad de las deforestaciones son ilegales, ya sea porque se ha violado la Ley de Bosques (Nº 26.331/2007) que dicta los presupuestos mínimos de protección del bosque nativo y delega a las provincias el diseño y cumplimiento de los planes de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo en sus jurisdicciones, o bien porque los autores avanzan la práctica incluso cuando no tienen los permisos necesarios para llevarla a cabo.

“Analizar estos procesos también es complejo. Hay toda una trama entre instituciones públicas y privadas, además de agentes individuales, que deciden hacer un desmonte ilegal en el territorio, que interactúan con esas instituciones para que la deforestación en el Chaco argentino siga avanzando. Y lo hacen a pesar de que tenemos una ley nacional vigente financiada, así como estructuras nacionales y provinciales dedicadas a velar por el cumplimiento de esa norma”, dice Mastrángelo, que es biólogo y doctor en Estudios Ambientales.

Tras la expansión de la frontera agropecuaria en la región durante las últimas décadas, el Chaco Seco argentino se ha convertido en una de las regiones de mayor deforestación a nivel mundial. Las tasas anuales provinciales superaron el 3 por ciento hasta 2008. Unas 15 veces superior a los promedios mundiales. Los datos son contundentes: durante 2016 y 2017, las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero explicaron casi el 70 por ciento de la deforestaciones totales registradas en todo el país.

Las variables que influyen

“Hay muchos estudios que evalúan cuánto, dónde y cuándo se deforesta. Y esto es posible gracias a tecnologías que hoy tenemos a disposición de la ciencia, como el análisis de imágenes satelitales. Sin embargo, responder a las pregunta sobre quiénes lo hacen, por qué o para qué es mucho más difícil”, explica Mastrángelo.

Para responder a ese interrogante y develar las tramas detrás de estos procesos, el equipo de investigación recopiló datos de 244 eventos de deforestación ilegal ocurridos en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero entre 2008 y 2020. En conjunto, esos eventos involucraron la pérdida de 275.592 hectáreas de bosques chaqueños, alrededor del 34 por ciento del área deforestada ilegalmente en las tres provincias durante el período de estudio.

Para hacerlo consultaron a distintas fuentes de información complementaria, como notas periodísticas, literatura gris, entrevistas a informantes clave y datos geoespaciales. “Primero, generamos una base de datos en la que relevamos los casos de deforestación ilegal y sus características, en qué provincia ocurrió, en qué momento, quién era el dueño o la persona propietaria del establecimiento donde se produjo y de quién es la tenencia de la tierra”, detalla Mastrángelo, que también pertenece al Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales de la Unidad Integrada Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Posteriormente, usaron herramientas estadísticas -redes bayesianas no paramétricas- para probar la influencia relativa de nueve factores individuales y contextuales sobre el tamaño de la deforestación y el tipo de ilegalidad. Además evaluaron cómo cambiarían ambos resultados bajo simulaciones de políticas hipotéticas, pero plausibles. “Sobre esa base de datos construimos un modelo que permite relacionar los atributos que nos interesaban explicar; es decir: cuáles son los factores que permitieron hacerle trampa la ley”, aclara el especialista.

Así fue detectaron que en promedio el área deforestada ilegalmente fue 18 veces mayor en establecimientos administrados por agentes de alto y muy alto capital económico y fuertes vínculos con el poder político (2.516 hectáreas), en comparación con los administrados por agentes con capital bajo y vínculos débiles (141 hectáreas); equivalentes al 15 y el 1 por ciento del tamaño del establecimiento, respectivamente.

Los resultados señalan que el área deforestada ilegalmente fue 2,5 veces mayor en los establecimientos administrados por productores que provenían de otras provincias (1.689 hectáreas) en comparación con los administrados por propietarios locales (685 hectáreas). Los eventos de deforestación realizados por agentes poderosos ocurrieron principalmente a través de desmontes en zonas protegidas (50%) y desmontes en áreas recategorizadas (46%). Todos los eventos de deforestación en áreas recategorizadas fueron ejecutados por agentes poderosos.

“Encontramos que uno de los atributos importantes de los agentes es el poder, y que este se construyó a partir del origen de esa persona”, destaca Mastrángelo. Su análisis advierte que la mayoría de los productores que expandieron las fronteras agropecuarias en la región chaqueña no son locales, sino productores provenientes de la región pampeana, de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que invertían los excedentes que generaban en tierras en Santiago del Estero, Chaco y Salta para desmontar y ampliar sus negocios.

Junto con el capital económico de esos productores, mayor al de los locales, también resultaron relevantes los vínculos que tenían con el poder político. Al respecto, Mastrángelo afirma que uno de los principales resultados que obtuvieron fue que esa variable “poder de los productores y propietarios” exhibe una fuerte vinculación con la forma y el tamaño de los desmontes ilegales, así como el contexto institucional en donde se produce. Es decir: qué agencia del gobierno provincial está involucrada.

“La ley es un instrumento de política pública muy importante y las autoridades locales de aplicación tienen el rol de hacerla cumplir. Sin embargo, se dan tramas de corrupción”, explica el investigador. Su lectura subraya también que, en general, las provincias no tienen los suficientes incentivos para conservar sus bosques. “Para un gobierno que recauda impuestos a partir de una producción agropecuaria que genera grandes ganancias y divisas, el bosque tiene muy poco valor -dice Mastrángelo-, a lo que se suman las desiguales relaciones de poder entre los gobiernos provinciales y las grandes empresas agropecuarias”.

Pero hay más. Tampoco los productores tienen suficiente desincentivos para no deforestar, ya que la sanción es una multa económica. “Para un productor que exporta granos, la multa es incorporada como un costo de producción más. Hay que cambiar en términos judiciales la figura, que pase de ser una contravención a ser un delito ambiental, que tenga una sanción que exceda lo económico”, propone Mastrángelo, quien destaca que los hallazgos de la investigación pueden ser relevantes a la hora de evaluar una modificación de la Ley de Bosques vigente.

Durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, Alberto Fernandez anunció, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo Nacional enviará un proyecto para modificar la norma. La novedad generó dudas en las organizaciones de la sociedad civil. “Siempre es necesario actualizar las leyes, pero si hay un intento de reforma es importante que haya un proceso abierto y participativo con los actores involucrados, desde las ONGs y el sector científico hasta los productores y el sector agropecuario. De lo contrario, se va a generar una reforma menos legítima y eso va a atentar contra la efectividad en su implementación, que ya de por sí es baja”, concluye Mastrángelo.

¿Querés recibir las novedades semanales de Socompa?

¨