Gran venta de humo y remate de la ciencia

Investigadores contra el recorte del presupuesto, los despidos, la precarización laboral y por una ciencia orientada las necesidades y problemáticas populares.

Aquellas personas que este martes 22 de agosto transiten por los alrededores del Polo Científico Tecnológico, en las inmediaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), quizás se sorprendan de encontrarse con un curioso espectáculo. Un numeroso grupo de trabajadorxs de la Ciencia y la Técnica, muchxs nucleadxs en torno a organizaciones gremiales y sindicales como Jóvenes Científicxs Precarizadxs (JCP), la Red Federal de Afectadxs (RFA), ATE-CONICET y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, organizan frente al Ministerio, y a modo de denuncia, la “Gran Venta de Humo y Remate de la Ciencia”. Quizás lxs recuerden de películas recientes como “El velorio de la ciencia”, en donde la ciencia argentina fue sepultada para resurgir a modo de ciencia zombie al servicio de las grandes empresas multinacionales. Son los mismos actores y actrices de la masiva y mediática toma del MinCyT que tuvo lugar en diciembre del año pasado.

Sus reclamos son simples, sus denuncias claras: se niegan a aceptar el recorte del presupuesto en CyT, rechazan el ajuste que dejó a 500 investigadorxs recomendadxs por el CONICET sin trabajo, despedidxs. Exigen aumento salarial para poder paliar la inflación. Piden dejar de ser precarizadxs y empleadxs en negro por parte del Estado y ser reconocidxs como lo que son, trabajadorxs, ni más ni menos. Demandan una ciencia orientada a las necesidades y las problemáticas populares y una democratización de los órganos de gobierno de CyT.

Gracias a la performance celebrada en torno al velorio de la ciencia el día 8 de agosto y como consecuencia de la posterior toma del MinCyT, se ha logrado la reapertura de la Comisión Mixta de Seguimiento de la situación de lxs compañerxs despedidxs en diciembre de 2016. La jornada dejó imágenes grabadas en la retina y en las lentes de las cámaras. Por ejemplo, las de la Policía Federal Argentina ingresando al Ministerio público en formación militar y armada hasta los dientes, en lo que aparecía como una suerte de segunda noche de los bastones largos pero que por fortuna no fue tal.

Mientras tanto, en otro rincón de la galaxia, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación dio algunas entrevistas a medios periodísticos como La Nación y Página/12. Lino Barañao sostuvo en dichas notas que “entendemos el reclamo gremial pero cada becario posdoctoral nos salió un millón y medio de pesos. Es la sociedad la que tiene el derecho de utilizarlos en donde crea más conveniente” dando por sentado que la decisión del gobierno de despedir científicxs formadxs en el país durante años es en realidad una respuesta a la demanda de “la sociedad”, que los vería como un artículo oneroso. Curiosamente, el eslogan de Cambiemos en las elecciones no fue el de recortar la planta de CyT sino -por el contrario- el de aumentar la inversión en la misma.

Por otro lado, Barañao parece haber encontrado una nueva hipótesis ad hoc para defender el ajuste que lleva adelante este gobierno: “Los investigadores tienen una deuda y que comiencen a desarrollar sus tareas en universidades del interior nos asegura que cada peso que invertimos tenga un saldo positivo porque fomenta una mejor orientación del recurso humano”. Barañao habla de “recursos”: no se deja en la calle a personas, sino que en aras de la eficiencia se reorientan cosas, objetos. Son antes recursos del Estado que seres humanos. Y parece ser que CONICET no es un organismo nacional y federal que ya de por sí emplea investigadorxs en “el interior”, que no se podían crear en todo caso áreas prioritarias del CONICET en las provincias o elevar el presupuesto de las diferentes universidades del país para incorporar más investigadorxs de modo federal. Resulta que la idea de despedir investigadorxs del CONICET, no tenía por motivación recortar gastos, sino que en realidad suponía el primer momento de un curioso e intrincado despliegue en el cual en un último movimiento asistiremos a una recaptación del “recurso” por Universidades del “interior”. Esto -no deja de llamar la atención- de ocurrir, ocurriría no en respuesta a la gran movilización del año pasado, sino que ya se habría prefigurado y pergeñado originalmente en el gabinete de Barañao.

El ministro también explica que “No hay oportunidades afuera (…) Tenemos crecimiento y las posibilidades de insertarse en la comunidad científica son mayores acá que en el exterior”. Algunas observaciones, como ésta, no resisten el menor análisis. Algunos incluso la calificarían como el momento supino del cinismo (este humilde cronista, en virtud de la búsqueda irrenunciable de la objetividad, que no existe pero que la hay la hay, jamás se atrevería a sostener tal cosa).

Por último, Barañao afirmó que “existe una continuidad entre las políticas del gobierno anterior y el actual: este gobierno ha mantenido los lineamientos centrales. Cristina quería la ciencia al servicio del desarrollo económico y social (…)”. Algo habrá que concederle a Lino, que supo ubicarse en lugares centrales de la gestión en CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y por último del MinCyT durante los gobiernos de de La Rua, Kirchner, Fernández de Kirchner y Macri. Y es que luego de que la ciencia fuera considerada un artículo prescindible para un país bananero como fue concebido el nuestro durante el menemismo y el final del gobierno de la Alianza, la ciencia fue readaptada como quizás nunca antes en nuestro país para convertirse en un importante engranaje para la generación de ganancia en clave extractivista: agrobiotecnología en forma de monocultivo de soja transgénica y acuerdos con Monsanto o geología e ingeniería  en petróleo en forma de megaminería, fracking y acuerdos con Barrick Gold, Chevron y Repsol son solo algunos de los ejemplos más conocidos de hasta qué punto el producto de la ciencia financiada por el Estado es utilizado antes para la producción de ganancia empresarial (con el consabido deterioro ambiental, social y sanitario de nuestros territorios) que para el tan mentado desarrollo social. Lino, que ya era Barañao durante el kirchnerismo, no se cansaba de repetir en aquella época que el deber moral del científico es transferir su conocimiento a las empresas. No se hablaba ni de industria nacional ni mucho menos de necesidades sociales o de soberanías populares. Lino el bueno, aquél que luego devino Barañao el malo, hablaba ya entonces de una moral al servicio de las empresas.

En lo que hace a la resistencia al ajuste de este gobierno, e incluso a los métodos y la manera de expresarla, podremos encontrar entonces una confluencia de al menos dos sectores de difícil y potencialmente explosiva combinación: están quienes bregan por volver a un proyecto que con aciertos y errores otorgó mayor presupuesto y jerarquía a la ciencia. Y están quienes más allá del presupuesto destinado, cuestionan la continuidad de una concepción empresarial y elitista de la ciencia, denuncian la precarización laboral que ya preexistía al gobierno actual y apuntan a un modelo alternativo de ciencia que –valiéndose de ciencia básica y aplicada- ponga el eje en problemáticas sociales y ambientales propias de nuestros pueblos.

Al respecto de estos últimos, decía el gran Osvaldo Bayer allá por 2009 en una contratapa de Página/12: “(…) usan como lema ‘Investigar es trabajar’. Sí, son los que van observando el horizonte del progreso de la ciencia para el real beneficio de la humanidad, ya que consideran que “el conocimiento se ha convertido en un bien de mercado”, tomando en serio estas palabras de Marco Lattuada, vicepresidente del Conicet. Y para no caer en esa dependencia que lleva a la ciencia por caminos que nada tienen que ver con el progreso humano, reclaman que se los considere trabajadores, que se les reconozcan derechos fundamentales para no caer en dependencias conformistas. Por eso solicitan se les reconozca a los becarios el derecho a obra social, a la jubilación, a licencias reglamentadas, a la antigüedad, licencias por enfermedad, maternidad o paternidad. También el derecho a vacaciones, ya que se encuentran en esto siempre a voluntad del director correspondiente. El reconocimiento de todos esos derechos llevaría tranquilidad y seguridad a los investigadores y no la situación de mirar a otras posibilidades para el futuro. Creemos que hay que escucharlos en sus planteos. Porque ahí puede estar una parte importante del futuro de los conocimientos, que es el paso adelante para ir formando mundos más profundos en base a las enseñanzas de la ciencia. Buen nombre han elegido para bautizarse: Jóvenes Científicos Precarizados. Denuncian en ese título una realidad sin grandeza, egoísta. Escuchémoslos.”