El precio de curarse

Gilead Sciencie le puso precio al remdesivir: 390 dólares la dosis. Cuatrocientas veces su costo de producción, según un estudio de la Universidad de Liverpool. Estados Unidos compró casi todo el stock de los próximos tres meses, mientras la Unión Europea busca también reservarse la provisión. Muchos países se quedarán al margen de estos acuerdos. Un antecedente preocupante de cara a la carrera mundial en procura de una vacuna para tratar el Covid-19.

La farmacéutica Gilead Science le puso precio al remdesivir, el antiviral más promisorio para tratar a personas con Covid-19. Será de 390 dólares por dosis para los gobiernos de los países desarrollados. Un precio que, según un estudio de la Universidad de Liverpool, es unas 400 veces superior al costo de producción. Casi en simultáneo se conoció la decisión del gobierno estadounidense de comprar el total de la producción de este mes y el 90 por ciento de las proyectadas para agosto y setiembre. Casi todo el stock de un trimestre. El equivalente a unos 500 mil tratamientos.  Rápidamente, la Unión Europea salió al ruedo para reservarse la provisión. Muchos países, sin embargo, se han quedado sin la posibilidad de acceder a este tratamiento, al menos hasta octubre.

“Este nuevo intento de Estados Unidos de acaparar el medicamento que hasta el momento demostró cierta eficacia frente al Covid-19 tiene que ver con la defensa de sus propios monopolios y con el sesgo unilateralista que se acentuó con la administración de Trump. En desdén de cualquier multilateralismo, Trump decidió desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud y apostar a que alguna de sus farmaceúticas gane la carrera por conseguir una vacuna, o medicamentos para tratar la enfermedad”, dice el historiador especializado en la política exterior de Estados Unidos Leandro Morgenfeld.

Rubén Sajem es director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Su lectura considera que la emergencia sanitaria actual es una oportunidad para que los gobiernos se planten frente a lo que está pasando. “Estados Unidos compró todas las dosis que compró porque tiene un problema gravísimo y el dinero para hacerlo. Sin embargo, hay países que no van a poder pagar esos precios. ¿Por qué tenemos que esperar la beneficencia del laboratorio, o que gentilmente, si quieren o si les sobra, nos los vendan un poco más barato?”, se pregunta Sajem.

En algunas partes del mundo, como en África, los países tendrán la posibilidad de acceder a versiones alternativas del remdesivir a precios muy inferiores. La razón es que Gilead firmó un acuerdo de licencias voluntarias no exclusivas con cinco empresas, cuatro de la India y una de Paquistán. El acuerdo las autoriza a fabricar versiones genéricas, pero solo para venderlas a una lista de 127 países entre los cuales no figura ninguno de América del sur, lo que deja de lado a 440 millones de habitantes en toda la región. Según el Instituto de Revisión Clínica y Económica, dos de los laboratorios de la India, Hetero Labs y Cipla, podrían comercializar la versión propia a menos de 80 dólares la dosis.

“La Argentina y todos los países del llamado sur global deben plantear ante los organismos multilaterales que en esta pandemia es necesario coordinar acciones, y no poner a los negocios por sobre la vida. En el orden de la salud, eso es abogar porque los posibles medicamentos se compartan en forma genérica y no como un negocio”, sugiere Morgenfeld.

Del fracaso a la esperanza

Elaborado por Gilead bajo la denominación comercial Veklury, el remdesivir es un antirretroviral de amplio espectro desarrollado inicialmente, y finalmente sin éxito, para tratar el ébola. Luego se probó en ensayos con animales para el tratamiento del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). De ahí la expectativa de que sus cualidades resulten efectivas para el nuevo coronavirus (SARS-Cov-2), lo que llevó a su vez a que se reactivaran los ensayos clínicos y a que la sustancia fuera incluida entre los cuatro tratamientos potenciales del programa internacional Solidarity, impulsado por la OMS y en el que también participa la Argentina.

Durante el transcurso de los ensayos clínicos, la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense y las autoridades sanitarias de Japón aprobaron su uso en casos de emergencia. También fue recomendado con el mismo propósito por la Agencia Europea del Medicamento. “Es el único antiviral que por el momento demostró cierta efectividad. Lo cierto hasta ahora es que mejora el tiempo de recuperación. Un promedio de cuatro días menos de internación, lo que justificaría su precio. Sin embargo, hay que subrayar que el remdesivir es una droga que está todavía en observación experimental”, explica Sajem.

En paralelo existen otras alternativas para tratar a las personas con Covid-19. Algunas con buenos resultados, aunque no sean antivirales. La dexametasona por caso, que tiene un efecto antiinflamatorio, pero no actúa sobre el virus en sí mismo. “La dexametazona redujo la mortalidad en pacientes con respirador. Son medicamentos muy baratos desarrollados en la década del sesenta y que hoy se venden en las farmacias a unos 700 pesos. Esa es la razón por la que no generan tanto interés por parte de la industria farmaceútica”, dice Sajem.

Entre las varias terapias que están arrojando resultados esperanzadores en el país, y que no son pasibles de ser patentadas, están el uso de suero de personas recuperadas y el suero híperinmune, producto de una articulación público-privada en la que participan el Centro CRIP de la Universidad Nacional de San Martín y el laboratorio Inmunova. Frente a esta situación, Sajem se pregunta: “¿Los grandes laboratorios que tenemos en la industria farmacéutica argentina, o los laboratorios internacionales, por qué no están produciendo algo económico y accesible para todos…?”.

Salud y mercado

Aún sin estar autorizado su uso en personas, Gilead Sciences ya cuenta con patentes aprobadas sobre el remdesivir en más de setenta países. Un derecho de propiedad intelectual que le permite en esos países excluir a otros de producir, comercializar e importar el producto durante un mínimo de veinte años. Estas normas se rigen según el tratado que regula los derechos de propiedad relacionados con el comercio y establecidos durante la Ronda Uruguay de la Organización Mundial de Comercio. Normativa a la que adhirió nuestro país en 1994.

Se suele argumentar que las patentes sirven para incentivar las innovaciones, y que los altos precios responden a las inversiones que realizan las farmacéuticas en investigación y desarrollo. Hoy, se sabe que muchas veces de esas investigaciones son financiadas desde el sector público. Para el remdesivir, por ejemplo, según la organización civil estadounidense Public Citizen, Gilead recibió al menos 70  millones de dólares provenientes de impuestos, 6 millones por la vía de las becas universitarias de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y otros 30 millones de fondos públicos estatales. Sin embargo, las patentes con las que cuenta la multinacional –que entre sus principales accionistas lista a BlackRock, uno de los acreedores de la deuda externa argentina– le extenderían el derecho de exclusión hasta 2035 en algunos países.

“Gilead tiene antecedentes con el sofosbuvir, una droga capaz de curar la hepatitis C que pasó de venderla en Argentina de 1.000 a 63 dólares el comprimido entre 2014 y 2017”, recuerda Sajem. Su lectura advierte que la presión de los pacientes y el público en general pueden obligar a que algunos gobiernos terminen comprando los medicamentos aún a precios abusivos. “La mayoría de los datos que se conocen son provistos por las mismas empresas. Como sociedad, nos dejamos llevar por anécdotas y noticias que se difunden en programas de televisión en los que no hay un solo periodista científico. Así se terminan imponiendo ideas que es necesario salir a contrarrestar. ¿Quién fija el precio de este medicamento y cómo? ¿Quién financió la investigación?”, dice Sajem con relación las preguntas que el periodismo debería plantear.

Para evitar abusos y monopolios, los acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio incluyen salvaguardas que los países pueden utilizar, especialmente en situaciones de crisis o en emergencias sanitarias como la actual. “Cuando las patentes ya han sido otorgadas, los países pueden hacer uso de las denominadas licencias obligatorias para, sin la autorización del titular del derecho, permitir la producción, la comercialización y la importación de versiones genéricas más accesibles que el producto patentado”, explica Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP. Incluso en llegado el caso, la compañía que detenta la patente no deja de obtener ganancias, ya que puede permanecer en el mercado con su producto y además cobrar regalías por la venta de las versiones genéricas.

“Sin embargo, las salvaguardas más importantes son las que, a través de una óptima administración del sistema de patentes, previenen el otorgamiento de estos títulos cuando no se cumplen los requisitos de la ley”, advierte Di Giano. La abogada, especializada en derechos de propiedad intelectual, explica que la implementación de las guías de patentabilidad vigentes en nuestro país desde 2012, así como el uso de oposiciones a las patentes -un mecanismo establecido en el artículo 28 de la Ley de patentes de 1995-, son “claves” para evitar barreras de acceso a medicamentos esenciales.

Esa salvaguarda es la que permitió la disminución del precio del sofosbuvir, ya que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial -la autoridad nacional que se ocupa de aprobar o rechazar solicitudes de patentes- rechazó las solicitudes que impedían la producción genérica. Otro caso similar ocurrió en 2015 cuando se logró el rechazo de una solicitud de ampliación de patente sobre la combinación de los antirretrovirales lopinavir-ritonavir que se usan para tratar el VIH, y que también se han probando para el tratamiento de pacientes con Covid-19, pero sin resultados exitosos.

“La oposición es la herramienta legal más importante para evitar monopolios y sobreprecios, y proteger los desarrollos locales. Esto es así porque una vez aprobada la patente, el proceso es más complejo y solo puede ser anulada judicialmente”, señala Di Giano. La especialista recuerda que desde que se implementó este sistema de propiedad intelectual, la mayoría de las solicitudes de patentes presentadas por las farmaceúticas multinacionales no son merecedoras de tales títulos porque se trata de abusos que pretenden hacer del sistema de patentes un instrumento para extender y perpetuar sus monopolios.

Sobre el remdesivir, Gilead tiene al menos cinco solicitudes de patentes presentadas en la Argentina. “Necesitamos adelantarnos, estar preparados para que si realmente es efectivo y lo necesitamos podamos producirlo localmente, o importarlo a precios que no sean los monopólicos y extorsivos a los que lo vende Gilead”, agrega Di Giano. Desde Fundación GEP estudiaron esas solicitudes y generaron evidencias que presentaron ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Lo hicieron mediante  dos oposiciones en las que demostraron que el remdesivir no es patentable en el país ya que, por ejemplo, no cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

“En algún momento, los países tienen que volver a la Organización Mundial de Comercio y dar de baja este sistema de patentes sobre medicamentos. No puede ser que la salud esté incluida en un acuerdo comercial, que un medicamento sea una mercancía y que el interés económico esté por encima del derecho humano sobre la salud”, concluye Di Giano.

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