Problemas con la presión y la calidad del agua, sistemas de cloacales conectados a la red pluvial y pozos ciegos en el interior de muchas viviendas son algunas de las muchas precariedades que exhiben las villas porteñas. Aquí, algunos detalles de un relevamiento realizado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA que pone de relieve el elevado riesgo hídrico-ambiental.
La historia viene de lejos. Ciudad y Nación se pasan la pelota. La empresa, estatizada en 2006, se mantiene en la letra del pliego de bases y condiciones que rigió su privatización: solo reconoce como usuarios a propietarios, copropietarios, poseedores o tenedores de inmuebles. Sus servicios se detienen en las periferias de las villas. Lo mismo que el resto de las prestadoras de servicios púbicos. El Ejecutivo porteño se escuda en que invirtió miles de millones de pesos en obras para reurbanizar y mejorar la infraestructura.
La realidad es más compleja que los pobres argumentos esgrimidos por unos y otros. La Ciudad de Buenos Aires, una de más las ricas del mundo, exhibe un Producto Bruto Geográfico per cápita por encima de los diez mil dólares. Sin embargo, uno de cada siete porteños no accede formalmente al agua potable. Unas 400 mil personas, que se aprovisionan por conexiones precarias, o bien están sujetas a la azarosa aparición de los camiones cisternas que provee el Gobierno porteño. Un caminión de 7 mil litros para cada villa por cada doce horas. Apenas lo suficiente para abastecer el consumo de 140 habitantes por día en barrios donde la población supera las decenas de miles.
Manguera de agua pinchada usada para abastecer a 25 familias y conectada a un motor e inmersa en líquido cloacal en la Villa 21-24.
En este contexto, el distrito atravesó en los últimos años tres epidemias de dengue. La histórica precariedad y desigualdad sanitaria se amplificó en el contexto de la actual pandemia. A principio de este mes, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires intimó al Ejecutivo porteño a garantizar a los habitantes de las villas un suministro diario mínimo de 150 litros por habitante. El piso que rige por el resto de los porteños. La sentencia del juez Osvaldo Otheguey le ordenó además que el agua, además de suficiente, sea de calidad y lo conminó a elaborar un plan de contingencia para cada barrio.
Fue la respuesta a un amparo presentado por referentas barriales lideradas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires con el apoyo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. La presentación incluyó informes con inspecciones técnicas, encuestas y mediciones de los parámetros de calidad del agua que abarcan los barrios Piletones, Inta, Carrillo, Scapino, Albariños, Playón Chacarita y Carlos Mugica; además de las Villa 20, 21-24 y Ciudad Oculta.
La respuesta de Larreta fue insólita. Se declaró incompetente para garantizar el acceso al agua. Pretendió desconocer que la responsabilidad por el suministro interno recae en el Gobierno porteño como garante de los derechos reconocidos a los porteños. Le tiró la pelota a AySA.
Algo de eso salió a la luz en los cruces mediáticos entre los funcionarios porteños y la presidenta de la empresa, Malena Galmarini, tras las escaladas de infecciones y muertes que se suceden en la Villa 31 y que incluyó en la lista de decesos a Ramona Medina. “Nosotros llegamos hasta el perímetro con caudal y presión suficiente para abastecer a los barrios. Después las redes internas dependen de las jurisdicciones locales”, se excusó. Lo demás fueron fuegos artificiales.
Restringida, insegura e informal
La falta de agua es una de las desigualdades más antiguas y afecta con especial fuerza a las mujeres y a los niños. Son los que suelen abocarse a la tarea de abastecer el hogar cargando baldes, bidones y cacharros. Con su almacenamiento, dicho sea de paso, prolifera el dengue. La realidad indica que en los barrios populares de la ciudad el acceso al agua está restringido, es inseguro e informal. Sobre su calidad, los vecinos consideran que no es apta para beber. Prefieren usarla para higiene personal, limpieza y cocinar, esto último adicionándole lavandina. Los que pueden la compran envasada. Son los menos. Otros usan filtros. Los que no pueden elegir consumen agua no segura.
Análisis bactereológico. Muestras de agua tomada en la Villa 15, Ciudad Oculta.
Las denuncias de los vecinos se suceden año tras año. El agua disponible en las redes internas no es suficiente. Durante gran parte del año, a lo largo del día no sale agua de las canillas, o sale con presión insuficiente. El caso del Barrio Mugica tomó notoriedad por estos días. No es el único que padece periódicamente la falta de suministro. En las últimas semanas ocurrió también en varios sectores las villas 20, 21-24 y en el Barrio Scapino. Incluso en el Complejo Piedra Buena. Hay otros ejemplos.
Los documentos producidos por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria dan cuenta de los problemas. Son reveladores también de la improvisación con que el Estado porteño y AySA encaran el problema. “La mayoría de las redes internas fueron ejecutadas y costeadas por los propios habitantes. Las que fueron realizadas durante la última década por diferentes organismos nunca fueron formalizadas”, explican los informes. Muchas obras, además, “se diseñaron y ejecutaron sin tener en cuenta el crecimiento vertiginoso de la población y sin respetar criterios técnicos y normativos”.
Mangueras de transporte de agua en el interior de cámaras cloacales.
El marco regulatorio de AySA establece que la presión de agua debe ser de 1 bar. Los técnicos explican que “es un indicador de la seguridad del agua para consumo”. Cuando cae por debajo de 1 bar, o registra oscilaciones frecuentes, “crece el riesgo de que se contamine con napas o efleuntes cloacales producidos por los frecuentes desborbes de las pozos ciegos”. La razón: las averías en los conductos, generalmente mangueras enterradas a baja profundidad, y el uso extendido de motores para chupar, factor que acrecienta la absorción. En la Villa 31, la presión es cinco veces inferior a 1 bar. Los mismo ocurre en el resto de las villas.
El Gobierno porteño, luego de ningunear la problemática, en especial durante los años de gobierno de Macri, se vio obligado a receptar el reclamo de las organizaciones barriales e hizo suya, aunque sin convicción, la necesidad de reurbanizar e integrar. En el Barrio Mugica invirtió unos 1.000 millones de pesos en obras entre recursos propios y créditos del Banco Mundial. “Al día de hoy, sin embargo, no existe una sola conexión formal al servicio de agua potable”, advierten los informes de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Poco se avanzó. En especial en el diseño e instalación en el interior del barrio de los conductos secundarios de distribución de agua, efluentes cloacales y pluviales.
Medición de presión en el Barrio Scapino.
Respecto al sistema cloacal, el Ejecutivo de la ciudad afirma que se construyeron colectoras que se conectarán con la red formal de AySA para separarlo del sistema pluvial. “La operación del sistema se transfirió a la empresa, pero los vecinos denuncian que después de realizadas estas obras hay desbordes cloacales frecuentes”, señala el amparo presentado en el juzgado de Otheguey.
Los avances: escasos y deficientes
Pese a que sucesivas gestiones plantearon como ejes prioritarios la reurbanización y la integración de villas y asentamientos, los escasos avances revelan deficientes. Desde las organizaciones barriales destacan que los organismos responsables de diseñar y ejecutar las políticas cambian, se multiplican y sus atribuciones se superponen. “La desarticulación suma problemas a la ausencia de planes integrales y a los presupuestos siempre escasos”, subraya la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. El resultado: mucho de jardín al frente, pero los barrios siguen en ruinas.
La precariedad de los sistemas cloacales complica aún más: “Los pozos ciegos son la norma y los desagües, cuando existen, conectan muchas veces a cámaras pequeñas ubicadas en los pasillos, muy próximas a las viviendas o incluso en el interior de ellas”. A menudo se desbordan. En el mejor de los casos, como en la Villa 31, se conectan con sistemas pluviales antiguos, previos a los asentamientos.
Dos villas, todas las villas
Entre noviembre y enero pasados, organizaciones barriales junto con técnicos, docentes y alumnos de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria relevaron las manzanas 1, 6 y 17 del Barrio Güemes, uno de los sectores del Barrio Carlos Mugica. Viente manzanas con unos 2 mil 800 hogares y 7 mil habitantes. El objetivo: construir un Índice de Riesgo Hídrico-Sanitario. Para ello, mediante constataciones, encuestas e inspecciones oculares, todas in situ, midieron la presión del agua, analizaron sus características organolépticas y constataron, entre otras cuestiones, el uso de bombas conectadas a la red y la existencia de desbordes cloacales.
La cobertura espacial del relevamiento, por demás representativa, arrojó que el 71,4 por ciento de las viviendas refieren no tener presión suficiente y continua de agua; el 38,1 por ciento utilizan bombas para succionar; el 66,7 por ciento reciben agua con características organolépticas modificadas; el 47,6 por ciento denuncian desbordes frecuentes de líquidos cloacales; y el 47,6 por ciento de las viviendas están ubicadas en sectores que se inundan. El promedio de la presión de agua se ubicó en 0,23 bares.
Medición del nivel de Riesgo Hídrico-Ambiental en el Barrio Güemes, Villa 31 y 31 bis.
Similares resultados arrojaron otros relevamientos. Como el efectuado en enero de este año en las manzanas 24, 25 y 29 de la Villa 21-24, ubicada a la vera del Riachuelo. Convocada por la Junta Vecinal, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria corroboró que el agua estaba contaminada bacteriológicamente. Que no era potable. Las familias denuncian que es frecuente que de las canillas salga agua con olor a cloaca, de color amarillo y con sedimentos. Un estudio anterior había constatado que siete de cada diez manzanas presentaban altos niveles de riesgo hídrico-sanitario. En ninguna manzana el riesgo era bajo o moderado. Las mediciones de presión oscilaron según lo sectores entre los 0,17 y los 0,26 bares.
En síntesis: es sabido que las promesas de la modernidad de generar sociedades de propietarios nunca de realizó. El factor, esencial para alcanzar la igualdad de oportunidades, sigue siendo una quimera para el 15 por ciento de los porteños. Los que habitan en las villas. Allí, la desigualdad se profundiza por la exposición al riesgo sanitario y ambiental. El dengue y el Covid-19 volvieron a poner el tema sobre la mesa. AySA y el Gobierno porteño se siguen lavando las manos. No aportan soluciones de fondo. Las apelaciones a la higiene personal y al aislamiento social son imposibles.
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