La Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de la Salud elaboró un informe sobre la situación del aborto en nuestro país. Los datos refutan a quienes sostienen que la IVE provocará una mayor cantidad de abortos. También a quienes argumentan que aumentará los costos para el sistema de salud. Aquí, los datos que hablan de la importancia de garantizar el cumplimiento de la norma.

En una jornada histórica para la salud de las personas gestantes, el Senado convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Si bien es difícil contar con datos precisos sobre la realización de abortos en el país debido a que hasta el 30 de diciembre pasado era una práctica que se realizaba en la clandestinidad, se pueden hacer algunas estimaciones que permiten dar cuenta sobre la necesidad de garantizar el libre acceso a un aborto seguro.

La Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de la Salud (RAIIS) elaboró un informe que sirvió de insumo al debate legislativo y permite, además, dimensionar la cuestión de cara a la aplicación de la norma. “Nuestra motivación fue hacer un aporte desde nuestro lugar de investigadoras y trabajadoras del sistema de salud, para que las y los senadores pudieran decidir con información. Se lo hicimos llegar por diferentes vías y nos pusimos a disposición. Hubo senadores que nos pidieron más datos y eso fue alentador”, le dijo a TSS/Unsam Patricia Rosemberg, integrante del equipo de la RAIIS.

En nuestro país, toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a la interrupción legal cuando existe un riesgo de vida o de salud. Así lo estipula el artículo 86 del Código Penal, que data de 1921. Sin embargo, un siglo después, su cumplimiento sigue presentando obstáculos. En tanto, el proyecto que sancionó el Congreso establece que todas las personas gestantes tendrán derecho a decidir y acceder a la interrupción en las primeras 14 semanas de gestación. Otro aspecto relevante es que las obras sociales y prepagas deberán ofrecer una cobertura integral y gratuita de la IVE.

El informe aborda la problemática del aborto desde la epidemiología, con una perspectiva que evalúa los procesos de salud-enfermedad en el marco de las desigualdades sociales. “Si bien desde la investigación biomédica y el desarrollo científico hubo muchos avances, desde la perspectiva social los individuos continúan enfrentando diferencias muy marcadas en cuanto a la salud, que no pueden ser explicadas desde el modelo biomédico, sino que deben ser abordadas desde lo político, lo económico y lo cultural. No se puede hablar de política sanitaria sin pensar en políticas sociales. Los grupos más vulnerables y vulnerados presentan los peores resultados en salud”, indica en el documento.

En ese sentido, la pandemia sumó otro factor de complejidad. “Afectó fuertemente el acceso a anticonceptivos, ya sea porque los servicios de salud ofertan menos, por el aislamiento o porque muchas personas tenían miedo de concurrir a un servicio de salud. Sin embargo, más allá de las dificultades, la provincia de Buenos Aires pudo armar un informe de cuántas interrupciones legales del embarazo se hicieron en los hospitales públicos y lo que se vio es que una mujer que quiere hacer un aborto lo hace igual, con o sin pandemia, con o sin clandestinidad”, afirma Rosemberg.

El informe señala que, según los datos de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), se estima que los abortos en la Argentina rondan los 450 mil al año. Además, los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud que depende del Ministerio de Salud de la Nación, arrojan que en el sistema público se produjeron un promedio anual de 45 mil 604 egresos hospitalarios entre 2010 y 2017 por abortos incompletos. Algunas de las complicaciones registradas incluyen shock séptico, hemorragias, necesidad de internación en diversos niveles y cirugías de alta complejidad.

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la ley es el costo que podría tener la realización del IVE para la salud pública. El informe, sin embargo, señala que el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos llegaba a unos 2 mil 580 millones de pesos al año en diciembre último. Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de aproximadamente 56 mil 700 pesos. Si se compara con el valor de una caja de misoprostol – el método más accesible y uno de los más seguros – con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto, se concluye que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

Otro argumento en contra suele ser que la legalización aumentaría la cantidad de abortos. “Lo que se ve en los países que legalizaron la práctica es que los abortos descendieron o se mantienen en una meseta. En ningún lugar aumentaron y, en cambio, descendió el número de muertes maternas. Tener la ley garantiza que la persona que decide realizarse una IVE pueda hacerlo de forma segura. Nadie va feliz a hacerse un aborto, pero hay circunstancias que llevan a que una persona elija hacerlo y ahí tiene que estar el Estado garantizando que sea en condiciones de seguridad”, subraya la investigadora.

El informe también aborda la problemática de los embarazos en niñas y adolescentes. En 2018 hubo 87 mil 118 nacimientos de madres menores de 20 años. Del total, 2 mil 350 correspondieron a niñas menores de 15 años. Esto se traduce en que todos los días, entre 6 y 7 niñas de 10 a 14 años dan a luz en la Argentina. Los datos relevados muestran que las provincias del NEA son las que registran las tasas más altas de fecundidad temprana de niñas y adolescentes. Las autoras del informe remarcan que la introducción de la IVE dentro de instituciones de salud también será una oportunidad para que haya una adecuada consejería integral en salud sexual y anticoncepción.

Para Rosemberg, todavía falta para que la discusión social en torno al aborto esté saldada. “Cuando se discute autonomía sobre los cuerpos, se discute más que el acceso. Cuando se ve que en el NEA y el NOA hay tantas madres niñas producto del abuso sexual, queda en evidencia que hay que seguir dando discusiones en diversas aristas”, dice. También señala la importancia del acompañamiento durante todo el proceso y de entender la salud de la persona gestante de manera integral.

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