Las medidas de prevención y control de la pandemia de Covid-19 en territorio formoseño siguen sirviendo de excusa para realizar allanamientos y traslados compulsivos en las comunidades indígenas del oeste provincial. Las autoridades no reciben a los referentes comunitarios ni escuchan los reclamos, que se están multiplicando.
Continúa la preocupación en las comunidades indígenas del Oeste de Formosa por la utilización de los protocolos sanitarios de la pandemia de Covid-19 para realizar acciones de represión encubierta y discriminación por parte de la policía y las autoridades provinciales.
Al virtual secuestro nocturno de Abel Saravia, pastor protestante y referente de la Comunidad wichí de La Pantalla – en las afueras de Las Lomitas –, perpetrado por la policía la medianoche del 25 de diciembre para trasladarlo a la capital provincial y aislarlo, se sumaron en los primeros días de enero irrupciones nocturnas de fuerzas policiales en la Comunidad La Esperanza, en la zona de Ingeniero Juárez, cerca del límite con Salta, y otros asentamientos. De allí se llevaron – siempre en horas de la noche y mediante allanamientos – a presuntos casos positivos de Covid-19 y a sus familiares, incluidos niños.
Al escribirse estas líneas, los pobladores de La Esperanza bloquearon el acceso a la Comunidad para evitar la repetición de estos hechos, que se repiten también en las comunidades de San Martín y Pilcomayo.
Acta de la Comunidad El Potrillo.
“Quiero hacer llegar esto a todas las autoridades, especialmente al intendente y al señor ministro (de gobierno) González y al gobernador de la provincia. Nosotros estamos en desacuerdo con el manejo del protocolo sanitario de Covid aquí en las comunidades, porque de las comunidades se están llevando a nuestros hermanos a horas que no deben, a las doce de la noche, a las tres de la mañana. Y entonces no estamos conformes. Nosotros queremos llamar a todas las comunidades originarias, queremos pedir que el gobernador, o el ministro o alguno vea esta situación. Nosotros no somos delincuentes, no somos ladrones, no somos traficantes para que nos lleven a cualquier hora, y aunque no esté saliendo positivo el hisopado llevan igual, los llevan a aislarse. Y los hermanos sufren, niños también”, denuncia el cacique Francisco Méndez, de La Esperanza.
Su reclamo se suma al de otras comunidades, de donde también ha habido irrupciones nocturnas y traslados. “Anoche estaban buscando a uno que según ellos sale positivo. Entraron milicos con toda esa furia, esa violencia que ellos tienen aquí en la comunidad, buscando y al fin lo encontraron y lo llevaron, y querían cargar también a la familia, los niños que estaban llorando ahí”, relata otro referente wichí.
Hasta el momento los dirigentes de las comunidades no han recibido ninguna respuesta a sus pedidos de audiencias con el ministro de gobierno, González, y al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán.
El traslado compulsivo, nocturno y con custodia policial a la Ciudad de Formosa – a más de 300 kilómetros -, es una de las partes de la situación que se está viviendo en las comunidades. Una vez dados de alta en la capital tienen dificultades para regresar.
“Nuestra preocupación es por nuestros hermanos que fueron derivados a la capital de nuestra provincia, cuando le dieron el alta le dieron medios para volver, pero cuando llegaron a los controles no pudieron pasar y quedaron varados. Son pacientes que no tienen el Covid-19”, denuncian en un acta realizada luego de una reunión en la Comunidad de El Potrillo.
Y agregan: “De los pacientes con Covid-19 escuchamos audios que llegan de los lugaes donde los tienen aislados, preocupados por la situación de la atención”.
En muchos casos se trata de personas que solo hablan la lengua wichí y no pueden entender qué les dicen ni hacerse entender por el personal de salud. No hay traductores disponibles para ellos.
Desde el gobierno provincial, mientras tanto, se guarda hermético silencio sobre la situación. Como si no existiera.
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