En medio de los incendios, que arrasaron ya cinco mil kilómetros cuadrados de islas en el Delta del Paraná, se retomó el debate legislativo para la sanción de una ley de humedales. En este contexto se concretó una primera sesión informativa en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados. Durante el último mes se presentaron seis iniciativas. Una norma largamente demorada para proteger también a otras zonas del país amenazadas por la explotación indiscriminada.

El inicio de la cuarentena marcó el comienzo de los incendios que están consumiendo los humedales del Delta del Paraná, al punto que el 3 de agosto existían 12 mil 500 focos en la zona, casi cuatro veces más que los registrados al 17 de junio, según el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. La situación impulsó el reinicio del debate por una ley de humedales que proteja no solo a estos ecosistemas, sino también a las poblaciones que habitan en ellos.

Se trata de una normativa que diversas organizaciones ambientales y de la sociedad civil vienen reclamando sin éxito desde hace años. Al menos en dos oportunidades hubo proyectos que lograron obtener media sanción en el Congreso, pero que no fueron tratados y perdieron estado parlamentario. La preocupación por los humedales, que cubren 600 mil kilómetros cuadrados en todo el país y representan el 23 por ciento del territorio nacional, siempre estuvo vigente.

Desde marzo pasado, las llamas consumieron unos 5 mil kilómetros cuadrados desde la capital santafesina hasta Villa Constitución y Victoria, de un total de 19 mil 300 kilómetros cuadrados que abarcan los humedales paranaenses, según la ONG CeProNat. A principios de este año, investigadores, técnicos, y representantes de organizaciones sociales y ambientales participaron de una jornada convocada por las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente. En esa ocasión, reiteraron la necesidad de contar con una legislación adecuada. Cuando volver a debatir algún proyecto parecía una mera expresión de deseo, los incendios motivaron que se presentaran seis iniciativas.

Los proyectos presentados

Una de las iniciativas corresponde a la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo del Senado, Gladys González (PRO), en conjunto con los senadores de su bancada María Tapia y Esteban Bullrich. El resto son proyectos presentados en Diputados. Sus autores son Enrique Estévez (Partido Socialista); Graciela Camaño (Consenso Federal); Brenda Austin, Gustavo Menna y Ximena García (UCR); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Leonardo Grosso (Frente de todos), quien además es el titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Esta última comisión fue la que el miércoles pasado convocó a una primera sesión informativa en la que una treintena de organizaciones gubernamentales, ambientales, sociales y académicas compartieron preocupaciones y analizaron los aspectos principales a tener en cuenta para llegar a la tan esperada ley de humedales. “La idea es hacer reuniones semanales con productores, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones de la sociedad civil”, afirmó Grosso, quien aclaró que se harán todos los encuentros necesarios para que todos los actores interesados puedan participar.

“Las quemas del Delta son un disparador, pero el tema humedales es más amplio porque hay otros humedales que también están siendo drásticamente afectados, como los salares de altura por la extracción y exploración de litio, y los humedales costeros marítimos de Tierra del Fuego por el avance de las urbanizaciones”, explicó Rubén Quintana, director de Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Unsam en diálogo con TSS. El especialista, sin embargo, advirtió que “si bien el fuego tiene un efecto visual muy fuerte, en el Delta del Paraná hay otras prácticas, como los endicamientos, que también son perjudiciales y pueden pasar inadvertidos para las poblaciones urbanas”.

Durante la sesión informativa, el especialista en ambiente Julián Monkes coincidió con esta idea: “El Delta es solo la punta del iceberg”. Monkes recordó que los humedales son sistemas heterogéneos que pueden encontrarse desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y señaló que una de las cuestiones principales es la definición de humedal que deberá incluir la futura ley. Lo que determinará qué territorios quedarán alcanzados en un futuro inventario nacional. Otros temas que generan preocupación son el ordenamiento territorial y el presupuesto a destinar para la protección de estas regiones ecosistémicas.

“Lo sensato es adoptar la definición consensuada en la que participaron expertos de todo el país. La definición de Ramsar (1) es una mera enumeración de tipos de humedales, y por eso no es suficiente para conceptualizar estos ecosistemas a los efectos de que la ley sea operativa”, afirmó Elba Stansich, asesora en agua y ordenamiento territorial del Círculo de Políticas Ambientales (2) durante la sesión informativa. Stansich consideró que el ordenamiento territorial debería ser participativo, con sectores académicos, productivos, comunidades locales y la sociedad civil. La especialista agregó que la norma nacional obligará al debate en las legislaturas provinciales. “La ley también debería explicitar criterios de sostenibilidad ambiental y de conservación. Si el ordenamiento territorial se deja librado a cada jurisdicción corremos el riesgo de que sea desordenado e incoherente”, advirtió.

La definición consensuada a la que hace referencia Stansich fue acordada por la comunidad científica nacional y luego adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente en 2016. En ella se entiende por humedal un “ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos” y cuyos “rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. Los sitios Ramsar, en cambio, conforman un listado de tipos de humedales adheridos a esa convención internacional.

Javier García Espilm, abogado y ex director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la gestión de Sergio Bergman, coincidió en adoptar la definición de humedal consensuada en 2016 para la realización del inventario, pero advirtió que hasta que el ordenamiento territorial y el inventario no estén concluidos será necesario “ser muy precavidos con las actividades que se habiliten”. Se refirió, además, a la necesidad de que la discusión presupuestaria no quede en una cuestión de porcentajes. “Es fundamental que se asignen los recursos en forma apropiada para que la aplicación de la norma fortalezca las capacidades locales y, sobre todo, para incentivar usos responsables del territorio que sean rentables y se apoyen en prácticas productivas alternativas, como la agroecología, la apicultura y otras que hoy son fuente de ingresos de pequeños productores locales”.

Aníbal Faccendini, director de la Cátedra Agua de la Universidad Nacional de Rosario y del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua, enfatizó la idea de que los humedales son bienes comunes y que “hablar de humedales es hablar de agua”. Faccendini afirmó que los humedales “no deberían ser considerados como mercancías” y puntualizó que para poder avanzar en una ley “efectiva y práctica” se necesitan tres instrumentos: personería jurídica, ley de presupuestos mínimos y jurisdicción conjunta sobre los humedales.

La ganadería de isla

Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco. Los hay de agua dulce y también de agua salada. Se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna, como las denominadas zonas periglaciares, que también constituyen un tipo de humedal. Los del Delta del Paraná tiene una complejidad propia por la heterogeneidad de sus geoformas y los pulsos del río, que alternan períodos de inundación y sequía. “Es una región con un origen interesante. Hace 4500 años fue un gran golfo marino. Cuando el mar se fue retirando, fue dejando geoformas que son típicas marinas, como la presencia de dunas, y cuando el mar se fue avanzó el rio, que también trabajó sobre toda la región”, explicó Quintana.

En estos humedales, la producción ganadera es una actividad sumamente extendida y tradicional que data de los principios de la colonización. A fines del siglo XVI, Hernandarias introdujo los primeros trescientos ejemplares de bovinos y hay registros de traslado de ganado entre las islas y la zona continental que datan del siglo XVIII. “La ganadería tradicional del Delta, que se llamaba de isla y todavía se practica en algunas zonas, consiste en introducir las vacas en una época de aguas bajas para dejarlas dejas pastorear y retirarlas cuando llega la época de inundación”, recordó Quintana.

La práctica, sin embargo, cambio drásticamente en los años ‘90 con el auge de la soja en la región pampeana. Eso provocó el desplazamiento de la ganadería a zonas marginales para la agricultura. “Una de las zonas que se llenó de vacas fue el Delta. Pasó de tener 160 mil cabezas en 1997 a casi 2 millones en 2007. Ahora son menos, pero muchas más que en esa época”, apuntó el especialista, quien además es presidente de la Fundación Humedales Argentina.

“Los humedales son lugares buenos para hacer ganadería. El problema es que se importó al Delta, y a los humedales en general, un sistema inadecuado. Cada zona debería tener una explotación productiva acorde a sus características”, señaló Quintana. Su lectura advierte que los sistemas intensivos y de mayor envergadura en infraestructura son más costosos y no pueden implementarlos cualquier tipo de productor. “En general, los ganaderos del Delta dicen que si tuvieran dinero harían diques, porque tienen esta idea. Hay que demostrarles que podrían tener un sistema mucho más amigable con el ambiente y que ese modelo también les permitiría obtener mayores ingresos mediante una producción que no sea de subsistencia”, afirmó.

Sin embargo, la ganadería no es la única actividad productiva en el Delta. También se desarrollan otras igualmente importantes, como la forestal, la apicultura y la pesca comercial y artesanal, a las que se suman el turismo y las actividades recreativas y deportivas, sin dejar de lado muchas actividades de subsistencia. “Hay comunidades y pobladores en el Delta que deben estar sufriendo por los incendios. Escuché que se quemaron colmenas de pequeños productores. Que a un productor apícola se le quemen las colmenas es como dejarlo en la calle”, se lamentó Quintana.

Todas estas dinámicas e intereses se entrecruzan en buena parte de los humedales e impactan tanto en el debate como en la implementación de una futura ley que regule las actividades y preserve estos ecosistemas. “La política de conservación no entra en contradicción con la productiva. Sí con aquellas que no se hacen en un marco de sustentabilidad”, consideró Monkes durante el debate. Su visión apunta a que la ley debería buscar la conservación de algunas áreas sensibles, pero sobre todo intentar planificar la producción en base a las funciones ecosistémicas, así como a las prácticas culturales y productivas de cada zona. “¿De qué nos sirve tener una ley perfecta, si no vamos a contar con el apoyo de los actores del territorio para que se cumpla?”, se preguntó Monkes.

Iniciativas presentadas

En Senadores: Gladys González, María Tapia y Esteban Bullrich (PRO). Expediente S-1564/2020.

En Diputados: Enrique Estévez (Partido Socialista) / Expediente 3634-D-2020). Graciela Camaño (Consenso Federal) / Expediente 3757-D-2020. Brenda Austin, Gustavo Menna y Ximena García (UCR) / Expediente 3804-D-2020. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) / Expediente 3821-D-2020). Leonardo Grosso (Frente de todos) / Expediente 3819-D-2020.

Notas

(1) La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.

(2) El Círculo de Políticas Ambientales elaboró un informe que compara los proyectos legislativos  y que está disponible en http://circulodepoliticasambientales.org/assets/pdf/CPA-Informe-Humedales-comparativa-Agosto-2020_2.pdf

Fuente: TSS.

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