Allanamiento a la medida de Benetton

La denuncia de la estancia de Benetton por supuesta sustracción de animales, fue el justificativo para que la Justicia ordenara un allanamiento en la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Unos 400 policías ingresaron al territorio, precintaron durante horas a los habitantes y se llevaron caballos de la comunidad. El pedido del fiscal, con la letra del magnate italiano.

Un día después que se cumplieran los seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado -posteriormente encontrado muerto en el río Chubut-, las fuerzas de seguridad volvieron a ingresar violentamente en la comunidad en Resistencia Cushamen. Por orden de una jueza penal y a pedido de un fiscal provincial, la policía de Chubut irrumpió este viernes en la pu lof, precintó durante horas a los habitantes, inspeccionó viviendas, y se llevó caballos pertenecientes a la comunidad mapuche. Todo a pedido de la empresa Compañía de Tierras del Sud, dueña de la estancia Leleque, cuyo propietario es Luciano Benetton.

El capataz de esa estancia, Ronald Mac Donald (SIC), había denunciado que a fines de septiembre pasado, desconocidos cortaron un alambre y se robaron dos toros (uno de los cuales fue encontrado). Entre los últimos días de 2017 y los primeros de este año habría sucedido lo mismo con 41 ovejas. Dijo que sospechaba de los integrantes de la pu lof en Resistencia Cushamen y de los de la comunidad Vuelta del Río, que también fue allanada este viernes.

Al finalizar la feria, el Poder Judicial de Chubut se apresuró a cumplir con el reclamo de los representantes de Benetton y ordenó la diligencia, que se realizó de forma violenta.

Los integrantes de la comunidad y su red de apoyo, denunciaron que durante casi tres horas un grupo de mapuches estuvieron precintados, que no los dejaron ir al baño, que revisaron todas sus pertenencias, y que en camiones privados de la empresa Compañía de Tierras del Sud, los uniformados se llevaron caballos pertenecientes a la pu lof.

El despliegue policial incluyó unos 400 efectivos; el corte de la ruta 40 para impedir el acceso a abogados, periodistas o referentes de derechos humanos; y una decena de móviles policiales y otros vehículos no identificados y sin patente. El pedido para la realización de la medida fue hecho por el fiscal Carlos Díaz Mayer y ordenado por la Jueza Penal Graciela Rodríguez.

Como consecuencia del accionar policial y tras permanecer unas tres horas precintada, Vanesa Millañanco se descompensó y debió ser trasladada al hospital de El Maitén. Tras unas horas se recuperó y fue dada de alta.

Más allá de la violencia que hayan podido ejercer los miembros de la policía de Chubut, los uniformados cumplieron a rajatabla con la orden judicial, que en uno de sus escandalosos párrafos, señala “el interés del registro del o los ‘puestos de control’ y las viviendas o construcciones existentes (…) a los fines de neutralizar eventuales agresiones hacia los uniformados”. En ese contexto solicitó “proceder a la identificación de las personas; requisas personales ante la posibilidad que oculten armas y secuestrar los calzados” de los integrantes de la comunidad “cuyas improntas coincidan con las huellas y fotografiadas del lugar por donde se habrían arriado los animales sustraídos”.

Sobre los mapuches, el Fiscal indicó que “este grupo de sujetos, es avezado en el manejo y uso de ‘gomeras u ondas de revoleo’, con los que arrojan piedras”. En el repaso de los “enfrentamientos” de los últimos meses, Díaz Mayer evita toda referencia a las lesiones producidas a integrantes de la comunidad por balas de goma de la policía -por ejemplo en enero de 2017-, y a cualquier otro hecho del que hubiesen sido víctimas los mapuches. Tampoco dice nada de la irrupción de Gendarmería el 1 de agosto de 2017, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

En cambio, enumera que “el choque de las piedras (arrojadas por los mapuches), ha roto cascos y provocado diferentes tipos de lesiones en los uniformados y en los móviles”.

Dos carillas y media dedicó el fiscal a argumentar a favor de la presencia y participación del operativo del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) y de Infantería.

El Fiscal Díaz Mayer aprovechó la denuncia de Ronald Mac Donald (SIC) para reclamar también el secuestro de armas de fuego (si existiesen) y “constatar si existe algún sitio utilizado para la práctica de tiro”. Es decir, obtenido el justificativo para la intrusión en el territorio, aprovechar para buscar cualquier elemento que pueda servir a los intereses del privado y el Estado en la disputa con la comunidad.

Sin embargo, fuentes con acceso al expediente iniciado por la denuncia aseguraron a Socompa, que no se produjo ningún secuestro de los elementos esbozados por el Fiscal y avalados por la juez.

Este medio pudo constatar que el texto de la denuncia original del capataz de la estancia Leleque fue copiado textualmente por el Fiscal Díaz Mayer para justificar su pedido de allanamiento. De hecho, en la orden judicial se menciona de manera permanente al territorio como área “usurpada”, a pesar que no está cerrado el litigio judicial de fondo relacionado con la propiedad originaria de la tierra.

A través de una cadena de whatsapp, los grupos de apoyo a la pu lof denunciaron “este nuevo atropello a Pu Lof Resistencia Cushamen como totalmente ilegal debido a que no se contó con testigos del procedimiento, es decir que las fuerzas represivas hicieron lo que quisieron durante el tiempo que estuvieron dentro de Pu Lof”.

Además, no descartaron que “puedan generar algún tipo de montaje para culpar a los miembros de la comunidad a través de implantar falsas pruebas debido a que ya es sabido que las ordenes las da el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, la cual junto a todo el Gobierno nacional a la cabeza del presidente Mauricio Macri han lanzado una verdadera caceria contra el pueblo Mapuche y una campaña mediática de difamación verdaderamente sin escrúpulos”.