Una semana a puros palos, del verdurazo al cuadernazo, una muestra de que el Gobierno de la Ciudad tiene fobia a la protesta social y está dispuesto a lo que sea para terminar con ella.. Y pone en marcha además de operativos policiales una trama jurídica sin asidero destinada a causar miedo. Escribe el abogado de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina).
El mero recuento de los hechos del miércoles 20 de febrero es una muestra cabal de la encerrona en la que la furia punitiva del gobierno de la Ciudad ha puesto no solo a los vecinos, sino a sus instituciones y a su propia política.
El gobierno mandó a más de un centenar de policías a apalear a menos de cuarenta cooperativistas gráficos -cuya única intención era repartir cuadernos- para impedir que su presencia enturbiara el Sueño de la Ciudad Impoluta. La policía terminó cerrando las avenidas que intentaba dejar libres al tránsito, golpeó injustificadamente a manifestantes y a sus familias, apaleó y puso presos a dos periodistas, un trabajador y un estudiante de teatro, y para intentar disimularlo usó dispendiosamente de la justicia, para que se encargara de diluir su torpeza.
La semana anterior, con el Verdurazo de Constitución, transformó un conflicto que podría haber solucionado con un patrullero y un inspector de bromatología en una represión salvaje y un papelón mediático. Les va a costar que se olviden de la anciana recogiendo berenjenas desparramadas por el suelo por su policía brava. Verduras y cuadernos gratis para denunciar consecuencias de la política económica de este gobierno. Una síntesis insuperable que el gobierno se encargó de amplificar.
Quiso la mala suerte o la memoria rencorosa de la policía que el autor de la fotografía que desnudó la esencia de este gobierno casi como ninguna otra, fuera también protagonista involuntario del Cuadernazo. A la vista de todo el mundo este fotógrafo fue perseguido, aporreado y esposado, de modo injustificado y como una vindicta personal de un policía fuera de sí, que no solo no es contenido por sus jefes y colegas, sino que es sucesivamente ayudado, justificado y protegido.
Finalmente, el gobierno no encuentra nada mejor que acusarlo al periodista, y a quienes intentaron ayudarlo, de haber protagonizado un atentado a la autoridad. ¿Qué autoridad? ¿La que impide el ejercicio de derechos de tutela constitucional, usando una fuerza desproporcionada, irracional e injustificada?
Entre los dos fotógrafos presos suman más de medio siglo de fotoperiodismo profesional. El costo de sus equipos suma miles de dólares, de costosa reposición. Acusar formalmente que ambos acudieron a la marcha del Cuadernazo, no a cubrirla profesionalmente, sino para utilizar sus cámaras fotográficas como armas arrojadizas, quién sabe con qué intenciones, es tomarnos por tontos. Pero, claro, en realidad nos tratan como a tontos todos los días.
La insistencia en el error de los más altos responsables del gobierno casi produce hilaridad, sino resultara extremadamente peligrosa. Permitieron que la detención arbitraria, vengativa e ilegal se sostuviera en el tiempo; alentaron la confección de un sumario que hace agua por los cuatro costados de la verdad; avalaron que lo que fue una golpiza policial se transformara en la imputación de delitos de imposible sostenimiento; y obligaron a un desbordado poder judicial de la Ciudad a dedicar una decena de funcionarios para atender la emergencia y tratar de diluir el daño.
El resultado es un juicio destinado a la misma suerte que el largo centenar que ya ha seguido el mismo destino durante los últimos años de persecución judicial a la protesta social: la nulidad, el archivo, el olvido. Mientras tanto, el efecto general es el envilecimiento de la policía, el descrédito de la justicia, la puesta en duda de su independencia, y un daño perdurable a las instituciones.
Como un ama de casa desbordada por su afán de pulcritud, el gobierno barre bajo la superficie de la Ciudad todo cuanto perturbe a sus vecinos idiotizados por el marketing. No importa si por el sumidero se escurre también la verdad, la democracia y el estado de derecho.