Gerardo Morales y su aliada, la justicia jujeña, no descansan ni siquiera en las fiestas. Trabajadores que se oponen a despidos y que reclaman por sus salarios fueron reprimidos por la policía provincial, además de la orden de captura para dos dirigentes sindicales y el encarcelamiento de manifestantes.

Dos horas antes de que las campanas marcaran la medianoche del domingo, fueron liberados 21 de los 25 detenidos el miércoles en la represión de la protesta de los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Ellos pasaron la Nochebuena con sus familias y también con las de sus cuatro compañeros que siguen presos. Fue en la Plaza de los Agricultores de San Pedro de Jujuy, donde se armó el acampe por la liberación de los que permanecen detenidos y, sobre todo, por el rechazo de los más de 300 despidos anunciados en el marco de la venta de la empresa.

El próximo 16 de enero se cumplirán dos años de la detención de Milagro Sala. Desde que el gobierno de Gerardo Morales llevó adelante su plan de desguace de las cooperativas y organizaciones sociales e impulsó las numerosas causas que siguen abiertas en contra de la dirigente de la Tupac Amaru y ex funcionarios provinciales, se ha dicho una y otra vez que Jujuy se había constituido en un laboratorio, un ensayo provincial de un plan mayor que se extendería a todo el país.

Dos años después, esa hipótesis se confirma y se refuerza día a día. Y Jujuy sigue estando a la vanguardia de las arbitrariedades y persecuciones. Un conflicto gremial de larga data y grandes proporciones, por la cantidad de trabajadores que involucra y la relevancia de la actividad productiva de que se trata, termina con balas de goma, gases, cachiporrazos, golpes y patadas. Y con la conducción del sindicato entre rejas, abriendo la puerta a una intervención que deslegitimaría toda posible acción gremial futura.

 

El domingo víspera de Navidad culminó una semana en la que los medios nacionales volvieron a ocuparse de esta provincia. Tras dos días de protesta, el miércoles la policía reprimió a trabajadores del Ingenio La Esperanza que cortaban la Ruta 34 en el acceso a la ciudad de San Pedro de Jujuy. ¿El reclamo? Sueldos adeudados, incertidumbre sobre si cobrarían (y cuándo) el aguinaldo y, sobre todo, el rechazo a los más de 300 despidos que están en marcha en el proceso de venta del ingenio al colombiano Grupo Omega, que según dicen solo está dispuesto a comprarlo con 600 de los casi mil trabajadores.

La represión terminó con 27 detenciones, 23 hombres y cuatro mujeres. Algunas horas después se entregaron el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio (SOEA) La Esperanza, Sergio Juárez, y el adjunto, Néstor Bautista, tras conocerse que se había librado una orden de captura en su contra. Bautista dijo: “El gobernador Morales nos calificó de delincuentes y como nosotros no somos ningunos delincuentes hemos decidido entregarnos a la Justicia, porque ahora resulta que somos delincuentes por defender nuestra fuente de trabajo”.

Como en la ciudad de San Pedro no tenían lugar para ubicarlos, trasladaron a todos a San Salvador de Jujuy. A ellas las alojaron en una comisaría del barrio Ciudad de Nieva. A ellos, en la Unidad 7 del penal de Alto Comedero, el mismo donde estuvo Milagro Sala y donde permanecen sus cuatro compañeras de la Tupac.

 

A las mujeres las liberaron el viernes, luego de una reunión que mantuvieron representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y políticas que integran la Coordinadora contra el Ajuste y la Represión con el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, y el secretario de Seguridad de la provincia, Miguel Singh. En esa misma reunión, Lello les dijo que los hombres serían trasladados a San Pedro de Jujuy para hacerles conocer la imputación. Pero eso no ocurrió. El fiscal general dijo entonces que se iba a ocupar de ver “caso por caso” y que recién resolvería el martes.

En San Pedro se organizó una marcha ese mismo viernes para exigir la libertad de los trabajadores, y familiares de los detenidos iniciaron el sábado a la mañana un acampe frente al edificio del Centro Judicial de esa ciudad.

 

En tanto, abogados presentaron un habeas corpus; organizaciones como el CELS, Amnesty Internacional, Andhes y el Ceprodh enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la CTA Autónoma hizo lo propio ante la Oficina Internacional del Trabajo. En este último caso, por la detención de Juárez y Bautista, considerados los “cabecillas de una acción destinada a provocar conmoción pública”, según definió Lello.

“Denunciamos que los obreros además de estar privados de su libertad fueron salvajemente golpeados durante la represión policial el día miércoles 20 y luego en las comisarías de San Pedro y en la localidad de La Mendieta, donde además los obligaron a firmar, sin orden de un juez, una imputación en su contra”, afirmaron en un comunicado los familiares de los trabajadores detenidos.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy, H.I.J.O.S. Jujuy, la Asamblea Feminista de Jujuy, ATE Jujuy, la Corriente Clasista y Combativa, el Sindicato de Obreros Curtidores, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), el Frente Unidos y Organizados (Fuyo) y otras numerosas organizaciones emitieron sus comunicados de rechazo, y coincidieron en advertir la existencia de una suerte de estado policial, con persecución de colectivos sociales y sindicales, con la anuencia además de un Poder Judicial que actúa de la mano del Poder Ejecutivo.

 

Con el acampe instalado en San Pedro y una ruidosa protesta en la peatonal de San Salvador de Jujuy, la consigna “Navidad sin presos políticos” ganó las calles y las redes. Un siniestro deja vu se apoderó de muchos cuando se supo que los presos estaban lastimados, que no les estaban dando la atención necesaria, que el traslado desde San Pedro del miércoles se había hecho en la madrugada, en la caja de un camión sin identificación, todos esposados y tabicados. Cuentan que dieron muchas vueltas, que no sabían dónde estaban. “Creí que nos iban a desaparecer; me acordé de la Noche del Apagón y pensé que nos iban a desaparecer”, contó luego uno de los detenidos mayores.

Finalmente, el domingo a la tarde se supo que serían liberados casi todos. Además de Juárez y Bautista, quedaron en el penal el periodista Oscar Delgado y el joven Roberto Molina. Delgado milita en el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes (Capoma), una organización de derechos humanos que memora a la militante y esposa del desaparecido intendente de Libertador Gral. San Martín, Luis Aredes, e integra la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Roberto Molina cayó preso porque había ido al corte a buscar a su papá Hugo, que está entre los liberados.

La mayoría de los detenidos son hombres grandes, que pasan largamente los 50 años. Son además obreros azucareros, curtidos, castigados físicamente por el trabajo duro. Hugo Molina, de 57, es sordo, por eso su hijo fue a buscarlo apenas empezaron las corridas en la ruta. Benedicto Arroyo, de 54, sufre de artritis, y contó Delgado que en medio de la represión cayó al suelo y recibió tantos golpes y patadas de parte de los azules que casi no podía mantenerse en pie en la caja del camión en el que los llevaron a San Salvador.

“Todo el país vio cuando se llevaron a esa chica en Buenos Aires, cómo la manosearon, y si eso pasa a la vista de todo el mundo, imagínese lo que puede pasar a la vista de nadie”, dijo Delgado desde el penal en una conversación telefónica con Socompa.

“Salen los que son mayores y tienen problemas de salud”, informó el domingo Sergio Lello. Lo que pudo haber sonado como un gesto de humanidad se transformó en una muestra de cinismo al palo: los detenidos salieron del penal en la misma caja del mismo camión con que los habían llevado el miércoles a la noche.